Con mucha preocupación la comunidad empresarial del municipio Caroní observa el cobro excesivo por el servicio público de aseso urbano por parte de una empresa concesionaria de la Alcaldía y la Gobernación.
El servicio se ha separado en dos prestaciones, una por el manejo del relleno sanitario y el otro por el aseo urbano. Estos son servicios públicos que se está obligando a los ciudadanos a pagar, en adición a los impuestos que ya se les exige para financiar la actividad de la administración pública.
En el caso de las empresas de Caroní, el impuesto sobre actividades económicas, así como el de inmuebles, ha experimentado un incremento sustancial en 2018 y más recientemente en el año 2020, en lo que muchos han denunciado como una alta voracidad tributaria municipal que atenta contra la protección de la economía nacional, que ha sido advertida por la Asamblea Nacional que impulsa una nueva ley de coordinación y armonización tributaria para ponerle límites a los ya muchos excesos tributarios de estados y municipios en el país.
En el caso de los establecimientos comerciales o industriales, el servicio de recolección de desechos que es competencia de la Alcaldía, se cobra en función de los metros cuadrados del local comercial o industrial del usuario y el de manejo del relleno sanitario que es competencia de la Gobernación, se mide en función del consumo eléctrico, sin considerar en ambos casos, la cantidad real de desperdicios que genera el usuario; con lo cual se obvia la capacidad contributiva de éstos y uso real del servicio.
El pedimento de los afectados es la exigencia de rectificación inmediata de las tarifas de estos servicios, que deberían ser cubiertos con los impuestos que a nivel nacional y municipal ya pagan los ciudadanos, y en especial las empresas que sostienen las cargas públicas con los impuestos que ya se pagan
En las facturas que se reciben no hay indicación transparente de la forma de cálculo del precio del servicio, por lo que es desconocido por los usuarios. El caso del servicio de relleno sanitario es exigido el pago en la factura de Corpoelec, por lo que cualquier reclamo corre el riego de corte del servicio eléctrico. Mientras que en el caso del servicio de aseo urbano se exige a las empresas el pago de este servicio o se les niega el deber de declarar y pagar sus impuestos, para luego ser aplicadas cuantiosas multas por la Alcaldía bajo el amparo de la ordenanza de impuestos. Todo ello configura una grave falta al derecho del ciudadano de conocer por qué se le están cobrando tan altas tarifas.
El llamado subsidio cruzado, que ha existido por mucho tiempo, mediante el cual el costo de la prestación a los usuarios, principalmente residenciales y del sector informal que no pagan el servicio, es cubierto por el sector formal de la economía, es hoy insostenible, dada la drástica reducción de las industrias y comercios del municipio, golpeado por una severa recesión local, las fallas intermitentes de suministro de combustible y los efectos que antes causó la pandemia del COVID-19, de la cual apenas están recuperándose las empresas que lograron sobrevivir a la pandemia económica que causó la epidemia por el confinamiento.
Cuando se empezaban a sentir algunos signos de recuperación en algunos sectores económicos, ahora se recibe este duro golpe que no solo afectará a la actividad económica formal del municipio, sino que al final impactará al consumidor que verá cómo se incrementarán los precios de bienes y servicios.
Si queremos más desarrollo se requiere crear condiciones para que operen las empresas que generan empleo, bienestar a la sociedad y sostienen la recuperación económica del municipio, el estado y el país. Por ello el llamado es a la racionalidad, la transparencia y la eficiencia que haga la carga de tributos y servicios, una que no aniquile la iniciativa formal que desarrollan las empresas que apuestan cada día a hacer patria desde la producción y prestación de servicios de calidad.
El pedimento de los afectados es la exigencia de rectificación inmediata de las tarifas de estos servicios, que deberían ser cubiertos con los impuestos que a nivel nacional y municipal ya pagan los ciudadanos, y en especial las empresas que sostienen las cargas públicas con los impuestos que ya se pagan, que son una parte muy importante del presupuesto público.
Ya se están organizando un grupo de ciudadanos del sector productivo para ejercer las acciones sociales y judiciales que sean necesarias dentro de lo que prevé la Constitución y las leyes, ya que no podemos permanecer pasivos ante esta situación. Esperamos igualmente que los gremios empresariales atiendan el deber de defender los intereses del sector y nos acompañen en este justo reclamo.
