viernes, 14 febrero 2025
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A siete años de masacre de El Junquito familiares de víctimas siguen en la espera de justicia

El mismo Oscar Pérez documentó el procedimiento en vídeos a través de sus redes sociales. “Con lanzagranadas nos están disparando. Había un fiscal, dijeron que era una garantía, pero era para asesinarnos”, acusó.

Se cumplen siete años sin justicia desde que aquel 15 de enero de 2018 cerca de 500 miembros de distintos cuerpos de seguridad del Estado rodearon una residencia en el kilómetro 16 en El Junquito, en la que estaban acorraladas siete personas que posteriormente fueron masacradas.

Sus nombres eran Oscar Pérez, Israel Abraham Agostini, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Díaz Pimentel y Lisbeth Andreína Ramírez Montilla. Todas murieron de un disparo en la cabeza, de acuerdo con los resultados de la autopsia y respaldados por fotografías de los cuerpos en las que se evidenciaban las heridas mortales.

La operación fue bautizada por las autoridades como Operación Gedeón, en contra de un grupo de disidentes que criticaba la gestión de Nicolás Maduro. Durante el operativo, Pérez y el resto de las víctimas se rindieron y manifestaron su intención de negociar su entrega a las autoridades. No obstante, los funcionarios de seguridad atacaron la vivienda con armamento pesado.

El mismo Oscar Pérez documentó el procedimiento en vídeos a través de sus redes sociales. “Con lanzagranadas nos están disparando. Había un fiscal, dijeron que era una garantía, pero era para asesinarnos”, acusó el integrante del Cicpc con el rostro ensangrentado mientras disparaban hacia la vivienda.

Por el caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró que el Estado venezolano es responsable de la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales, libertad de conciencia y religión y protección judicial de las víctimas.

“Fue un asesinato”

Delsa Solórzano, defensora de derechos humanos y dirigente de la oposición, expresó en su cuenta de X que “cada 15 de enero es un día de mucha tristeza”, y que Venezuela debe honrar la memoria de los fallecidos en la masacre de El Junquito.

“Puedo decir con certeza que fue un asesinato ya que llevé a cabo una muy seria investigación y obtuvimos toda la documentación probatoria. Con ello acudimos a la Corte Penal Internacional y aún esperamos justicia”, dijo Solórzano.

A finales de 2023 la CIDH informó que el Estado no presentó documentación para acreditar la apertura de una investigación por la muerte de las víctimas. Además, sumado a la falta de investigación, el inmueble donde ocurrieron las ejecuciones fue demolido. Tampoco se conservaron las vestimentas de las víctimas y removieron las imágenes de las autopsias.

“Aunado a esto, se asignó a una autoridad militar el resguardo de la prueba, la cual no resulta una autoridad competente, independiente e imparcial para ejercer dicho tipo de obligación, al tratarse de graves violaciones de derechos humanos”.

Este miércoles, 15 de enero, lanzaron el tráiler oficial del documental Oscar, el hombre más buscado de una Nación, en conmemoración del séptimo aniversario de la muerte de Oscar Pérez, agente del Cicpc que se sublevó en contra del mandato de Nicolás Maduro.

El adelanto está disponible en las redes sociales de @oscarperezthemovie y en la página web que lleva el mismo nombre. Antes de su lanzamiento público, la película se presentará en festivales internacionales. El estreno oficial está previsto para el 27 de junio.

Sin derechos

Tras las ejecuciones extrajudiciales familiares de las víctimas denunciaron que les impidieron velar a sus seres queridos. Así como tampoco pudieron elegir el lugar del entierro ni la ropa que usarían para ser sepultados.

En el entierro de Pérez solo pudieron estar presente su tía Aura Pérez y su prima Maryory Perdomo Pérez. El resto eran funcionarios vestidos de civil y efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Los familiares de Díaz Pimentel y Agostini tuvieron que plantarse ante un piquete de la GNB que no les permitía el acceso al sepelio en el Cementerio del Este. En este evento también estuvo presente la abogada Delsa Solórzano, quien denunció el hecho en sus redes sociales.

En 2018 la dirigente, quien presidía la comisión especial de la Asamblea Nacional que investigaba la causa, solicitó medidas cautelares para resguardar el cuerpo de Oscar Pérez y las otras siete víctimas, luego de asegurar que las autoridades pretendieron quemar los cadáveres.

“No fueron rumores ni especulaciones. Quisieron cremar los cuerpos. Por eso estuvimos en la morgue de Bello Monte día y noche insistiendo en el cumplimiento de la Ley de Servicios Funerarios que en sus artículos 27 y 28 establece que los cuerpos no se pueden cremar ni siquiera con autorización de un familiar cuando están sometidos a investigación penal”.

Por la insurrección liderada por Pérez la comisión de la Asamblea Nacional logró identificar a 31 personas detenidas por parte de los cuerpos de seguridad por su presunta relación con Pérez y su grupo, entre los que había civiles y militares. A la diseñadora Carola Hernández la acusaron de traición a la patria y rebelión.

Previo a la masacre

Oscar Pérez era funcionario activo y piloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Además cofundador del Movimiento Equilibrio Nacional, como crítica al gobierno de Nicolás Maduro.

Siete meses antes de su ejecución Pérez sobrevoló un helicóptero del Cicpc sobre varias instituciones públicas y arrojó granadas sonoras hacia el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Mientras, uno de sus acompañantes sostenía una pancarta en la que se leí la frase “art. 350”.

En ese entonces, Venezuela atravesaba un período de protestas masivas, luego de que el TSJ despojara de sus funciones a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora.

Después de estas acciones Pérez se mantuvo varios meses en el anonimato. Durante ese tiempo su cara figuraba en carteles de “Se busca”.

En diciembre del mismo año integrantes del movimiento ingresaron a un cuartel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), en San Pedro de Los Altos, en el estado Miranda, y tomaron varios fusiles y pistolas. El 19 de diciembre, Pérez publicó un vídeo en las redes sociales y manifestó que este hecho había dado inicio a la “Operación Génesis”.

En respuesta, Maduro lo catalogó como terrorista. “Donde se aparezcan, le he ordenado a la Fuerza Armada ¡plomo con los grupos terroristas! ¡Plomo con ellos, compadre!”, dijo en una transmisión televisada.

El martes, 16 de enero, Néstor Reverol, entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, informó sobre la muerte del policía.

“Ante una agresión que pone en riesgo la vida de los funcionarios, se procedió al protocolo para neutralizar al grupo agresor, con el saldo de siete terroristas fallecidos”, declaró el funcionario en televisión.

Tráiler oficial del documental Oscar, el hombre más buscado de una Nación | Cortesía @TAMARA_SUJU