sábado, 13 julio 2024
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A cuatro meses de su desaparición en manos del Estado piden fe de vida del diputado Renzo Prieto

El papá del diputado Renzo Prieto se dirigió a la plenaria de la Asamblea Nacional y les solicitó “tomar mayor interés por su causa” y acusó a la administración de Nicolás Maduro de detenerlo “por no estar de acuerdo con las injusticias”.

Crónica Uno

Cuatro meses y cuatro días desaparecido en manos de las FAES tiene el diputado de la Asamblea Nacional por el estado Táchira, Renzo Prieto (VP). Sus familiares y abogados denunciaron que en todo este tiempo sus captores no le han permitido ni siquiera una llamada telefónica.

En la sesión plenaria virtual de este martes, los diputados pidieron una fe de vida de Prieto pues de manera oficial no se les ha informado siquiera dónde lo tienen preso. Tanto su familia como sus colegas parlamentarios manejan versiones de terceros, pero ninguna autoridad estatal les ha dado información. La junta directiva le concedió un derecho de palabra al padre del diputado, Lucas Prieto.

“Preocupado por su situación de salud y jurídica ya que a 125 días de haber sido privado de su libertad por el régimen venezolano sin haber cometido ningún delito sino por no estar de acuerdo con las injusticias, no sabemos nada de nuestro hijo ya que no le han permitido realizar ni siquiera una llamada para saber su estado de salud”, expresó el papá del parlamentario.

Dijo que la familia está preocupada, además, porque a inicios de este año le diagnosticaron una lesión de columna que requería cirugía urgente, aunado a los riesgos de contraer la COVID-19 y no recibir el tratamiento adecuado.

“Como padre del diputado Renzo Prieto hago un llamado para que tomen el mayor interés sobre la causa para que sea puesto lo más pronto posible en libertad porque no es un delito luchar por ideales sociales para el bienestar del pueblo”, dijo Prieto padre.

Fe de vida

El diputado Ángel Torres, que se encontraba con Renzo Prieto y otros parlamentarios de la oposición el pasado 10 de marzo cuando efectivos de las FAES se lo llevaron de un hotel en Caracas sin orden judicial, tomó la palabra en la sesión virtual para exigir al Estado pruebas de la integridad de su colega.

“Le han violado todos sus derechos, han violado todo el proceso. No sabemos absolutamente nada de Renzo Prieto. Y por el prontuario de delitos, torturas y asesinatos que tiene este régimen contra los presos políticos, exigimos una fe de vida de nuestro hermano Renzo Prieto”.

Esta sería la segunda vez que la administración de Maduro encarcela al diputado tachirense. La primera vez fue en mayo de 2014 cuando participaba en los campamentos de la resistencia en la plaza Alfredo Sadel y Miguel Rodríguez Torres —hoy también preso en los calabozos del Sebin— era ministro del Interior. Prieto fue postulado a diputado en 2015 y pese a haber resultado electo, los tribunales no le concedieron la libertad inmediata, sino que fue excarcelado finalmente en junio de 2018.

AN ratificó la Convención contra la Tortura

Precisamente otro de los puntos discutidos este martes fue la sanción de la Ley Aprobatoria del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y los Tratos y Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes.

Este instrumento fue aprobado en primera discusión la semana pasada por la vía de la urgencia reglamentaria, aprovechando que días antes la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, acababa de presentar su informe oral sobre Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos.

La segunda discusión y sanción del instrumento se produjo en la víspera de la presentación del informe escrito sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, que Bachelet debe encabezar este 15 de julio desde Ginebra.

Aunque ni la ONU ni el secretario general del organismo, Antonio Guterres, reconocen a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, la ratificación del instrumento constituye un factor simbólico que ayuda a mantener en el tapete internacional la crisis de los derechos humanos en el país.

En su exposición oral del pasado 2 de julio, Bachelet expresó su preocupación por las denuncias de tortura de prisioneros documentadas por su oficina entre mayo de 2019 y junio de 2020: “Me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias, violaciones al debido proceso, así como alegaciones de torturas y desapariciones forzadas en los primeros días de detención”, expresó la alta comisionada en ese entonces.

Adicionalmente, durante la visita de cuatro días que Bachelet hizo a Venezuela en junio de 2019 pudo reunirse con familiares de presos políticos civiles y militares. Al término de su visita la funcionaria recomendó al Estado ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, sin embargo, la administración de Maduro no dio ningún paso conocido para avanzar en esa dirección.

Otros puntos

Los diputados también discutieron otros puntos este martes.

La Asociación Nacional de Jubilados y Pensionados de Venezuela solicitaron al presidente de la Asamblea Nacional y encargado, Juan Guaidó, atención a su crítica situación socioeconómica, tanto dentro de Venezuela con una pensión equivalente a dos dólares mensuales, como los adultos mayores radicados en el exterior, quienes no reciben el pago de sus pensiones desde hace más de cuatro años.

El diputado Julio Ygarza (UNT) denunció que «la junta directiva que usurpa la Asamblea Nacional», encabezada por el diputado disidente Luis Parra, está ejecutando jubilaciones forzadas contra el personal del Poder Legislativo sin cumplir los requisitos de ley.

El diputado Ángel Álvarez denunció ante el pleno el secuestro del dirigente político, profesor universitario y dueño del portal de noticias Punto de Corte, Nicmer Evans.

Los diputados de la Asamblea Nacional también escucharon una presentación resumida de la Encovi 2019, a cargo de su coordinador, el profesor Luis Pedro España, quien destacó principalmente los números relativos a crecimiento de la pobreza, la inseguridad alimentaria, la migración y el abandono del sistema educativo por parte de los niños y jóvenes. Los diputados destacaron el valor y el aporte de las universidades venezolanas al hacer la minuciosa investigación y responsabilizaron a Nicolás Maduro por el agravamiento de la crisis humanitaria compleja que azota a Venezuela.