Lo sucedido recientemente con el periodista Seir Contreras, despedido por señalar la realidad que vive, no es solo un caso de libertad de expresión, sino, sobre todo, una protesta laboral que se enmarca en la lucha que los trabajadores vienen dando en los últimos dos años. Por lo tanto, lo que dijo al aire y que le costó su trabajo, no puede quedar en el olvido. Habló en primera persona de la tragedia cotidiana que sufre a pesar de ser un profesional activo y reconocido. Incluso usó de ejemplo experiencias cercanas para reivindicar a los millones de venezolanos que se han visto en la necesidad de emigrar.
Seir tenía que buscar agua y bañarse con tobitos para estar de madrugada y de punta en blanco frente a las cámaras de televisión, a cambio de un salario mensual inferior al costo de la ropa que tenía que usar y que no le resolvía ningún problema, ni siquiera el alimenticio. Por eso dijo luego en una mítica entrevista que le hizo nada menos que su colega Carla Angola, que no le dolía el sueldo que había perdido con su despido, porque era “insignificante”.
Esto se llama pobreza laboral, y en Venezuela abarca no solo al 80% de la población que gana menos de cien dólares mensuales, sino también a otro 10% que aún siendo profesionales del sector privado, han perdido la carrera contra la inflación en dólares y ahora ganan mucho menos que la canasta básica. Estamos hablando de 90% de pobreza, incluyendo la pobreza laboral, correspondiente a trabajadores activos que no pueden cubrir con su sueldo sus necesidades económicas. Unos trabajadores que además deben sortear la deficiencia, o incluso ausencia, de servicios públicos tales como agua, luz y transporte. Incluso para muchos, trabajar es un lujo que les cuesta dinero.
No faltará quien diga con cierto orgullo que “en Venezuela nadie vive de su trabajo”. Un mantra de la burbuja del 10% que junto al delirio del “laissez faire”, pretende convertir el rebusque y la indigencia en emprendimiento y autonomía. El caso es que un país en el que su población no vive de su trabajo, no es un país. Decir eso sin darse cuenta de la tragedia que significa, es aún más preocupante. En Etiopía, que acaba de entrar a los Brics por encima de Venezuela, la gente vive de su trabajo, como en todas partes. Un país sin moneda y donde el salario no sirve de sustento de vida, no es un país. Y por eso el éxodo puede llegar pronto al 30% de la población total.
No es casualidad entonces que los nuevos perseguidos políticos sean ahora sindicalistas, trabajadores del sector público y hasta del sector privado, que marchan y levanta su voz para visibilizar el genocidio laboral que comete el régimen. Es una realidad transversal que debe servir para unir al “chavismo antimadurista” con la oposición tradicional, en pro de un objetivo común: el cambio. Ya es cuestión de vida o muerte para muchos.
Presidente de la Asociación Causa Democrática Iberoamericana
