@ottojansen
Hace ya dos semanas, cinco personas fueron halladas asesinadas en la población de Cabruta, cruzando el río, frente a Caicara del Orinoco. Eran, según se conoció, campesinos ajusticiados supuestamente por la guerrilla colombiana, residentes de Santa Rosalía, pintoresca población a la sombra de una exuberante montaña a 40 minutos, aproximadamente, de la capital del municipio Cedeño al oeste del estado Bolívar. El episodio ha tenido poca repercusión en la región, a pesar de las extrañas circunstancias de esas muertes.
En Cagua, estado Aragua, murieron calcinados 11 muchachos en un cañaveral buscando conejos, lo que tuvo amplia repercusión en las páginas de información y hasta grotescas fotos se observaron por las redes sociales, pero cuya magnitud de causas y motivaciones solo quedó en manos, por lo que se desprende de las infelices declaraciones de voceros del Estado usurpador, de aquel pueblo, la humilde comunidad y de sus adoloridos familiares. En Ciudad Guayana, la presión de la población en los casos del femicidio de la jovencita, que involucró al Club Ítalo, y recientemente el accidente automovilístico donde perdió la vida una estudiante de Comunicación Social de la UCAB Guayana, ante las maniobras surgidas para inculpar desde la acción judicial a los responsables de los delitos, expresan la indefensión ciudadana; sin contar el desamparo de los sectores más populosos de la ciudad ante el horror del transporte público -como en toda la región- y las movilizaciones impresionantes de noche y de día que se producen en las ciudades para surtir combustible y que semejan a esos nutridos enjambres de abejas y hormigas.
Son las postales crudas de reacción al funcionamiento del sistema de justicia venezolano: su ausencia, inutilidad, que incuban desdén y hastió por parte de la población. Lo que induce a pensar en qué queda de la justicia como derecho y servicio, y que obliga a una pregunta más concreta ¿Por qué la protesta de los guayaneses que señala el informe 2019 de Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), reseñado hace unos días por Correo del Caroní, no termina de poner en su lugar al Estado indolente que se ampara en el ropaje ideológico? ¿Por qué esas manifestaciones de protesta de las mayorías sociales no se hacen más directas en el rescate de la ley, del orden constitucional, determinadas a presionar por cambios y soluciones definitivas?
Paz social
La paz social no es condición estacionaria e inerte de la sociedad. No es tampoco un propósito inalcanzable o de obtención por sí solo. Además de construir esa paz (fuera de las consignas huecas) es menester cuidarla y otorgarle los mecanismos que la hagan posible desde los aspectos cotidianos más simples o sencillos; igualmente, con el soporte de programas visionarios y obras de beneficio común. Para eso están las instituciones, las normas, el gobierno y el Estado. Son sus principales garantes, además de la conciencia y la labor de la ciudadanía. De allí que vista las múltiples deformaciones de la estructura social, política y económica de Venezuela, es de sentido común preguntarse: un Tribunal Supremo de Justicia -la más alta instancia de ley de la sociedad- que se comporta como un actor político de choque, que persigue a otros poderes públicos, constitucionalmente independientes, ¿puede ser guía para una sociedad corrompida, anarquizada y sin dirección?
Siendo así en los altos designios del destino de la República, donde el relajo y las maniobras son detectados hasta por los habitantes sin el conocimiento de rigor de leyes y procedimientos, ¿cómo no va a ocurrir lo que vemos diariamente en las comunidades, ciudades, pueblos y caseríos, en los que solo la oración a Dios le protege? El municipio El Callao es un permanente foco de asesinatos, bien por los antisociales, bien por las fuerzas de seguridad. La jefatura de la Guarnición militar en Tumeremo ha tenido fuertes denuncias sobre su proceder contra los habitantes y a estos les ha costado tener que mudarse a otros pueblos para evadir las represalias. ¿Quién se expone contra los pranes y colectivos que controlan barriadas y urbanizaciones en San Félix y que hace poco dieron muestras de su poder con la muerte de un dirigente comunal? Por supuesto con el caos que produce la desaparición de la moneda, es en los sectores más débiles, en las poblaciones más desmanteladas, donde se acarrean mayormente las consecuencias. Y con la situación de la crisis de la gasolina, el calvario de padecimientos parece ser lo de menos para los usuarios, ante irregularidades, delitos y tramoyas que involucran a autoridades civiles, policiales y militares. De esta manera tenemos el mejor caldo de cultivo para la violencia. ¿Qué civilidad es posible? ¿Cuál resolución realista ante los obstáculos y saltos a la Constitución, el derecho y justicia, que emplea con total desparpajo el gobierno de facto de la revolución?
Fuerza ciudadana
De allí la obligación para la sociedad civil, con los reducidos partidos políticos, de la convocatoria al rescate de la democracia. Vendrán momentos para aportes de las naciones civilizadas, pero toca a los venezolanos no dejarse humillar más en cada violación a la ley por los gendarmes de la revolución. Sentando la fuerza de la sociedad civil en la defensa de los derechos y la justicia más completa.
