viernes, 7 febrero 2025
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AlertaVenezuela: La sociedad civil reta al gobierno ante el Consejo de Derechos Humanos

La iniciativa analiza las contribuciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil al tercer ciclo del Examen Periódico Universal sobre Venezuela de las Naciones Unidas, en donde se evaluarán los expedientes de derechos humanos del país.

AlertaVenezuela publicó un análisis sobre las contribuciones de las Organizaciones de Sociedad Civil (OSC) al tercer ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) sobre Venezuela a realizar el próximo 25 de enero.

El EPU es un proceso de evaluación de los expedientes de derechos humanos de todos los Estados miembros de las Naciones Unidas.

AlertaVenezuela detalla que su estudio se enfoca en el resumen de las comunicaciones de las partes interesadas, donde se recogen las contribuciones de la sociedad civil y de la Defensoría del Pueblo, y que es uno de los insumos principales a tomar en cuenta en el EPU.

Indican que para este periodo hubo un total de 174 contribuciones (entre individuales y conjuntas), que contrasta con las 519 presentadas en el segundo ciclo y las 579 del primer ciclo. Explican que la diferencia en el número de contribuciones del tercer ciclo con respecto a los dos anteriores se debe una caída muy significativa de participaciones por parte de organizaciones vinculadas al gobierno, tanto dentro como fuera del país.

Mientras que en los dos primeros ciclos las organizaciones pro gobierno representaban cerca de dos tercios de las contribuciones, en esta ocasión solo alcanzan a 16%.

Argumentan que durante el primer ciclo el gobierno logró alinear a una cantidad de organizaciones que, si bien no tienen como función principal la defensa y promoción de los derechos humanos, son o eran fieles voceras de la propaganda oficial, como es el caso de los consejos comunales (más de 250 contribuciones en el primer ciclo) y las mesas de agua (71 contribuciones en el segundo ciclo).

Igualmente señalan que hubo cerca de 150 contribuciones individuales de otros países por parte de organizaciones claramente alineadas con el gobierno. Destacan que en el primer ciclo hubo unas 100 organizaciones de Bolivia que enviaron contribuciones individuales sobre Venezuela y otras cuantas contribuciones conjuntas, mientras que el número total de contribuciones al EPU de Bolivia para ese mismo ciclo fue de 7 individuales y tras 7 conjuntas. Ninguna organización boliviana envió contribuciones para el tercer ciclo de Venezuela. Cuba, cuyas organizaciones habían enviado al menos 20 contribuciones individuales para el primer ciclo de Venezuela, no envió ninguna contribución para el tercer ciclo.

Otras cifras que marcan una diferencia, de acuerdo al análisis de AlertaVenezuela, son las de contribuciones conjuntas, es decir, aquellas, remitidas por más de una organización sobre temas de común interés. Mientras en el segundo ciclo hubo 41 contribuciones conjuntas, de las cuales 9 eran de organizaciones oficialistas, en el actual ciclo se presentaron 80 contribuciones conjuntas, de las cuales solo 3 son pro gobierno (dos nacionales y una internacional). Se observa así un aumento de contribuciones conjuntas en general y una caída de la participación de coaliciones oficialistas.

En cuanto a la participación de organizaciones de otros países, también se observa una caída. Mencionan que, de 77 contribuciones individuales extranjeras en 2016, se llegó a este ciclo a 9 contribuciones, solo una de las cuales fue de una organización favorable al gobierno. De nuevo, la caída obedece principalmente a la ausencia casi absoluta de contribuciones simpatizantes con el régimen.

“Este ciclo se caracteriza entonces por una fuerte caída de organizaciones pro gobierno y un valioso avance en contribuciones independientes en coalición, lo que habla de una mayor articulación de las OSC, a pesar de las adversas condiciones en las que les ha tocado trabajar en los últimos años”, precisa AlertaVenezuela.

Asimismo, también destacan la ausencia de contribución de la CIDH. Aunque la información obtenida indica que no se trató de una omisión deliberada, resulta una ausencia desafortunada. Además resaltan que por primera vez la Defensoría del Pueblo participa con un informe sin contar con el reconocimiento como institución independiente. Esta ausencia de independencia es señalada en la descripción que hace la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre el perfil de la institución.

Crisis, ejecuciones y derechos sociales 

Para AlertaVenezuela, las contribuciones de las OSC reflejan tres grandes bloques. En primer lugar mencionan a los temas que habían sido advertidos en el segundo ciclo y que cobran una fuerte presencia en este ciclo, como es el caso de la emergencia humanitaria compleja, la crisis de movilidad humana y el acelerado deterioro de la institucionalidad democrática, con la desaparición del Estado de Derecho.

En segundo término, tendencias que comenzaban a asomarse en el segundo ciclo, aparecen consolidadas de una manera alarmante, como es el caso del crecimiento exponencial en las cifras de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones y detenciones arbitrarias, así como el paso de un patrón de tortura que ya no es solo generalizado, sino también sistemático.

Por último, las contribuciones brindan importantes insumos sobre el alarmante estado de derechos sociales y sobre el incumplimiento de compromisos internacionales por parte del gobierno.

Las organizaciones consideran que los datos duros en estas áreas permitirán que la comunidad internacional “no caiga en la trampa de lo que seguramente será el discurso oficial que pretenderá, por una parte, presentar las sanciones como la única explicación para el fuerte deterioro del bienestar de la población y, por otra parte, aparentar cumplimiento de compromisos mostrando la presencia de la Oacnudh en Venezuela como una expresión de buena voluntad. Ambos discursos son falsos y los aportes de las OSC así lo evidencian”. (Con información de AlertaVenezuela)

 

Sobre AlertaVenezuela

 AlertaVenezuela surge como una propuesta de cinco organizaciones venezolanas de derechos humanos, que se constituyeron como grupo promotor: Acceso a la Justicia, Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Civilis Derechos Humanos, Coalición de Organizaciones por el Derecho a la Salud y la Vida (Codevida), y Espacio Público.

Se trata de una iniciativa de información y análisis que alimenta de manera regular y estratégica a las instancias internacionales de decisión política, desde una perspectiva de derechos, a partir de la información generada por las organizaciones aliadas en Venezuela y otras de producción propia.

La coordinación general del proyecto está a cargo de la especialista en derechos humanos Ligia Bolívar, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Fellow en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Dejusticia, en Bogotá, Colombia.

Aunque la labor de AlertaVenezuela se centra en dos ejes, a saber, derechos humanos y asistencia humanitaria, sus áreas de trabajo incluyen también crisis institucional, justicia penal internacional y violencia y delincuencia organizada, ya que estas tienen efectos en la situación de los dos ejes mencionados.