viernes, 1 marzo 2024
Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

El voto venezolano en el extranjero

Los sistemas electorales de Canadá, EE UU, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, España, por nombrar unos pocos, no obstaculizan a sus nacionales el sufragio en país extranjero so pretexto de sus estatus migratorios.

@omarestacio

El Voluntariado Técnico Electoral, a través de tres reputados integrantes de su plantel, presentó esta misma semana ante el Consejo Nacional Electoral un proyecto de “normas para regular el proceso de inscripción y actualización en el Registro Electoral así como para el ejercicio del sufragio de todos los venezolanos que se encuentren en el exterior del país”. Un excelente trabajo. Lástima que el coludido ente comicial les prestará oídos sordos.

En la actualidad, el número de compatriotas que se han visto forzados a emigrar es el segundo más elevado del mundo. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados los contabiliza en alrededor de siete millones. En uno de sus “considerandos” el referido proyecto advierte que nuestros emigrantes forzosos representan más del 20% del padrón electoral. 4.900.000 de potenciales sufragantes, para remitirnos a cifras concretas. Pero como los aventados al exilio involuntario aumentan a diario, para diciembre de 2024, mes de la escogencia del próximo presidente, se estima que un tercio de los votantes residirá lejos de la patria.

Se da por sentado que tal estrato poblacional repudia de manera avasallante cualquier aspiración continuista -con mayor énfasis la pretensión reeleccionista del nefando Maduro. Ante tal realidad espesa y concreta no hay que ser muy zahorí para prefigurar que el oficialismo hará valer el control absoluto que ejerce sobre el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía General de la República, el Servicio Exterior, para sabotear el voto venezolano, en general y el voto más allá de nuestras fronteras, en particular. Ya lo hicieron antes en todas nuestras misiones en el extranjero. El caso más obsceno fue el del Consulado de Venezuela en Miami, cerrado a cal y canto, a partir de 2012, por el pecado de “lesa revolución” de ser, para esa época, la jurisdicción consular con mayor número de compatriotas asentados fuera de nuestro territorio.

Los sistemas electorales de Canadá, EE UU, México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Argentina, España, por nombrar unos pocos, no obstaculizan a sus nacionales el sufragio en país extranjero so pretexto de sus estatus migratorios. En las antípodas, el precepto 124 de la Ley Orgánica de los Procesos Electorales, vigente desde 2009, incurre en la aberratio iuris de exigirles a nuestros expatriados, que para ejercer el voto más allá de nuestras fronteras, deben demostrar “residencia o cualquier otro régimen que denote legalidad de permanencia en el respectivo país extranjero”. Si alguien duda del talante antidemocrático de los autores de semejante norma legal que venga y nos lo cuente.

Quizás, por alguna errata en el proyecto de normas, elaborado por el Voluntariado Técnico Electoral se endurecieron aún más las condiciones del citado precepto 124, porque mientras en éste se exige de manera alternativa, una u otra, “la residencia o cualquier régimen que denote legalidad de permanencia fuera de Venezuela” el artículo 10 del proyecto reproduce esos mismos requisitos, pero exige su cumplimiento de manera concurrente o conjunta.

La Convención Internacional sobre el Estatuto de los Refugiados en su artículo 31 pauta textualmente: ‘Refugiados que se encuentren ilegalmente en el país de refugio: 1. Los Estados Contratantes no impondrán sanciones penales, por causa de su entrada o presencia ilegal (…) a condición  que se presenten sin demora a las autoridades y aleguen causa justificada de su entrada o presencia ilegal”.

Quiere decir que los migrantes forzados o refugiados que acudan ante las autoridades del país de acogida y aleguen causa justificada de su ingreso ilegal, ipso facto, dejarán de ser ilegales. El estatus migratorio en el extranjero de sus nacionales no le atañe al Estado venezolano. A este último a los efectos electorales lo que sí le concierne es que el potencial sufragante esté inscrito en el Registro Electoral Nacional y exhiba documento de identidad válido, expedido por la República.

El cronista se cuenta entre quienes no creemos que la narcosatrapía que desgobierna Venezuela va a salir mediante votaciones libres. Sin embargo, estimamos necesario agotar todos los mecanismos legales, el voto, entre ellos para poder denunciar sus fraudes electorales, en todas sus gamas, de modo que nadie se engañe en relación con la ilegitimidad de tales desgobernantes.