Durante el II Examen, celebrado en 2016, las autoridades venezolanas se comprometieron motu proprio a adoptar algunas medidas para garantizar que los jueces y fiscales pudieran actuar con autonomía.
Acceso a la Justicia recuerda que en ese momento el compromiso incluyó la reanudación de los concursos de oposición para la adjudicación de tribunales y fiscalías, pues a pesar de que la Constitución lo ordena en su artículo 255, no se han realizado desde 2004 concursos públicos para el ingreso a la carrera judicial; incluso, si bien en 2016 se aprobaron las Normas de Evaluación y Concurso de Oposición para el Ingreso y Ascenso a la Función Judicial, estas permiten que participen solamente quienes ya están dentro de la judicatura, lo que es discriminatorio, y no prevén que en la selección de los jueces participe la sociedad civil.
En el informe remitido a la ONU, además se le recordó al consejo que más del 80% de los jueces y por lo menos el 96% de los fiscales del país son provisorios. La situación de la defensa pública aún es peor y llega al 100%, porque allí jamás se ha celebrado un solo concurso.
La situación de provisionalidad en la que se encuentran los jueces, fiscales y defensores públicos los hace susceptibles de ser objeto de presiones y abre las puertas a que sus decisiones sean manipuladas por factores externos.
Tras señalar que la provisionalidad ha facilitado que todo el sistema de justicia se encuentre cooptado y politizado, Acceso a la Justicia denunció que esta situación ha terminado abriéndole las puertas a la emergencia humanitaria que hoy vive el país y que ha sido denunciada desde 2016.
El documento menciona que en 2020 la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dejó en claro que la situación de provisionalidad de los jueces abre las puertas para que no tomen sus decisiones según los argumentos, evidencias o pruebas presentadas en los juicios y lo que estipulan las leyes, sino que se limitan a cumplir las órdenes que les giran los magistrados del TSJ, sobre todo en el ámbito del derecho penal.
La ONG no solo denunció las faltas, sino que como establece la normativa del EPU presentó trece recomendaciones destinadas a restablecer la independencia judicial y rescatar el Estado de derecho.
Entre las peticiones destacan que los magistrados del TSJ, el fiscal general de la República, el defensor del Pueblo y el defensor público sean designados según lo que se establece la Constitución y que se dé estabilidad y autonomía a los jueces, fiscales y defensores públicos mediante su designación por concursos de oposición. Asimismo plantea que se adopten políticas de incentivos de carrera, de capacitación y de evaluación.
De la misma manera, propone que se promulgue un código de ética para magistrados y jueces que se ajuste a las pautas internacionales en materia de autonomía y seguridad de los jueces. (Con información de Acceso a la Justicia)
