La Ley Orgánica de los Consejos Legislativos, promulgada en el 2001, establece en el marco de sus atribuciones, la obligación de: “Recibir para su evaluación el informe anual del gobernador sobre su gestión durante el año inmediato anterior. A tales efectos, el Consejo Legislativo fijará dentro de los treinta (30) días siguientes a su instalación anual, la sesión en la que el ciudadano gobernador presentará dicho informe”. Este instrumento legal, ya desde su revisión que convirtió las antiguas asambleas legislativas regionales en consejos legislativos, fue vista como insuficiente, debido a que repitió en sus articulados muchas de las competencias que debían profundizarse, eliminarse o proponer nuevas nociones al funcionamiento parlamentario regional. Funciones que desarrollaran una actuación de mayor calidad legislativa y de mayor alcance de control político institucional, en función de la población representada. Esta postura “extrañamente” conservadora, provenientes de aquellos aires de la Constituyente que dio paso a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, solo dejó en la inercia a estos espacios de representación popular que posteriormente con los reglamentos internos, hechos a la medida de la tenaza autoritaria de la mayoría revolucionaria, cortó cualquier posibilidad de ahondar en los mecanismos democráticos usuales de estas cámaras. Pasaron entonces a ser los consejos legislativos focos del clientelismo, como siempre, con las maniobras políticas ahora menos inescrupulosas y de los negociados partidistas que han involucrado como nunca a las voces opositoras, además de secuestrarlas e instarlas al síndrome de Estocolmo.
Poco a poco, el tradicional restringido eco de alguna presencia de los legisladores regionales se terminó de extinguir en la atención de los municipios; gestión insignificante a la cualidad práctica de sus problemáticas, cuando ni siquiera los chismes del poder político local emocionan a la población sede del ente. Dicho lo anterior, se explica que la presentación del informe del primer mandatario regional, cada vez tiene menos significado para la opinión pública y para el sentimiento de la gente atiborrada de problemas que nunca tienen solución con la sola dinámica de saludos a la bandera o golpes de pecho de diputados o funcionarios. El último informe del gobernador o la presentación de memoria y cuenta, reafirmó el acto vitoreado por empleados de la Gobernación y los del Consejo Legislativo del estado Bolívar, en una especie de rito interno del PSUV, donde todo lo que se dice es válido: es decir ese montón de palabras sin pertinencia que a los efectos de la realidad de Guayana, son una caricatura ante problemas como las permanentes fallas eléctricas y de telecomunicaciones, surtido de agua, gasolina, el deterioro de la vialidad en toda la región. Con las amenazas a la precaria economía que aún se medio mueve en Ciudad Guayana, emboscada por empresa Fospuca y la Alcaldía de Caroní; en resumen, un informe que es un guión donde no están las medidas contra las penurias y estas son parte del olvido.
Obras que no existen
La ejecución de gestión de gobierno, en el estado Bolívar, es un penoso ejercicio enfocado más a cumplir con la ficciones de la narrativa imaginaria de la revolución bolivariana, de enemigos de la patria o la lucha contra el imperio yanqui, que a encarar proyectos que puedan otorgarle felicidad y calidad de vida a los habitantes de Guayana.
El año pasado, el actual gobernante, salido de un proceso comicial, con lagunas en la legitimidad que involucra al país, pero también producto de una lotería revolucionaria que supuestamente zanjaba intereses contrapuestos internos de su partido, fue a la conmemoración de la fundación de Caicara del Orinoco. Por las redes sociales tronaron las palabras airadas de habitantes de la localidad, en la que denunció cómo la comitiva con el titular encabezando la procesión, llegaron a la población a gastar dólares en peleas de gallos; sin consideración y ningún pronunciamiento importante -que es la finalidad de estas giras- para la cotidianidad de los “coroberos”, arrollados por problemas de todo tipo. Pero también Guayana fue testigo que mientras la vía que une Ciudad Bolívar con Santa Elena de Uairén se ha convertido en sus trechos “buenos” en simples capas gastadas de asfalto, en tramos como los de El Dorado hacia Las Claritas y luego hacia la Gran Sabana, los derrumbes involucionan a condiciones peores a cuando se construyó esta carretera, mientras el gobernador prometiendo arreglos que no son tales, se desplaza en avión flamantemente a inaugurar casinos en la capital municipal fronteriza.
¿Simples chismes? No, son muestras de la incapacidad para las funciones de la gobernanza. Es el refuerzo a la visión que los presupuestos públicos son para el derroche de camarillas; por supuesto, al imponerse la realidad sobran los extravíos de los recursos del estado que la misma revolución en esos giros -como los que vemos por estos días con Pdvsa- luego acusa y califica de traición.
Por lo pronto, la memoria gubernamental mantendrá el rito de lo inútil; no existe en la región intención opositora que se plante con coherencia, coraje y determinación. De allí los cuentos de gallos y de memorias perdidas, contempladas por los guayaneses.
