“Este asunto de la electricidad, que un día se va a las 10:00, el otro a las 12:00 y otro no se va, me tiene toda angustiada, y casi no me deja pensar en otras cosas. No he podido llevar a mi hijo al Registro Electoral, tiene ya 18 años y tiene que inscribirse. El punto me queda un poco lejos, pero haré el esfuerzo”. Me comentó una señora en Barquisimeto. Al menos ella, a pesar de ese sube y baja de la electricidad, tiene presente animar a su hijo a inscribirse en el RE. No está fácil, pero la vía es esa: participar, ejercer nuestro derecho al sufragio contemplado en el artículo 63 de la CRBV.
Un requisito para votar, ya se sabe, es estar inscrito en el RE, pero resulta que apenas dan un mes para hacerlo a más de 2 millones de jóvenes que nunca han votado, tienen que inscribirse, y los puntos abiertos por el CNE son insuficientes: 315 y hay 335 municipios en el país, o sea, que ni siquiera están incluidos todos los municipios, eso aleja las posibilidades de lograr dicho registro.
No basta entonces con enunciar el artículo 63, hay que insistir en facilitar los pases para poder votar. No hablemos de la cantidad de ciudadanos que deben actualizar sus datos por cambio de residencia. Sume a esto el horario tan estrecho de esos puntos de registro: de 8:30 a 3:00 de la tarde, ¿y qué pasa en esas ciudades con apagones de 3, 4 y hasta 5 horas? Hace unos días en Barquisimeto pasé por la oficina del CNE en el municipio Iribarren, la permanente que está ubicada en el este de la ciudad, y no vi ninguna cola. Me acerqué a preguntar si estaban trabajando, puesto que había gente adentro y me dijeron: “estamos los funcionarios, pero no tenemos electricidad, no podemos atender gente”. Casi me puse a llorar, pues en toda la ciudad se está yendo la luz casi todos los días… Pensé en Maracaibo, en San Cristóbal, con situaciones peores. ¿No habría que extender ese período para actualizar el registro electoral?
Hay que exigir la garantía de los derechos. El 63 requiere de puentes. Votar es la manera pacífica y democrática para tomar decisiones importantes en un país.
Pasemos a otro derecho muy vulnerado, la educación. El 1 de abril se celebró el Día Mundial de la Educación. La nuestra, ya se sabe, está en emergencia desde hace rato, en terapia intensiva. Bastan 3 datos para corroborar lo que afirmamos: dos millones 800 niños, niñas, adolescentes y jóvenes en edad escolar están fuera de las aulas, según cálculos de la Escuela de Educación de la UCAB. ¿Han escuchado Uds. alguna campaña, algún llamamiento a esa población para que se reincorpore a las aulas? ¿Se ha hecho algo?
Recordemos que según el artículo 102 de la CRBV: “la educación es un derecho humano y un deber social fundamentales democrática, gratuita y obligatoria”. Agregue el 103, “toda persona tiene derecho a una educación integral de calidad, permanente, en igualdad de condiciones”. Y más adelante dice que “el Estado realizará una inversión prioritaria, de conformidad con las recomendaciones de las Naciones Unidas”; habla también de que el Estado creará y sostendrá instituciones y servicios suficientemente dotados… ¡De verdad la educación es prioritaria en este país? ¿Ha visto usted el estado de la mayoría de las escuelas públicas? ¿Y el de las universidades, antes orgullo de muchos? Dan pena y lástima… Y sume el famoso lamentable “horario mosaico”, según el cual, en las escuelas públicas -el 86% de los centros educativos- se atienden alumnos apenas 2 o 3 días a la semana. ¡Claro, con esos salarios de hambre tienen que buscar ingresos en otras tareas! Son los más bajos de toda América Latina, incluso más bajos que los de Cuba y Haití. ¿Educación integral y de calidad sin recursos?
Haciendo lazo con este punto, el salario de los educadores, conviene citar el artículo 91 de la CRBV. “Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”. No lo estoy inventado, lo dice la CRBV. ¿Para cuánto le alcanza a un educador su salario? Con hambre no se puede enseñar.
Hay que seguir citando nuestra Carta Magna, tanto los ciudadanos en general como los funcionarios y políticos tienen que tenerla presente.
