jueves, 29 febrero 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Alberto Arteaga: En Venezuela la denuncia se vuelve contra el denunciante

Mientras sigamos admitiendo la infausta frase de “políticos presos” y no “presos políticos”, no hay esperanzas de liberación de todos los encarcelados “por motivaciones políticas”.

Para el abogado penalista Alberto Arteaga el actual caos del sistema judicial es el resultado de la reforma que decretó el régimen en 2021. Dice que la justicia abrió el camino a los gestores y maniató a quienes luchan con las armas de la ley, al punto de que da miedo demandar. Sin embargo, afirma que, entre el marasmo, “hay verdaderos héroes que ponen en riesgo su vida y la de su familia”.

– El Foro Penal contabiliza 269 presos políticos en Venezuela, ¿hay esperanzas para su liberación?

– Mientras sigamos admitiendo la infausta frase de “políticos presos” y no “presos políticos”, no hay esperanzas de liberación de todos los encarcelados “por motivaciones políticas”.

– Esta ONG reporta 15 mil 777 “detenciones políticas” y más de 9 mil personas bajo medidas restrictivas, ¿cree usted que aumente esta tendencia?

– Efectivamente, no solo hay detenciones arbitrarias, sino excarcelados sometidos a medidas restrictivas de la libertad, en claro aumento.

– Entre los detenidos hay 150 militares, ¿son procesados estos uniformados por sus jueces naturales?

– En un nuevo sistema de justicia, deben desaparecer los “jueces militares”. Un juez no puede estar regido por los deberes específicos de obediencia, subordinación y disciplina. Los tribunales militares deberían conocer sólo de faltas de los militares activos.

– A una buena parte de los 222 detenidos políticos en Nicaragua se les despojó de su ciudadanía, ¿cree que el Gobierno venezolano, de similar tinte ideológico, siga este ejemplo?

– El despojo de la ciudadanía y el destierro son penas arcaicas, desconocedoras de los derechos humanos.

– ¿Se puede hablar hoy día de anarquía en el sistema judicial venezolano?

– El sistema judicial en Venezuela es un caos, según lo ha reconocido el propio gobierno al decretar su reforma en 2021.

¿Cuánto hay pa’ eso? 

– ¿Se exagera al decir que “en Venezuela la denuncia la recibe el delincuente”?

– En Venezuela, en muchos casos, la denuncia se vuelve contra el denunciante y, de allí, el temor a denunciar.

– ¿Cuánto vale un juez en este país?

– Ya en la época de la denominada Cuarta República un procurador declaró que “los autos de detención tenían un precio”. Un juez, entre nosotros, vale lo que pesa la ley y, en medio de todo, hay funcionarios judiciales, verdaderos héroes, que ponen en riesgo su vida y la de su familia.

– Aparte de la herencia democrática, ¿cuáles novedades criminalísticas afloraron durante los últimos 24 años?

– En los últimos 24 años, con lamentables evidencias del pasado, hemos sido testigos de una sociedad en la que la justicia ha dejado el camino abierto a los gestores y desalojado de su templo a quienes luchan con las armas de la ley.

– ¿El punto débil de la justicia en democracia?

– El punto débil ha sido la triste constatación de la negativa de los partidos a renunciar al control del Poder Judicial.

– ¿Terminará el Gobierno controlando a las ONG?

– Si las controla, serán OG (organizaciones gubernamentales) y el ciudadano perderá uno de los más valiosos instrumentos para la defensa de sus derechos ante los abusos del poder.

– ¿Existe un “populismo judicial” en Venezuela?

– Si por populismo judicial se entiende que todos somos iguales ante la ley, ¡bienvenido sea!; si ello significa colocarla al servicio de los intereses del gobierno bajo la apariencia de una justicia popular, ello equivale a la negación de la justicia.

– ¿Ha actuado el Ministerio Público apegado a la Constitución?

– Al Ministerio Público le corresponde ser garante de investigaciones imparciales y oportunas, pero ello no ocurre cuando hay un sesgo político.

Justicia para todos 

– ¿Por qué sigue preso Alex Saab mientras son liberados otros venezolanos con deudas judiciales en el exterior?

– Vemos con inaceptable indiferencia que se negocie con la libertad de los presos, sin atender a las exigencias de la justicia.

– ¿Qué queda del Estado de derecho?

– Una esperanza a la que no renunciamos.

– ¿Una indignación?

– La indignación ante el desconocimiento del Estado de Derecho y permanentes violaciones.

– ¿Una convicción?

– La convicción de la exigencia de su absoluto respeto.

– ¿Una alegría?

– La alegría de nuevas generaciones que siguen aspirando a una sociedad en la que impere la ley y la justicia.

– Como abogado penalista, ¿una autocrítica?

– Los penalistas hemos sido pasivos y no hemos reaccionado con adecuada fuerza ante las manipulaciones con la libertad, el bien más preciado después de la vida.

– ¿Entorpecen los poderes Ejecutivo y Legislativo la marcha de la justicia?

– La entorpecen el Ejecutivo, el Legislativo y las mafias que se mueven detrás de los órganos de administración de la justicia penal.

– ¿Quién gana en el juego de ladrones y policías?

– Cuando confundimos a los policías con los delincuentes una sociedad se encuentra disociada y en situación de extrema gravedad. No podemos dejar de reconocer que hay policías dignos que cumplen, con gran esfuerzo, su función.

– ¿El colmo de la impunidad?

– Que se sancione por cumplir la ley.

– ¿El crimen que más paga en Venezuela?

– La corrupción y la matraca que pagan dividendos y ello, sin reproche social.

 

De perfil

Alberto Arteaga Sánchez (1938) es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela (UCV), en 1965. En 1967 cursó estudios de Postgrado en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), donde se especializó en Derecho Penal. En 1973 culmina sus estudios de especialización en la Universidad Degli Studi Di Roma. Se ha desempeñado como profesor en el Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas de la máxima casa de estudios. Fue jefe del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas y jefe de la Cátedra de Derecho Penal, en 1979; miembro de la Delegación Venezolana ante la Conferencia especializada sobre la Extradición, organizada por la OEA, en 1981; decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, en 1984, reelecto para el período 1987-1990. Se ha destacado como ponente en diversos seminarios, cursos y conferencias. Es autor de obras jurídicas y artículos de opinión en materia jurídico-penal. Como individuo de número, ocupa un sillón en la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.