Alerta Venezuela, equipo de análisis e incidencia internacional en derechos humanos, señaló que Nicolás Maduro aplica el mecanismo de la puerta giratoria en su relación con instancias internacionales.
“Que Maduro acepte el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh) a Venezuela a escasos días de la presentación de un informe en el que el alto comisionado Türk debe dar cuenta sobre (in)cumplimiento del país a las recomendaciones del sistema de derechos humanos de la ONU, no parece casual”, indicó la organización en un análisis publicado este 5 de diciembre.
De esta manera, desde Alerta Venezuela señalaron que la referida situación y la aceptación de una misión técnica de la Corte Penal Internacional (CPI), “más la realización de una reunión en las islas del Rosario en Colombia entre altos funcionarios de la administración de Gustavo Petro y el ministro de la Defensa de Venezuela, general en jefe Vladimir Padrino López, y los acercamientos desesperados hacia la nueva administración de EE UU, son elementos que apuntan a una normalización a través de la internacionalización de la puerta giratoria, por donde Maduro permite o impide el paso de organismos internacionales y gobiernos, según su conveniencia”.
Desde Alerta Venezuela aseveraron que “si los gobiernos y los organismos internacionales se dejan atrapar por el discurso de la normalización, el 10 de enero puede venirse sobre ellos como una bofetada, pues Maduro hará lo que sea por mantenerse en el poder, incluso jugar a la puerta giratoria”.
En este sentido, advirtieron que “el robo de la elección presidencial sigue y no se puede normalizar. La ilusión de normalización que se vende hacia afuera contrasta con el garrote que mantiene en casa, tal como acaba de suceder en la última semana de noviembre con la aprobación de la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y por la Defensa de Venezuela, que establece hasta 30 años de cárcel e inhabilitación para ejercer cargos públicos hasta por 60 años contra quienes manifiesten apoyo a las medidas coercitivas unilaterales, sin distinguir entre sanciones individuales y genéricas”.
En el análisis se indicó también que la citada ley fue sancionada por la Asamblea Nacional (AN) de 2020 de manera exprés, “como suele suceder con este tipo de instrumentos, incurre en el mismo tipo de conceptos amplios, vagos e indeterminados de otras leyes recientes que apuntan a restringir el espacio cívico, coartar la libre expresión y suprimir cualquier disidencia”.
