La concejala del municipio Caroní, Aída González, exige al alcalde Tito Oviedo “no continuar asfixiando a los guayaneses con las tarifas del nuevo sistema mixto de recolección de desechos sólidos”, y asegura que se violó la ley al no permitir que los ediles discutieran sobre la fijación de estas tasas, como lo establecen sus atribuciones.
González insiste en que la grave situación que vivía el municipio por el desbordamiento de basura fue alertada por los ediles de oposición, quienes en marzo de 2022 exigieron se decretara una emergencia sanitaria en Caroní ante la imposibilidad del burgomaestre de garantizar sus obligaciones en materia de recolección de desechos sólidos.
“La ciudad estaba abarrotada de basura, vertederos en todas las parroquias y en las avenidas. Nosotros le exigimos que se decretara una emergencia sanitaria. Aquí ni siquiera los hospitales y clínicas tenían donde botar sus desechos”, sin embargo explica la concejala, Oviedo se negó.
La edil recuerda a la ciudadanía que el alcalde es el único responsable de la situación que atraviesa el municipio en esta materia, y que es injusto que sean los ciudadanos y los comercios quienes deban pagar las consecuencias de sus fracasos.
González aclara que no fue la empresa privada Fospuca Bolívar la responsable de fijar los precios, sino la Alcaldía de Caroní mediante el decreto 008/2022, con precios anclados al petro, sin haber realizado un estudio social en cada parroquia, ni permitir a la Cámara Municipal debatir las tarifas.
“En Caroní todos los sectores deben ser considerados vulnerables. El pueblo sobrevive a sueldos de hambre, a Guayana la quebraron, no es culpa de los ciudadanos no poder pagar los servicios”, condenó González.
Aseguró que hay zonas como Los Bucares, en Unare, que pagan altas tarifas de aseo urbano, a pesar de que son viviendas de interés social y que en su mayoría son habitadas por personas de la tercera edad con bajos ingresos.
“El alcalde debe revisar las tarifas, estamos de acuerdo en que una empresa privada preste un servicio que la Alcaldía no pudo garantizar, pero se deben ajustar los precios a la realidad de las comunidades”, insistió.
Falta de transparencia
La concejala también se refirió a la falta de transparencia que maneja el Ayuntamiento para sus contrataciones y presupuestos.
Para González, la situación que vive hoy el municipio Caroní es resultado de no atender a tiempo una emergencia sanitaria que existía y que el alcalde no quiso reconocer a tiempo.
“La ciudad estaba repleta de basura, había una proliferación de enfermedades. Esto empezó a agudizar los problemas del municipio y es cuando en junio el alcalde toma la decisión de pedir a la Cámara Municipal un proceso de licitación que fue aprobado y donde solo participó la empresa Fospuca”.
Añade que lo que el municipio necesitaba era un proceso de licitación y contratación amplio y público, en el que participaran todos los factores que hacen vida en el municipio, la ciudadanía y los comercios, pero esto nunca se hizo.
También destaca que la compañía que licitara debía presentar el proyecto del servicio que iba a ofrecer ante el Concejo Municipal: “eso nunca se dio, incluyendo las tasas y tarifas que tenían que haber sido mostrada a los concejales”.
Recuerda, además, que desde hace más de cinco años no se establece un Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), que permita conocer la realidad que vive en cada parroquia y que se puedan destinar de forma justa los fondos del municipio para resolver los principales problemas que padece la población en cada sector. (Prensa AD Bolívar)
