“Las acciones depravadas y perversas son propias
de una sociedad gravemente enferma”.
Alberto Arteaga Sánchez
El último de los grotescos episodios de violencia inusitada en nuestra Venezuela fue el denigrante caso de un menor, maltratado por los bajos instintos de su grupo familiar. Pero este caso, que como todos los de esa naturaleza tiende al pronto olvido, se encuentra más “naturalizado” de lo que la vista pública conoce y están en todos los estratos sociales de las comunidades y regiones de la Venezuela del tiempo actual.
Pueden enumerarse casos de femicidios, que, como copia al carbón, se producen en casi todos los municipios de Guayana; estos han sido imposibles de detener, pese a los llamados de los especialistas y los múltiples trabajos periodísticos que la prensa que aún queda ha venido haciendo en los últimos años. Pero a esa agresión repetida se han sumado los infantes abusados o que se han convertido en víctimas fatales; proyectándose cifras pero sobre todo situaciones dramáticas y aberrantes de la violencia que subyace en el tejido social nacional. El enfoque general de la crisis deriva hacia la familia que, como pilar del país, también le toca, de manera similar a como ocurre con la pulverización de la moneda, la precariedad de la calidad de vida y los servicios públicos. Igual incide al cuadro familiar -repito- con el desmantelamiento, falta de rumbo, ausencia de normas, horizontes de valores y autoridad, que proporcionen umbrales de contención a ese desbordamiento de desmoralización colectiva.
La Encuesta de Condiciones de Vida 2022, presentada por la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) en semanas anteriores, proyecta indicadores relacionados con elementos que son inherentes a la depauperación de la existencia nacional, y que por supuesto influyen en esas conductas. Dice Encovi, por ejemplo: “Se reduce la cobertura educativa entre la población de 3 a 17 años. El retorno a la presencialidad ha ocurrido con una menor cobertura en las edades de cursar educación inicial, primaria y media. Se estima en millón y medio el volumen de niños, niñas y adolescentes que permanecieron fuera del sistema educativo en el período 2021-2022”. En otro de los renglones detectados, expone: “Cae la pobreza por primera vez en 7 años. La desigualdad en todas sus formas comienza a ser una constante en la realidad venezolana”.
El Observatorio Venezolano de Violencia en sus recientes estudios y comentarios desde sus cuentas de redes sociales de finales del mes de noviembre, señala: “Al examinar la base de datos, y comparar los tipos de muerte con el tercer trimestre de 2021, se observa que los infanticidios -muertes violentas de individuos menores de 1 año- se duplicaron”. Igual manifiestan: “La violencia no letal registró en este tercer trimestre de 2022 un crecimiento de un poco más de 11%, como resultado de la adición de 77 víctimas, al compararla con el mismo periodo de 2021 (…) las condiciones de desigualdad social y de género en las que viven muchas mujeres en Venezuela las han empujado a ejercer la violencia, desempeñar un rol activo en grupos delincuenciales y practicar agresiones”. También destaca: “La crisis humanitaria que vive Venezuela deja en evidencia la violencia contra la mujer. Según el Observatorio Venezolano de Violencia, los casos han aumentado 41% en lo que va de este 2022”.
¿Soluciones?
A estas alturas del tiempo no hay alarma que valga, al rigor de lo expresado por los analistas que con mesura y precisión dejan claro que “en Trujillo no existe un programa integral de atención que garantice el debido tratamiento y seguimiento a las secuelas que deja la violencia de género, delincuencial y policial, tanto a víctimas, como a victimarias”. En esta cita se habla específicamente de Trujillo, pero es la misma realidad comprobada en todos los estados de Venezuela. A ese señalamiento, lo concreto en la vida social de nuestros municipios es el impacto que produce cada episodio, similar siempre en sus características. Impacto por los acontecimientos, por la impunidad y ausencias, en la acumulación del mal que se va expandiendo, mientras las cúpulas institucionales: los gobiernos locales, regionales y el nacional, desde su concepción revolucionaria y en los objetivos políticos de preservar el poder, se ocupan de crear escenarios artificiales de felicidad y de gestión, en los pueblos y ciudades.
La sensibilidad y la solidaridad se encuentran acosadas; existen manifestaciones de la propia sociedad guayanesa pero por supuesto limitadas y en algunos casos penetradas por los intereses de grupos recostados al régimen.
Los gremios vinculados al trabajo social especializado apenas sobreviven en el espacio público e intentan proyectar su existencia y sustento desde el ejercicio privado; es decir, no hay posibilidad integral de ver la desgracia con las vertientes que las carencias e incompetencias van dejando, y en lo esencial, propiciando, el desmadre en la parte humana y directa de la crisis. De allí que como lo sostiene, el conocido jurista, Alberto Arteaga Sánchez, Venezuela está gravemente enferma, y a esa condición, ya vamos llegando tarde, agregaríamos nosotros. El plan de rescate de los derechos es abstracto, o inútil, hasta que no convirtamos voluntades de bien en acciones firmes, calificadas; conectadas con la población. Además, con las nuevas generaciones de punta de lanza en esta cruzada. No es improvisado, ni rutinario, el discurso social y político que fecunde esperanzas a una sociedad en estado comatoso.
