Todo indica que la avalancha de acciones judiciales, venidas y por venir, contra el señor Donald J. Trump, más que en los palacios de justicia, se dirimirán en las urnas de votación el 5 de noviembre del próximo año. Muy sencillo:
El expresidente, años atrás, como empresario, hoy, devenido en político, siempre insistió en promocionarse como un negociador, habilidoso, convincente, muy duro muchas veces. Hasta se dijo autor de un libro sobre tal tema. Nosotros, por el contrario, advertimos que en la impronta de Mr. Trump ha prevalecido la del litigante quisquilloso, de malas pulgas, que exprime, dentro de los cauces procesales, todos los recursos que le ofrece el sistema de justicia.
En su clásica “psicología forense” el maestro Enrico Altavilla acuñó el término de querellomanía, para aludir a la subespecie de paranoia manifestada en la sobreutilización o recalentamiento del servicio de justicia. El querellómano -anotaba Altavilla- además de actuar en sede tribunalicia basado en ideas fijas, obsesivas, muchas veces absurdas o falsas, una vez en estrados se considera víctima del propio aparato de justicia y querella a jueces, fiscales, testigos y demás operadores, incluidos sus propios abogados o defensores.
Inoficioso levantar inventario, uno a uno, de las decenas de pleitos judiciales pendientes contra Mr. Trump. Para limitarnos a las que se relacionan con su aspiración de reelegirse como presidente tenemos para nosotros que tal maraña de dimes y diretes terminarán por “sentenciarlos” los electores.
A la fecha de los referidos comicios (noviembre de 2024), es improbable, a causa de las escaramuzas de sus propios defensores, que ni un solo de los procesos contra el señor Trump haya sido resuelto por sentencia firme, ejecutoriada y con autoridad de cosa juzgada. En tal supuesto el polémico exjefe de Estado y ahora precandidato tendrá derecho a ser presumido inocente y, por ende, se hallará sin impedimento legal para presentarse como aspirante y ocupar la primera magistratura de su país, de resultar el más votado.
En este último escenario, Trump estará investido de la autoridad suficiente para autoindultarse y con ello engavetar o enviar a los archivos todas las acusaciones en su contra, infundadas o bien fundadas según las simpatías o antipatías de cada quien.
En la orilla opuesta, es decir, si los electores no lo votan para su regreso a la jefatura de Estado, el hoy aspirante a la reelección será árbol caído y por ende leña segura de los engranajes judiciales que funcionan muy bien aceitados con los perdidosos en el fervor popular.
Lo que ha quedado escrito lo saben perfectamente los comandos de campañas demócratas y republicanos. Usarán los procesos judiciales contra el señor Trump como púlpitos para la propaganda electoral. Los primeros, para exhibir las evidencias de los supuestos delitos del acusado y los segundos para presentar a este último como víctima de una cacería de brujas. “Activismo jurídico”, denominaba tal práctica el abogado Jacques Vergès.
Nadie está por encima de la ley -dice el latiguillo muy usado en EE UU- salvo que prevalezca el sacrosanto “Vox populi, vox Deus” o aclamacionismo corriente, moliente y tercermundista. Para algunos, en este caso, al norte del río Grande.
