“(…) el bien común es la expresión del fin o razón de ser de una comunidad determinada”, Diego Poole, profesor titular de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid), en ensayo Bien común y derechos humanos.
Nos encontramos en la agitada y violenta dinámica de uno de los intentos de fraudes más grotescos a comunidad nacional alguna; con la estafa defendida de un robo descarado a la soberanía popular en Venezuela. Son días, estos primeros de agosto, de tensión en el escenario de la mentira retorcida y amparada a través de mecanismos institucionales para que la gente se trague la carreta, las ruedas y las mulas, como hostias, de un proceso cargado de agresiones. Ante ello, a todos nos llega a impactar, no puede ser de otra manera, el desglosamiento de los resultados electorales en sus detalles, en los que por ejemplo las denominadas bases de misiones, suerte de instancias en las barriadas -algunas con buenas infraestructuras- que tuvieron su mayor esplendor en los primeros años de gestión del comandante muerto; controladas para fines partidistas, naturalmente por el Partido-Estado-Gobierno de la revolución, han sido precisamente las que en su mayoría y abrumadoramente han votado contra el modelo que una vez fue su guía.
No es un detalle menor en una atmósfera, como lo fue, cargada de los discursos y fetiches de la revolución cubana, a la par de las consignas de la alianza cívico-militar y otras especias criollas; exhibidos en esos centros y que tras 25 años ahora han pisado la realidad terrenal, lo que es en los hechos valorar el bien común y los derechos ciudadanos. Serían los años de apogeo de aquellos debates nacionales sobre la implantación del modelo comunal o hacer respetar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus alcances del planteamiento democrático. Con una clara mayoría de los guayaneses en las comunidades que esperaban las líneas del programa de televisión de Chávez Frías, que conocí por primera vez lo que era una base de misiones. Fue en la parroquia Pozo Verde de Ciudad Guayana, acompañando a algunos amigos que empeñados en constituir sus cooperativas (esa “fiebre” que arrastro a la población), acudieron hasta esos miembros de aquella base para escuchar sus asesorías. ¡Cuánto tiempo! Estando residenciado en Ciudad Bolívar no pude sino contemplar con la rapidez de un paseo muy singular, algunas de las características de aquella sede: un espacio pequeño, a la entrada del caserío, si mal no recuerdo, con numerosos listados pegados en las paredes y con toda la escenografía de una organizada sala situacional de la parroquia. Era pues Pozo Verde, comunidad reforzada por la tradición de presencias de movimientos insurgentes revolucionarios en décadas lejanas, con todavía cédulas de partiditos de izquierda, inexistentes en el resto del territorio del estado y de Venezuela, un sitio “liberado” del capitalismo y del imperialismo.
¿Qué dirán en estas horas de encarnizada persecución a los venezolanos acompañantes de González Urrutia y María Corina Machado, los dirigentes rojos de la parroquia, con el asunto de las actas del proceso electoral del pasado 28 de julio? Actas cuyos resultados el poder chavista no quiere se conozcan; cuando aunque muy malogrados, con apenas por tres votos (47% para el oficialismo y 46% para Edmundo), fue seguramente la única base de misiones en la región guayanesa donde ganó el proceso. Ahora no puede mostrar la constancia.
Ausencia del Estado, arbitrariedad y falta de porvenir
Los venezolanos vamos dejando atrás la abstracción de los conceptos relacionados con la justicia, protagonismo ciudadano, la calidad de vida y preceptos constitucionales como: “(…) un Estado democrático y social de derecho y de justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político”. Cada vez estas líneas son actos específicos y concretos. Acciones y desarrollos que se ha aprendido evaluar y las comunidades lo hacen, tal como sucedió en las elecciones presidenciales del 28J, que indicó resultados del hartazgo a la farsa socialista, decidiéndose por el cambio.
Los tantos discursos, promesas y proyectos que harían cumplir el sueño de la justicia social y la consolidación de la felicidad colectiva a través de la pureza revolucionaria se volvieron pesadillas para el habitante común, testigo de una corrupción gigantesca y a la vez de la miseria general. El modelo chavista devino con rapidez en mayor profundización de la desigualdad, la más vociferada de sus supuestas preocupaciones. Nació la boliburguesía; se estableció la nomenclatura del gobierno llenándose de privilegios, mientras los pobres aguantaban la precariedad y el hambre, pendientes de la narrativa del bloqueo -tipo Cuba- o los saboteos de los “lacayos del imperialismo”. Pero la verdad termina por imponerse; la gente apeló a los hechos diarios constatando la honda ausencia del Estado y las arbitrariedades de todo tipo de autoridades convertidas en reyezuelos. Fue clara la inseguridad social por la falta de porvenir.
El bien común son los derechos y es una noción más allá de lo estrictamente administrativo o de las leyes, como sostiene el especialista citado al inicio. Es mucho más, todavía, -demostrado cívicamente mediante las elecciones, que una farsa continuada, llena de justificaciones “ideológicas”. Los guayaneses en mayoría aplastante votaron por el bien común, la calidad de vida y la instauración de una justicia eficiente. De allí que las truculencias y la persecución que hoy se invocan para el fraude electoral, amparadas en el mismo guion de trastocar grotescamente los hechos, dejaron de surtir efecto.
