lunes, 26 febrero 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

AI denuncia persistencia de políticas arbitrarias del Estado venezolano durante la pandemia

El informe anual 2020 – 2021 de Amnistía Internacional enfatiza que la situación generada por la COVID-19 profundizó la crisis de derechos humanos que atraviesa Venezuela. | Foto William Urdaneta

@mlclisanchez

La organización Amnistía Internacional (AI) en su informe anual 2020 – 2021 denunció que en Venezuela persisten las violaciones sistemáticas de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales. Situación que se agravó durante la alarma sanitaria por la pandemia de COVID-19.

En este período, el Estado venezolano arremetió contra quienes criticaban las políticas públicas –arbitrarias– implementadas para el manejo de la pandemia en el país.

Profesionales como periodistas, personal sanitario y activistas políticos fueron sometidos a medidas represivas como la criminalización, detenciones arbitrarias y juicios injustos por oponerse a las medidas autoritarias y erráticas para el control de la pandemia, denunció la organización.

12 profesionales de la salud que criticaron públicamente la respuesta del gobierno a la pandemia sufrieron detenciones breves y restricciones.

AI señaló que durante el año hubo una constante recepción de informes sobre casos de tortura, otros malos tratos y desapariciones forzadas y reseñó la estigmatización e incluso detención arbitraria a la que tuvieron que enfrentarse defensores de derechos humanos y activistas y voluntarios de organizaciones que ofrecen ayuda humanitaria, como Azul en Positivo y Convite.

Hasta octubre de 2020, Foro Penal registró 413 arrestos arbitrarios por motivos políticos, “este tipo de detenciones había aumentado tras la declaración en marzo del estado de alarma en respuesta a la pandemia de COVID-19”, sostiene AI.

La pandemia se utilizó como excusa para restringir la notificación de las detenciones. La organización reportó que las familias de personas apresadas tienen que con frecuencia recurrir a información no oficial para atisbar el paradero de su pariente. La alarma sanitaria en el país dejó en el limbo a quienes esperan justicia tras la paralización de los tribunales y del Ministerio Público.

También enfatizó la gravedad con la que los migrantes venezolanos que regresaron al país fueron –y siguen siendo– expuestos deliberadamente al contagio por COVID-19 al ser recluidos a la fuerza en albergues en donde no se les garantizaba el acceso digno a alimentación, agua, saneamiento e higiene.

La organización suscribió los resultados de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los hechos en Venezuela, pues determinó que en el país se cometen crímenes de lesa humanidad desde 2014 ordenados por el presidente Nicolás Maduro y funcionarios militares.

En septiembre de 2020, la misión de la ONU instó a la Corte Penal Internacional a hacer justicia por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, investigó 223 casos de ejecuciones extrajudiciales, represiones, desapariciones forzadas, torturas y detenciones por motivos políticos.

Mientras, los resultados de la misión con sus actualizaciones orales fueron tildados por el régimen como un circo mediático que usa a los derechos humanos para oponerse a la hegemonía de los países.

Continúan llegando informes a la organización sobre el uso de la tortura por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) para obtener confesiones o declaraciones incriminatorias. Entre las formas de tortura se implementan la asfixia, descargas eléctricas, abuso sexual y palizas. Los casos no recibieron más que impunidad por parte del régimen.

Represión de la disidencia

La organización señaló que las políticas represivas para sofocar a la disidencia y ejercer control sobre la población se intensificaron. El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social contabilizó hasta noviembre más de 9 mil protestas por la debacle de los servicios públicos, falta de atención médica durante la pandemia, salarios de hambre y la exigencia de la entrada del programa mundial de alimentos.

Funcionarios de cuerpos militares y policiales arremetieron contra al menos 402 de estas protestas, seis manifestantes murieron y hubo 149 heridos.

El Gobierno nacional también arremetió contra trabajadores de la prensa. Espacio Público documentó al menos 747 ataques solo entre enero y agosto de 2020. Los ataques consistieron en censura, agresiones físicas, detenciones arbitrarias, ataques digitales e intimidación.

“La pandemia ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas, que perpetuaron la desigualdad, la discriminación y la opresión y prepararon el terreno para la ruina causada por la COVID-19”, señaló la organización en el informe.

“La pandemia ha puesto en evidencia el terrible legado de unas políticas deliberadamente divisivas y destructivas”, manifestó la organización | Foto William Urdaneta