@omarestacio
Domingo, 30 de noviembre de 1952. Aunque era fecha para votar por los diputados a la Asamblea Nacional Constituyente, la atención la habían acaparado los potenciales ocupantes de la presidencia de los “Estados Unidos de Venezuela” que serían electos, en segundo grado por los nuevos parlamentarios.
Acción Democrática y el Partido Comunista estaban inhabilitados, por lo que desde el exilio y la clandestinidad, sus principales dirigentes llamaron a la abstención. Los ciudadanos los desatendieron y en su lugar, salieron a votar de manera masiva. Como seguros candidatos a la jefatura de Estado, una vez conformada la citada ANC, habían sido mencionados Marcos Pérez Jiménez, Jóvito Villalba y Rafael Caldera, integrantes, respectivamente, del oficialista Frente Nacional Independiente, FEI, y de los opositores, Unión Republicana Democrática, URD y Comité de Organización Política Electoral Independiente, COPEI.
Las primeras urnas contentivas de los votos, contabilizadas muy temprano, daban con holgada mayoría a URD. Ya avanzada la tarde-noche, la tendencia era irreversible: Jóvito Villalba sería el próximo presidente de Venezuela. Fue, entonces, cuando la dictadura detuvo el conteo y censuró toda información sobre el mismo. El -para la época- presidente del Consejo Supremo Electoral, CSE, Vicente Grisanti y la mayoría de la directiva del organismo, al constatar que pretendían asignarles el papel de peleles, presentaron sus renuncias irrevocables, por lo que la dictadura se vio obligada a publicar, varios días después, el dos de diciembre siguiente, los resultados fraudulentos.
Vienen a la memoria tales episodios, con motivo del manotazo de la tiranía, contra las votaciones para gobernador del estado Barinas. Más allá de las pocas simpatías que nos despertó la postulación del opositor Freddy Superlano, lo cierto es que resultó electo. Pero en lugar de admitir su derrota, el oficialismo, con el celestinaje del inefable Tribunal Supremo de Justicia, se sacó de la manga un pretendido documento según el cual Superlano había sido inhabilitado políticamente por la Contraloría General de la República.
Por si no fuese suficiente, a escasas horas del despojo perpetrado por el TSJ, Nicolás Maduro expulsó del país a los integrantes de la Observación Electoral de la Unión Europea. Todo a pesar que esta última fue tibia en cuanto al levantamiento de acta de los numerosos atropellos del oficialismo en las elecciones del pasado 21 de noviembre. Lo que vino luego, se movió a la velocidad y con los espasmos de película muda. Inhabilitaciones, una tras otra, esta vez del CNE, “po’ que sí, po’ que pa’ eso semos gobielno” de dos de los postulados para cubrir la vacante de Superlano en los nuevos comicios fijados de manera arbitraria por el TSJ las domiciliaciones, en Barinas, express y evidentemente ilegales por extemporáneas, de dos nuevos candidatos, el primero abiertamente oficialista y el segundo, igual de gobiernero, pero mimetizado como supuesto opositor, con la misión de confundir a los votantes antichavistas. Mientras tanto, en Zulia, el usurpador Maduro Moros comenzó el desmantelamiento de las atribuciones del nuevo gobernador de ese estado, despojándolo del manejo de los peajes; del aeropuerto internacional que sirve a la ciudad de Maracaibo; de la administración del Puente sobre El Lago y de la dirección del Centro Cultural Lya Bermúdez.
Qué distintas a las del doctor Grisanti, han sido las reacciones de los rectores actuales, del Consejo Nacional Electoral, CNE, Enrique Márquez y Roberto Picón, supuestos representantes de la oposición.
Cuando estos últimos fueron designados para tales cargos ya prefigurábamos su fragilidad como supuestos celadores de los votos de la disidencia. Márquez, venía de ser expulsado del partido Un Nuevo Tiempo por ¡colaboracionista con la tiranía! Así será, que una organización que no se ha distinguido, precisamente, por su combatividad lo tildó de débil o complaciente con el chavomadurismo, por no emplear adjetivos más gruesos.
En cuanto a Picón, estuvo preso varios meses por un juicio penal que le abrió el coludido Ministerio Público. Somos los primeros en lamentar el estatus penal en que se encuentra el señor Picón, puesto que el mencionado proceso en su contra todavía no ha sido cerrado. Es decir, es un rehén, en la práctica, de Nicolás Maduro, a través de nuestro postrado sistema de justicia.
Márquez y Picón, juntos o separados, estaban obligados a acudir en persona al TSJ, a exigir la revocatoria del fallo que inhabilitó a Superlano, como también a exigirle al propio organismo del cual forman parte, la anulación de las dos espurias domiciliaciones antes referidas. O en su defecto, renunciar de inmediato. Limitarse a protestar, de manera tímida, la intrusión del TSJ, y exigirle a la Contraloría que “la próxima vez” informen con antelación la lista de inhabilitados, es vergonzoso, puesto que constitucionalmente el órgano contralor carece de atribuciones para inhabilitar políticamente, a nadie. Igual de timorata abstenerse de exigir la revocación de la expulsión de los referidos observadores electorales. Lo mismo, mirar de soslayo los despojos perpetrados en el estado Zulia.
El doctor Grisanti estará revolviéndose en su tumba ante las acciones y omisiones de Márquez y Picón. Cabe preguntarles a estos últimos, si llenaron plaza en el ente comicial, para servir de comparsa de la pandilla desgobernante o para erigirse en verdaderos árbitros de la voluntad popular. Si no pueden hacer valer sus fueros como tales, lo único decente es darse de baja de tales cargos.
