sábado, 28 de mayo de 2022

Justicia de paz: la apuesta de la nueva Venezuela

Venezuela necesitará de mentes brillantes, mano de obra especializada y de mucha voluntad política para el golpe de timón necesario para lograr un estándar de vida decente y en paz.

Venezuela necesitará de mentes brillantes, mano de obra especializada y de mucha voluntad política para el golpe de timón necesario para lograr un estándar de vida decente y en paz.

Ni regresar a los esquemas de la cuarta ni mucho menos mantener el de la quinta en materia de justicia y legalidad. Se justifica ir abriendo caminos hacia senderos más equilibrados, sobre todo cuando nos referimos al valor más importante para el hombre, como la justicia. Desde esta perspectiva, asumir un debate de altura en estas materias le añadiría sustancia al debate político venezolano en razón del pasivo de injusticia acumulado hasta la actualidad.

Desde estas perspectivas, la justicia de paz debe jugar un papel importante en el quehacer de la cotidianidad del venezolano, pues con la implementación de los jueces de paz y centros de conciliación extrajudicial públicos y privados se ofrecería justicia económica y rápida para aquellos conflictos, de derechos disponibles que aún el sistema judicial sigue sin resolver y para aquellos que vayan naciendo como consecuencia de la dinámica social del país. Para nadie es un secreto que el tiempo que tarda la resolución de los casos en la vía judicial, es proporcional a la incapacidad de hacer justicia. Del mismo modo, la institucionalización definitiva de los arbitrajes en materia mercantil y del Estado impactaría favorablemente a la administración de justicia, en virtud del descongestionamiento que eso implica y de la facilidad de los administrados de obtener justicia más rápida y económica.

Por otro lado, la necesidad de tener una jurisdicción exclusiva para los asuntos correspondientes a la violación de derechos humanos va en sintonía con las exigencias de las convenciones internacionales por ser estos derechos de interés de la sociedad. Los principios rectores de las empresas y los derechos humanos marcan un hito que tiene transcendencia económica para los Estados y para la empresa privada y pública. Lo verdaderamente importante es que los afectados cuenten con tribunales especializados y expeditos para el ejercicio de la tutela judicial efectiva y el Estado pueda cumplir sus fines.

También es necesario asumir un modelo de gestión de prevención de riesgo contra la corrupción que comience con la exigencia de un comportamiento ético del funcionario público y de las empresas públicas y privadas para cerrar las posibilidades de su comisión. Su sanción, aunque aún no haya forma de asociarla al crimen organizado, no puede constituirse en óbice para que su persecución y castigo sigan siendo una ilusión. Países como Colombia, Chile, Uruguay, Canadá, EE UU, han avanzado sustancialmente en la lucha contra este flagelo, sería cuestión de voluntad política alinearnos con este espíritu de integridad.

Ciertamente, Venezuela necesitará del petróleo, del hierro, aluminio y de sus riquezas naturales para poder salir de la lamentable situación en la que se encuentra; pero también de sus mentes brillantes y de las manos de los trabajadores en general; y sobre todo de la voluntad política para hacer cambios reales que promuevan una cultura de paz, de respeto por los derechos humanos; y que la lucha anticorrupción sea un ingrediente fundamental para su desarrollo.

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