Con movimientos rápidos, aunque espasmódicos, como los de las películas mudas. Así avanza la narcosatrapía en su plan de impedir, infestar, tergiversar o infestar, a toda costa, la llamada primaria del 22 del presente mes.
El jueves pasado, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia produjo sendas sentencias alineadas con esa maniobra. Nos referimos a los cuatro fallos mediante los cuales se acordó solicitar la extradición a Venezuela de Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas y director de las relaciones internacionales de la precandidata María Corina Machado, así como las extradiciones de la presidenta y las de las dos vicepresidentas del Parlamento electo en 2015, diputadas, Dinorah Figuera, Auristela Vásquez de Castillo y Marianela Fernández Alvarado. Los tres mencionados en primer término, en la actualidad, se encuentran exiliados en España. La última, también, es exiliada, pero en EE UU.
Ese fatídico jueves, por si fuese poco, la Fiscalía General de la República anunció que se había dirigido a Interpol a objeto de tramitar una alerta roja para la captura del también diputado (2015) y expresidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, exiliado en EE UU.
Por otra parte, el miércoles de esa pasada semana, Manuel Rosales Guerrero, gobernador del Zulia jugó posición adelantada, como se dice en el balompié. Rosales, al dar por sentada la anulación de la primaria, lanzó su pretendida candidatura “opositora” (¿?) de “consenso” (¿?) a la Presidencia.
Meses atrás se había decantado por no aspirar a la jefatura de Estado en las elecciones de 2024. ¿Qué mosca le habrá picado para que ahora se haya declarado candidato a tiempo completo y dedicación exclusiva, hasta que sea cadáver?
El recrudecimiento de la escalada contra la primaria, en los últimos 15 días, lo había iniciado, el lunes antepasado, el propio Consejo Nacional Electoral al arrogarse la “competencia exclusiva” para organizar -de una reina de Carnaval pa’rriba- toda elección que se celebre en Venezuela.
Les importa un bledo que la normativa electoral diga otra cosa, porque en la RoboLución la única ley es que no hay ley. Las votaciones previstas para el próximo domingo 22, al no aceptar la intrusión del CNE, ya estaría en situación de rebeldía y por ello sujetas a cualquier medida judicial, administrativa o hasta carcelaria.
¿Creen ustedes, señoras lectoras, señores lectores que el magistrado Maikel Moreno, por muy candoroso que sea, ponente de la referida petición de extradición contra Ledezma, da por seguro que el gobierno presidido por Pedro Sánchez -por muy pícaro, que sí lo es- va a regresar a Venezuela al exalcalde de Caracas, pese a que el susodicho ponente no puede ¡ni siquiera! pisar territorio de España por haber “apoyado y facilitado las acciones y políticas gubernamentales que han socavado la democracia y el Estado en Venezuela” según pronunciamiento de la Unión Europea?
¿El fiscal general de Venezuela, sancionado por el Gobierno de EE UU, desde 2017, para más señas, a través de la temible lista de OFAC, poeta al fin, tiene fe ciega en que míster Biden, por muy octogenario o nonagenario, acatará, sin chistar, en territorio norteamericano, su referida petición de captura contra Guaidó?
Los tratados internacionales, las normas y estatutos internos; en general los usos y costumbres en la materia prohíben capturas como las mencionadas en casos de supuestos crímenes de naturaleza política o conexos con tal actividad. Ni Ledezma, ni las diputadas Figuera, Vásquez de Castillo y Fernández Alvarado han sido imputados por ilícitos que los sustraigan de las salvaguardias previstas para casos atados a la política: V.gr.: Intentonas o asesinatos consumados contra jefes de Estados y/o sus familiares; homicidios; lesiones gravísimas; secuestros; raptos; atentados dinamiteros o con sustancias tóxicas.
La convicción de los propios firmantes de las referidas peticiones de captura internacional, es que sus requerimientos carecen de efecto jurídico alguno en el extranjero. Pero alimentan las narrativas de Maduro, del hombre de Con el mazo dando, del chafarote ministro del Interior, según las cuales, factores externos e internos se encuentran envueltos en actividades sediciosas -la primaria opositora, según éllos, es golpista, imperialista y lavadora de dinero negro, por antonomasia. La intrusión chavomadurista en las votaciones del próximo 22 de octubre es impresentable. Pero algo es algo, a la hora de intentar retocar su cosmética. Toda vale, para levantar las temidas sanciones de EE UU, Canadá, la UE, de los países medianamente decentes, aunque sea.
La dirigencia opositora -la de veras opositora, no la cipaya- pero sobre todo el mayoritario sector de la población que clama el relevo de Maduro y sus secuaces, deben prepararse para tal escenario. La mencionada en primer término, para coordinar las acciones pacíficas, de resistencia civil que le salgan al paso a la farsa. En cuanto al electorado, para que no cunda la desesperanza al concretarse el inminente patadón a la mesa.
En lo externo, por su parte, urge desplegar una intensa campaña de divulgación que disipe cualquier duda. No estamos ante una democracia imperfecta. Ni siquiera, ante una dictadura o ante una tiranía en el sentido tradicional de los calificativos. Que nadie se confunda. Hablamos de una narcosatrapía, subordinada a factores del crimen organizado internacional.
