martes, 28 de junio de 2022

Las batallas por el agua

Los bolivarenses no tienen acceso a los montos asignados para la construcción de acueductos modernos ni a los documentos oficiales para determinar los millones de bolívares o dólares que debían mostrar las obras culminadas, mil veces diagnosticadas en décadas pasadas. | Foto cortesía

Los bolivarenses no tienen acceso a los montos asignados para la construcción de acueductos modernos ni a los documentos oficiales para determinar los millones de bolívares o dólares que debían mostrar las obras culminadas, mil veces diagnosticadas en décadas pasadas. | Foto cortesía

@OttoJansen

A estas alturas de la pavorosa crisis nacional en que nos encontramos en el estado Bolívar, nada de absurdo tiene la deducción de que las manifestaciones sociales, a partir de algún momento, tendrán de motivo la desastrosa situación del servicio de agua en todos los municipios. Más que las distorsiones que la población padece por el Arco Minero y sus diversas consecuencias de violencia y deformación social, es la terrible situación del agua que cada vez más se convierte en otro grave suplicio, en contraste con lo que significan la pesadilla de comprar gasolina, la inclemencia de la hiperinflación, la latente emboscada de la pandemia y la vista de los escombros de unas empresas básicas que hacen juego escenográfico con el abandono de Ciudad Guayana, pero es peor con el resto de las ciudades de la región.

Los bolivarenses no tienen acceso a los montos asignados para la construcción de acueductos modernos ni a los documentos oficiales (como la Ley de Presupuesto del estado Bolívar o Informes de memoria y cuenta) para determinar los millones de bolívares o dólares que debían mostrar las obras culminadas, mil veces diagnosticadas en décadas pasadas.

Lo primero que hay que apuntar son las cifras de la empresa minera canadiense Crystallex, que comenzando la era del general Rangel Gómez en la Corporación Venezolana de Guayana y en condición de pago por la concesión de explotación de Las Claritas en el municipio Sifontes acordó por adelanto un pago de aproximadamente 25 millones de dólares (cifra por verificar) para el arranque del acueducto del sur. Ese dinero nunca apareció y las consecuencias directas son parches y remiendos en equipos obsoletos, mientras la población de Piar, Roscio, El Callao y Sifontes sufren estrepitosamente por la falta de agua por tuberías. Pero este primer movimiento financiero, nada claro, del general Rangel se convirtió en leyenda urbana (¿existió o no?) por responsabilidad directa de los incondicionales diputados regionales del PSUV, que ni apelaron a la contraloría institucional ni nunca alentaron la contraloría social. Por supuesto los dos diputados de oposición, para el momento atrapados entre el reglamento interno del Consejo Legislativo para el debate de la materia, y al final “acompañando” (no sin cálculos personales o grupales) la fiesta tranquila de los intereses de los diputados rojos, nunca mostraron determinación de hacer valer la representación popular.

Los diputados de los factores democráticos, en posterior periodo legislativo, nunca entendieron el papel de enfrentar, más allá de alguna puntual denuncia, los desmanes y la ofensiva publicitaria del chavismo en Guayana, relacionada con la ficticia e irregular gestión en los servicios públicos.

El espejismo del oasis 

La tan mencionada cifra del acueducto del sur no fue sin embargo la única operación de inversión que nunca terminó en nada, así como tampoco fue el único movimiento administrativo que se hizo con la promesa de mejorar el servicio de agua. La creación de la empresa Hidrobolívar, que confirió mediante acuerdo con las alcaldías del estado la potestad municipal del servicio a esta operadora regional, controlada por la Gobernación del estado Bolívar, proyectaba el mejor uso de los recursos e inversiones, siguiendo el ejemplo de la experiencia del estado Monagas, que desde hace muchos años había mostrado un óptimo desempeño.

En Bolívar las cosas no ocurrieron de ese modo y el plan de acueductos para Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Piar o Caicara del Orinoco, en el mejor de los casos, se convirtió en fuente de aportes nacionales extraviados cuya infraestructura inoperante en este 2021 es el mejor testigo de la cada vez más extendida sequía por tuberías en comunidades y barriadas.

Lo que no ha parado es el irrespeto por el sufrimiento de la gente: es una constante, un modo de practicar la política. Es el caso de Upata, cuyo 80% de los habitantes quedaron sin el servicio esta misma semana. Las respuestas es solo fotos y declaraciones de la alcaldesa en activa campaña por sus elecciones, sin que se conozca el reporte técnico de la desdibujada Hidrobolívar, que de paso estrenó presidenta. Ahora el chavismo sabe lo que tiene entre manos. En estos días que aúlla la crisis ensaya algo llamado la “fiesta electoral”. Trasladan direcciones y organismos de la GEB a las órdenes del candidato de la revolución: uno, porque el peso del gobierno es el que vale y no el del diluido partido. Dos, porque es el tipo de diseño de campaña que nacionalmente llevarán a cabo. Ningún movimiento de estos permite abordar soluciones a la emergencia del servicio de agua en Guayana, pero consolidarán la estabilidad del régimen con unas elecciones donde la suerte está echada.

Para los intervenidos factores opositores en la región, ningún elemento de los descritos provocará su reacción; no hay coraje democrático para acompañar a la gente. Pequeñas movilizaciones de guayaneses, constantes y decididas, se observan en luchas por el agua, que más que nunca representa el valor de la vida. Es la existencia misma en un desierto agigantado, con la paradoja tan trillada de tener la existencia de innumerables ríos, únicos en el mundo.

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