La definición de este largo período en la vida de Venezuela es confusa y equívoca
Primero se autodenominaron bolivarianos, colocando la doctrina de Simón Bolívar como ideario y guía, mientras que su nombre legendario y heroico servía de escudo divino más allá de lo racional. Posteriormente adoptaron la denominación de socialistas con pretendida esencia cristiana y particularidades indígenas, mezclando, sin concierto ni fundamento, la propuesta del socialismo científico basado en la disciplina del trabajo altamente calificado y el desarrollo de la ciencia y la técnica con una especie de caridad dadivosa y opulenta, que adora a los pobres para usarlos en su beneficio.
Ahora prefieren llamarse chavistas, identificando esto, de acuerdo con su conducta en el poder, con características de abierto culto a la personalidad, autoritarismo que raya en totalitarismo, extremo verbalismo que falsifica la realidad, sustituyéndola por buenos deseos a conveniencia de sus intereses de grupo.
Todos esos conceptos admiten más de una interpretación, e históricamente, los dos primeros tienen experiencias variadas e interesantes que analizar en el escenario internacional. En el caso del chavismo su ámbito se circunscribe a Venezuela y hay quienes proclaman su condición de hijos herederos y por eso ocupan el gobierno, mientras que otros se dicen auténticos, originarios, democráticos o disidentes; acusando a los primeros de haberse apropiado del poder y de traicionar gravemente los verdaderos propósitos e ideas de Chávez, el llamado legado.
Lo cierto es que los gobiernos surgidos de las elecciones que están cumpliendo 20 años este 6 de Diciembre de 2018 han tratado de recoger explícitamente todo el ideario, una suerte de mosaico doctrinario, que puede atraer la simpatía de los sectores populares, en cuanto electores mediante los cuales pueden mantenerse en el ejercicio del gobierno y en la administración de la, aún cuantiosa, renta petrolera. En una síntesis apretada podemos definirlos como populistas del siglo XXI.
Venezuela hace 20 años
Sin duda, que la gran mayoría de quienes asistieron a las urnas el 6 de Diciembre de 1998 veían a Venezuela sumida en una grave situación económica, social, política y moral.
Un fuerte estancamiento económico y altos niveles de pobreza y desigualdad. Al decrecimiento industrial se sumó la fuerte caída de los precios del petróleo. En la década de los años 90 había estallado la crisis que venía incubándose desde hacía 30 años con la incapacidad de dar solución a la dependencia económica, el fracaso de la política de sustitución de importaciones, el sometimiento de nuestras industrias básicas a las necesidades de las economías industrializadas impedía que hubiese un desarrollo industrial aguas abajo y que pudiera nuestro país lograr un mejor aprovechamiento de sus recursos naturales (petróleo crudo, hierro, bauxita, oro, madera, cal) de su producción de insumos básicos (acero, aluminio, alúmina, energía eléctrica), así como del parque industrial instalado cada vez más ocioso y sin diversificarse en la producción de maquinarias y bienes de capital, mientras se derrochaba tanto el talento científico y técnico como la fuerza de trabajo calificada nacional. Se llegó al extremo de una gran desnacionalización del ingreso nacional transvasado al torrente financiero internacional gobernado por las grandes transnacionales descapitalizando al país y a la entrega o venta a precios viles de las empresas del Estado mostrando la ineptitud del sector público para la gerencia económica y de servicios, con lo cual se afectaba la soberanía nacional al hacer al país más vulnerable y más dependiente.
Todo esto quiere decir retraso tecnológico, desinversión, capacidad productiva ociosa, decrecimiento del producto interno bruto, más importaciones, fuga de capitales, endeudamiento, desempleo creciente y explosión de los indicadores de pobreza en mayor grado y extensión (desintegración familiar, desnutrición, abandono infantil y senil, enfermedades, maternidad adolescente, deserción escolar, delincuencia, precariedad, entre otros).
En el plano político se observaba a la par de una fuerte concentración del poder político, económico y social real, un desmantelamiento institucional, con un Estado incapaz de cumplir con sus funciones básicas, renuente a transformarse. La reforma del Estado se redujo a papeles de trabajo y pocas buenas iniciativas en algunas áreas de la administración. La reforma constitucional planteada como urgente había sido engavetada varias veces. La descentralización frenada, aunque se inició con la apertura a la elección popular de gobernadores y alcaldes prevista en la Constitución de 1961 y represada durante 28 años hasta que la rebelión popular de Caracas del 27-28 de febrero de 1989 (el caracazo) la empujara, esto es que fue necesaria esa expresión popular para que la élite política y económica del país abriera la válvula de la participación y la descentralización.
Obviamente que tal cuadro generó una creciente conflictividad social que involucró, no solo a los sectores tradicionalmente activos en el reclamo reivindicativo, sino a cada vez más amplios sectores de la administración pública, llegando incluso a producirse, además del caracazo, dos intentonas de golpe de Estado, la destitución del presidente constitucional electo en 1988, varios paros nacionales. La violación de derechos humanos es registrada ampliamente por las ONG especializadas y por centros de investigación de la conflictividad.
Parte de esta seria crisis institucional es una enorme corrupción con un aparato de justicia y policial penetrado de impunidad, complicidad y solidaridad política automática que completaba un cuadro sin precedentes en el país en los últimos 40 años, lo cual exigía a gritos un cambio de sociedad en sus diferentes aspectos. A esta crisis debía responder el gobierno de Chávez.
Formación de una conciencia popular para un cambio político y social
Una alternativa democrática de cambio se había perfilado desde más de 30 años. Amplios sectores populares venían impulsándola con distinto grado de conciencia y alcance desde las primeras elecciones municipales separadas en 1979, con la participación electoral en las presidenciales en cada ocasión. Las elecciones de gobernadores y alcaldes a partir de 1989, cada tres años revelaron claramente que la mitad de los electores buscaba un cambio ejerciendo su derecho al voto. Sin embargo, diversos intereses en el estamento político, económico y militar junto a la legítima crítica a los partidos desataba también la ideología de la antipolítica favoreciendo salidas no constitucionales y de fuerza.
Una sucesión de contiendas revelan la búsqueda popular del cambio
Es compleja la relación con y entre los factores de poder que puede observarse. Después del caracazo-febrero 1989, de las elecciones de gobernadores y alcaldes diciembre de 1989, de las intentonas golpistas febrero y noviembre de 1992, las segundas elecciones de gobernadores y alcaldes, diciembre de 1992 en las cuales se elige a varios gobernadores y alcaldes de oposición al bipartidismo (binomio AD-Copei), la destitución del presidente C. A. Pérez junio de 1993, vemos cómo se ha vuelto decisiva la porción de la población que busca una alternativa distinta a la que ha ejercido el gobierno durante 35 años. Así, en las elecciones presidenciales y de diputados al Congreso Nacional de 1993 se produce el quiebre del bipartidismo y se cambia la correlación de fuerzas en el Congreso de la República. Aún se sospecha que el obrero siderúrgico Andrés Velásquez candidato de Causa R y destacado antisistema fue quien realmente ganó esas elecciones presidenciales no siendo reconocido por el poder fáctico de los sectores económicos y políticos dominantes. Estos habrían preferido a la tendencia antibipartidista representada por Rafael Caldera liderando una amplia coalición de partidos, entre los cuales destacaban el Movimiento al Socialismo (MAS), el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Movimiento Electoral del Pueblo (MEP), todos de orientación izquierdista, pero supuestamente más controlables por los factores dominantes de poder.
Chávez capitaliza la necesidad de cambio de la mayoría
El surgimiento de un líder militar con un discurso de cambio social, que encabeza una de las intentonas y aparece en la otra a través de un video divulgado nacionalmente, coloca tanto a las organizaciones políticas como a la población en presencia de un posible aglutinador del descontento y la búsqueda de la mayoría. Se concreta ese fenómeno y Hugo Chávez es electo en una alianza nacional de partidos bajo la propuesta de la Alianza Alternativa Bolivariana que pretendía dar respuestas a las exigencias del pueblo y solución a los más importantes problemas y sus causas.
La emergente alternativa presenta sus promesas
Combate a la corrupción, rescate de la soberanía nacional e impulso de relaciones internacionales de integración y respeto de la autodeterminación de los pueblos, cambio de la economía rentista petrolera diversificando la producción, transformación del Estado burocrático en una Estado eficiente y la democracia formal en una democracia participativa y protagónica, superación de las condiciones de pobreza, generación de empleo para todos y acceso al consumo de bienes y servicios de la población y a los servicios esenciales de salud, educación, justicia y pleno respeto y ejercicio de los derechos humanos comenzando por el derecho a la vida, la libertad, los derechos laborales, ambientales y los derechos políticos.
Un sinfín de promesas son presentadas. Entre ellas destaca como cumplida cabalmente al tomar posesión del Gobierno en 1999, la convocatoria y realización de una Asamblea Nacional Constituyente con el fin de transformar el Estado y producir un nuevo ordenamiento jurídico.
Surge una nueva Constitución que reconoce un abanico de derechos que se definen y caracterizan, garantías para su ejercicio, la responsabilidad del Estado en el cumplimiento de los mismos, igualmente normas que transforman la democracia formal y postulan la democracia participativa y protagónica, se avanza en algunas figuras para la descentralización, se afirma el carácter mixto de la economía con importante rectoría y participación de los intereses públicos.
Sin embargo, en ese mismo texto se debilita el control de la sociedad sobre la Fuerza Armada Nacional, se disminuye el número de representantes del pueblo, se elimina la Cámara del Senado que en una República Federada es muy importante, se prohíbe el financiamiento público a los partidos políticos y el derecho de organización de ciertos grupos de funcionarios públicos, entre otras desviaciones o limitaciones graves a la desconcentración del poder, al pluralismo y la democracia.
No se cumplen las promesas: es un fraude
Se anula la vigencia práctica de la Constitución, en lo que respecta al ejercicio de los derechos políticos y libertades públicas por parte de los ciudadanos y de las organizaciones políticas, sociales y sindicales, así como al control de la sociedad y el Parlamento sobre el Poder Ejecutivo y otras instancias del poder. Ahora, en lo que respecta al ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, los intereses del partido de gobierno y los aparatos armados ha sido plena.
Las promesas han sido defraudadas rotundamente, no obstante que fueron primero de carácter electoral, luego plasmadas en la Constitución, en los planes de la nación y finalmente en varias definiciones y proclamas sobre los objetivos a corto y largo plazo.
La esencia del fraude
La esencia del fraude consiste en lo siguiente: 1) Pretender sustentar el cumplimiento de las promesas sobre el ingreso petrolero desmesurado producto del aumento de los precios por efecto de acontecimientos externos, sin crear las condiciones para eliminar las limitaciones distorsiones y debilidades del aparato productivo nacional. 2) La anulación del pluralismo mediante un marcado sectarismo y personalismo que provee una sola visión e impide el ejercicio de controles y el equilibrio institucional. 3) Priorizar erróneamente los sectores financiero y comercial por encima del sector industrial, agroindustrial y agropecuario. 4) Colocar en puestos claves a personas y sectores calificados por lealtad personal y partidista, sin la capacitación adecuada, los méritos, valores y el compromiso con los fines el servicio público. 5) Una enorme corrupción impune que descapitaliza y encarece la gestión, desvía el sistema de prioridades, inhibe la supervisión, corrección y establecimiento de responsabilidades y castigo. 6) El marginamiento de los sectores sociales debate, de la toma de las decisiones y el ejercicio de la ejecución y la supervisión contando con la información adecuada y oportuna. 7) Ausencia de transparencia en la gestión pública y de datos y diagnósticos confiables que permitan la elaboración de políticas y planes y el ejercicio del control de los mismos. 8) Un enorme desorden en la aplicación de las políticas y cumplimiento de planes que imposibilitan y frenan la acción de gobierno.
Pudo haber sido
Decimos lo que pudo haber sido y no fue, porque la sociedad venezolana por el proceso expuesto al comienzo fue asumiendo progresivamente la necesidad de un cambio y preparándose para producirlo incluyendo los sacrificios o privaciones necesarias para ello. No se dieron saltos al vacío, la paciencia y la conciencia se impusieron sobre los impulsos. Se otorgó el poder institucional y el apoyo de voluntad y acción para empujar y construir el cambio. Se tenían las capacidades técnicas, bastante experiencia en procesos productivos, disciplina y calificación laboral, las instalaciones industriales, las tierras y buena parte de la infraestructura de comunicaciones y servicios para acometer el cambio. La propiedad estatal del recurso fundamental y las empresas básicas otorgaba facilidad para la disposición de recursos financieros y materiales a fin de dinamizar los planes y cumplir con los proyectos. Por un feliz azar se contó con gran disponibilidad financiera con el aumento de los precios del petróleo.
Una actuación más responsable de los sectores dirigentes de la política y la economía nacionales, más consciente de los intereses del país y más comprometida con el bienestar creciente y sostenido de la población venezolana para construir un futuro mejor habría podido superar las limitaciones del déficit de conocimientos y de los errores de impaciencia de la oposición y el sectarismo excluyente del gobierno.
Una crisis profunda se creó, casi un colapso.
Lo que tenemos ahora es un país descapitalizado y endeudado, con el aparato industrial básico y liviano desmantelado, con la industria petrolera y petroquímica en severa crisis, hiperinflación, recesión y escasez, con dantescos planes de entrega de los recursos a potencias extranjeras y de destrucción del ambiente, con la emigración de más de cuatro millones de connacionales dentro de los cuales existe una enorme capacitación, una indisciplina laboral producto de la política de bonificación, los servicios insuficientes y deteriorados, la institucionalidad desequilibrada y caos, gran inseguridad ciudadana, jurídica y social, escepticismo generalizado en los mecanismos democráticos de acción y corrección.
Con un cambio podrá ser
Sin embargo, el país no está quebrado, como se ha dicho en algunos foros, el país tiene grandes reservas naturales (petróleo, gas, hierro, energía eléctrica), sigue teniendo talento y capacidad técnica y puede obtener la ayuda externa para superar esta grave crisis. Lo que está quebrado es la gerencia pública, también se ha dicho, y es lo que debemos cambiar para poder reconstruir, reorganizar y recrear nuestra nación. Para que podamos decir lo que pudo ser, puede ser y será.
