@OttoJansen
¿Qué sucede de distinto en los pueblos del sur del estado Bolívar al compararlos con las otras ciudades de Guayana? Es un tema recurrente en esta columna, pero inevitable. La devastación minera es la principal causa de perdida de bosques, lo certifican observatorios de la materia: “La plataforma internacional de monitoreo ambiental situó al país en la posición número 18 de 103 naciones evaluadas por deforestación. Para abril de 2025 se habían perdido unas 27 mil 500 hectáreas de bosques tropicales, mayormente concentradas en el sur del río Orinoco, en los estados Amazonas y Bolívar”, indica la nota aparecida en el portal de El Carabobeño y reproducida por Correo del Caroní el 30 de junio.
La información sobre la problemática ambiental global, en la que aparece nuestro país, es para la atención guayanesa la punta de muchas problemáticas como secuelas de un anárquico extractivismo minero de entremezclados factores institucionales, políticos, sociales y económicos. Esto al menos garantiza que la materia no pueda ser desestimada, sin testimonios de luchas en una sociedad en vías de aniquilación democrática. Los pueblos del sur de Guayana, todos caracterizados por la dinámica de la extracción de oro, las distorsiones de la moneda, las jefaturas de bandas delictivas y el papel cómplice de los órganos de seguridad, si no estaba planeado, ahora se están convirtiendo en los laboratorios de prueba del control social, en los que estos municipios (El Callao, Sifontes, básicamente, pero también Gran Sabana) son campos de desahucio, de envilecimiento, de automatización de un sistema que tiene jerarcas políticos con poder indefinido. En lo estructural de la cotidianidad, las urgencias de estos pueblos tienen los mismos sobresaltos económicos que en los centros urbanos pero con diferencias superlativas en las mínimas condiciones de calidad de vida, como puede entenderse. El Dorado, un histórico pueblito del sur guayanés, por ejemplo, a la vez que se ha incrementado en número significativo su población con contingentes nómadas que se mueven según “estallen” las “bullas” de los contornos, es una comunidad insalubre, expuesta a epidemias de cualquier tipo. Es un pueblo sin futuro, en la gestión de su gobernanza local (como todos esos caseríos del eje kilómetro 0 a Las Claritas y al kilómetro 88), un pálido apéndice de las arengas políticas de la revolución bolivariana; moldeada por la ilegalidad, de escondite del hampa y dormitorio de la aventura, bien sea la de los esfuerzos en los barrancos mineros o para transitar el submundo de los sindicatos. Para esos linderos, del mismo modo como la crisis económica aprieta en el territorio nacional hasta la precariedad más honda, para esos pobladores “el oro se pone mañoso; se esconde”, sobreviviendo -si les va bien y pueden permanecer en las bullas- con puntos de oro que cambian por comida y si tienen algo más que unas cuantas “gramas”, hacer el cambio en dólares para salir a Upata, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar y con la ayuda de Dios al resto de Venezuela.
¡Orden en la pea!
“La huella de la minería, especialmente de la aurífera, no es solamente la de las áreas directamente impactadas, que son más de 177 mil hectáreas (incluyendo el sur del Orinoco y el Territorio Esequibo), donde vemos suelos desnudos y removidos, lagunas producto del lavado de desechos, campamentos mineros y vegetación arrasada. Su impacto además se extiende a ríos, aguas subterráneas, plantas, animales y poblaciones humanas, debido a los severos procesos erosivos (…)”. De La minería en la Amazonia venezolana. SOS Orinoco. Junio 2025. Reciente actualización de la huella minera.
Como se constata, las problemáticas se entrecruzan estableciendo el horror para el recurso natural y la presencia humana. Las soluciones no serán fáciles pero lo inmediato es la conciencia y determinación, el trámite obligado de enfrentar los tentáculos de la ilegalidad y criminalidad que se expande en el tejido social y en el frágil espacio ambiental donde solo van acumulando residuos de una intervención despiadada. Hace unas pocas semanas atrás, se produjo un enfrentamiento entre las bandas anti sociales que operan en El Dorado, de esos ajustes -según distintas versiones no oficiales y difíciles de comprobar- resultaron varios asesinados en establecimientos y en predios de las minas. Teniendo conocimiento del control anti social en aquella jurisdicción (ArmandoInfo. Publicó en junio de 2023 un ilustrativo reportaje denominado El ‘Negro Fabio’ encontró su Dorado), los pobladores callan, las autoridades voltean la cara, Alcaldía y Gobernación eluden y se esconden del tema. No hay instancia u organización partidista (cascarones aliados de la revolución) que manifieste inquietud de dejar registro a un problema vital para el presente y futuro de la región y el país. Es un territorio ocupado, como lo hicieron las guerrillas colombianas con pueblos de su país, solo que ahora la modalidad – no conocida en otra parte de Venezuela, expresa el periodista Fritz Sánchez al consultarle- se incrusta en los municipios del sur de Bolívar, en los que esa gobernanza criminal se consolida. La política oficial, que no es la de la resistencia democrática, la lucha social, de derechos humanos, presos políticos o de las penurias económicas, desde su identidad caricaturesca, se encuentra ocupada en los tejemanejes que puedan proporcionar negocios o cargos en la línea trazada por el chavismo de perpetuar el secuestro de Venezuela. Los autodenominados dirigentes de la presente coyuntura nacional, post 28J, son voces de utilería. Los más valientes se plantan en la calle y en nombre de la moral (que no es la misma que asesina o depreda), solicitan, a viva voz, al Estado mafia que se apresure a sacar a las mujeres de la vida alegre de la plaza pública: ¿Orden en la pea? Siendo 177 mil hectáreas las devastadas hasta el presente, pronto estaremos sin territorio y sin país.