Los documentos de identidad, esos papeles que permiten la legalidad con sus variadas formas son al parecer, sobre todo en los países latinoamericanos, un conjunto de trámites por lo general engorrosos, con normativas y funcionarios inflexibles. Algunos por la delicadeza de estos requisitos y otros por la cultura de “autoridad” asociada al despacho sin cortesías para el público. Por supuesto, hay excepciones en los modos y en los agentes que se ocupan de estas actividades. Aquí en Lima, desde donde intento esbozar líneas de muchos casos de indefensión inmigratoria nos han tocado personas educadas, pero en el cuadro acostumbrado todas tienden a ese estatus de inaccesibles e intolerantes.
Episodios recientes como el caso de la ciudadana venezolana, ampliamente difundido por las agencias internacionales de noticias, que vive (ya que no puede entrar al país andino estando residenciada acá luego de haber salido) en el terminal aéreo Jorge Chávez por una contrariedad entre las normativas y la búsqueda de alguna solución o medida excepcional. El caso de los pasaportes vencidos, condición muy amplia en las mayorías de la colectividad inmigrante venezolana en Perú, cuya vigencia es ahora exigido, pasados los años de la flexibilidad con la que se le daba tratamiento al requisito para entrar o salir. Y finalmente, en este recuento sucinto, el trato discrecional de la Embajada venezolana con el inicio del proceso de inscripción y actualización del Registro Electoral Permanente (REP) vía a las elecciones del próximo mes de julio. Esos aspectos muestran los obstáculos que parten de las instituciones tanto soberanamente en el patio donde estamos, como lo que se conoce del funcionar del régimen en Venezuela donde todo obedece a la humillación ciudadana con respecto a sus derechos. Las visas, pasaportes, salvoconductos, condición especial de residentes, son mecanismos que deberían gozar de la normalidad que estos documentos implican y de las facilidades que en el mundo globalizado de hoy es menester con mayores volúmenes de personas haciendo de su uso. Pero no todo está sujeto a los vaivenes de la política, las enrevesadas ideologías, a gobiernos prepotentes con la mira solo en sus cálculos cerrados que en Latinoamérica viene imponiéndose por sobre cercanías culturales de los pueblos, por sobre las solidaridades de otros tiempos donde fue posible la mano amiga de políticas de Estado. Estas manifestaciones tienden a confundir la población llana que en no pocos casos asumen esas posturas como normales en “defensa” de su gentilicio.
Las visas son muros, más que mecanismos de revisión y seguridad; leyes convertidas en camisas de fuerza por las naciones ante las olas inmigratorias que se multiplican y cruzan el continente americano, perfilando mecanismos y conductas punitivas. Son cada vez más para nuestros bondadosos países por tradición, los garrotes de moda para la exclusión de los “indeseables” asociados a la necesidad, dramas del desamparo y la falta de medios. Se desestima la condición humana.
Decreto de extinción de la diáspora nacional
El inicio del proceso de inscripción y actualización de datos del Registro Electoral Permanente, desarrollado esta semana, tanto en las regiones del país como a nivel de las ciudades del mundo, es otra vertiente de cómo un ciudadano le quitan sus derechos hasta convertirlo en alguien sin identidad. A las ya desmembradas condiciones en que se llevan a cabo esta fase electoral, explicadas por el afán de la revolución bolivariana perdida su base social (opinión de tirios y troyanos) en función de atajar la acción de cambio que se transpira para a las elecciones presidenciales. A manipuladas condiciones, los consulados o embajadas como ocurre en Lima con la delegación venezolana, descartan premeditadamente la manifestación inmigrante de cumplir con el voto, agarrándose de normativas rebuscadas o despareciendo la letra de beneficios de la ley, en la que los requisitos se transforman en un camino prácticamente imposible: es la burla como política de Estado para “castigar” al venezolano salido del país.
Por demás ha de tomarse en cuenta que a los ojos de un Estado, como lo es la condición en Perú, que no tiene casi relaciones con el gobierno bolivariano actuando (aun con cautela) en rechazo a la política dictatorial de Venezuela. Que la masa de inmigrantes venezolanos es motivo de enfrentamientos de visiones internas andinas entre dirigencias de anteriores gestiones y la presente. Que la inmigración venezolana por el desbordamiento que ha significado ha producido contratiempos y exigencias sin olvidar penosos episodios que han involucrado a connacionales. Teniendo presente las esporádicas campañas de grupos de intereses en asociar directamente la violencia y el delito con los venezolanos hasta hacer una especie de leyenda urbana, por encima del trato general de los peruanos comunes. Considerando todos estos ingredientes, la conducta que exhibe permanentemente la revolución de atropello para sus compatriotas en exterior, refuerza en el estamento institucional de Perú que los nacionales de la patria de Bolívar y Sucre no merecen preocupación mayor por la protección de sus derechos. Ante esto, al ciudadano venezolano obligan las circunstancias a que, por sobre logros profesionales y laborales que ya ha pueden resaltar ampliamente, sea la construcción diaria del mensaje de identidad de la decencia y de lucha por la libertad, democracia, la modernidad y justicia, de la que en la historia latinoamericana y tiempos recientes hemos hecho gala.
