sábado, 7 septiembre 2024
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Academia denuncia que acciones contra la primaria representan un “atentado al orden constitucional”

En un comunicado, la institución rechazó las “actuaciones del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia” que -señaló- tienen el objetivo de “judicializar y criminalizar” a la Comisión Nacional de Primaria.

La Academia de Ciencias Políticas y Sociales advirtió que la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre la primaria opositora, así como la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, representan un “atentado al orden constitucional y legal” y a la democracia.

En un comunicado, la institución rechazó las “actuaciones del Ministerio Público y del Tribunal Supremo de Justicia” que -señaló- tienen el objetivo de “judicializar y criminalizar” a la Comisión Nacional de Primaria, organizadora del proceso, lo que supone también un “atentado” a los “ciudadanos que, de manera cívica, participaron” en este proceso.

El presidente de la comisión, Jesús María Casal, así como la vicepresidenta, Mildred Camero, y el miembro suplente Roberto Abdul-Hadi declararon el lunes ante el Ministerio Público, donde deben responder por denuncias de “fraude” en los comicios, ganados por la María Corina Machado, sobre quien pesa una inhabilitación para ejercer cargos de elección popular hasta 2030.

También el lunes, el TSJ ordenó la suspensión de “todos los efectos de las distintas fases del proceso electoral conducido” por la CNdP, luego de recibir un recurso introducido por el diputado opositor José Brito que pedía revisión de “irregularidades”.

Según la Academia de Ciencias Políticas, la elección antichavista fue un “evento ciudadano y democrático de escogencia de un candidato presidencial para las elecciones” de 2024, y “constituyó un evento cívico” con sustento constitucional, por lo que no hubo “una usurpación de las funciones” del Consejo Nacional Electoral (CNE) ni “se cometieron ilegalidades”.

La academia, que reafirmó su “defensa de los principios y valores de la democracia, el Estado de derecho y las libertades políticas”, solicitó a los poderes públicos respetar y proteger a las “manifestaciones cívicas y democráticas, así como a los organizadores y actores que las promueven”.