Eso de que la política es una combinación del fondo y de las formas, no es todavía una práctica de las democracias latinoamericanas. En este instante así lo demuestra la nación peruana, que saliendo de los bandazos de la ineptitud y populismo en la gestión del expresidente Pedro Castillo, ha continuado en los filos del abismo institucional enfrentando, otra vez (por propias responsabilidades, dicen los conocedores) acechanzas que no cesan en un nuevo episodio de acusaciones de supuesta corrupción.
Hay muchos intríngulis que no conocemos. Por la condición forastera no nos toca hacer valoraciones del juego político directo que se desarrolla con el nombre del “Rolexgate”. Pero si como observadores de la dinámica democrática, han de abordarse los procesos que, con las sombras del fariseísmo, ya tienen largo recorrido en estas naciones y tienden a repetirse sin el respeto que implica la estabilidad social, la fortaleza institucional, la gobernanza trascendente, el cuido de las libertades y los muros a la contención del aventurerismo.
El asunto empieza por una investigación periodística que concluye en el uso ilícito de esta marca de relojes por la presidenta Dina Boluarte. Ha seguido a ese reportaje la ocupación de las autoridades judiciales que, legítimamente pueden desarrollar la investigación adecuada a cada funcionario público, sin embargo, el asunto a partir de allí parece empantanarse con las maneras que se han de tener presentes, tratándose de la Presidenta de la República. En el celo profesional de la separación de poderes, puede entenderse, obliga a la firmeza en la investigación, pero ciertamente luce inapropiado (al menos desde la distancia del común) la estridencia, el modo del allanamiento a la residencia de la mandataria (que ha tenido a posteriori reclamos y también explicaciones de los funcionarios judiciales asegurando el uso de la ley) como si fuese posible en fases de recolección de pruebas, exponer al escarnio público a la primera funcionaria del Estado. Ahora el punto ha tomado tal nivel de ruido, teniendo en cuenta la contribución a la que están obligados los organismos en defensa de la institucionalidad, que ha salido al paso la Conferencia Episcopal peruana, en voz del cardenal Miguel Cabrejos Vilarte, exigiendo con un comunicado el respeto y el uso apropiado de los equilibrios y aplicación de la justicia. Esto llama la atención, ya que en ningún otro momento reciente habíamos visto a la Iglesia Católica de este país opinar tan claramente en estos teje manejes del gobierno, organismos y probables intrigas políticas. El caso sigue en curso porque ha habido fallas, omisiones y responsabilidades que tienen que tener (en el mejor desempeño de las experticias democráticas) el conocimiento de la opinión pública.
El diablo espera
Si bien en los predios públicos de Lima que concurro: parques, mercados o en el transporte, no encuentro reacción especial de la gente sobre el tema. Un comentario con que he tropezado con bastante frecuencia es el mencionado desprestigio del estamento político. Esa valoración enfila por lo que aprecio al panorama general que reclama mayor dinamismo parlamentario, de gestión del Ejecutivo y de demostración de sensibilidad en temas específicos vinculados con las regiones y los derechos de representación. Los puntos de cómo abordar la justicia social en áreas de servicios o en el área laboral son aspectos (tomados de una forma elemental en nuestra observación), que no hablan por sí mismos de la desconfianza, pero sí de intranquilidad sobre los liderazgos de posiciones conservadoras o más liberales. Es por eso que, ante acusaciones vinculadas al supuesto de la corrupción, tan lleno de suspicacias extendidas con el ejercicio de la política, sea imperativo saldar el episodio con las explicaciones ajustadas a la ley. Pero del cumplimiento de las normas a contribuir con el escándalo y poner en bandeja de plata a la república, a los grupos de intereses oscuros debería tenerse especial cuidado.
Se juega mucho con las libertades y a la ciudadanía le corresponde ser vigilante de la fragilidad de la democracia como sistema de derechos. Todas las instituciones deben aprender a escuchar; allí está el meollo de su ejemplaridad para evitar pesadillas que fomenten la semilla autocrática. Desde las exigencias o condiciones de los más desfavorecidos hasta los que actúan en la cumbre del poder político tienen que contar con garantías expeditas, cosa que se desestima y en algunos casos (sobre todo a los más desvalidos) se les niega. Siendo verdad que los derechos no pueden entenderse como un “chicle” que se alarga, tampoco la justicia es un “garrote vil” para además hacer gala de los castigos en la Plaza Mayor, tal como en las ejecuciones públicas coloniales.
Con las diferencias del caso y las responsabilidades que hayan de establecerse en la tierra inca, en Venezuela el aparente mal uso de la partida secreta del gobierno del presidente Carlos Andrés Pérez en los años 90, sirvió para defenestrar al entonces mandatario, abriendo las puertas al totalitarismo revolucionario, que en el 2024 desaparece montos gigantescos del tesoro público, arruinando al país y dejando como insignificante, comparativamente, aquellos dólares de la partida presupuestaria de Pérez. Pensar en la democracia que incluye al Estado de derecho, a sus representantes (de nuestras simpatías o antipatías) ha de hacerse con espíritu de grandeza y con la debida visión por las consecuencias. Una cosa es invocar al diablo y otra verlo llegar, dicen.
