Además pidieron a los países de la región receptores de migrantes y refugiados venezolanos a evitar implementar políticas dirigidas al aumento de restricciones migratorias, tales como: “despidos generalizados, así como acciones de desalojo; y prácticas xenofóbicas, -actitudes que se han magnificado en estos tiempos marcados por la pandemia de COVID-19, lo cual profundiza la situación de vulnerabilidad de los conciudadanos”.
Marco Aurelio Quiñones, presidente de la Subcomisión Especial de Atención a Exiliados, alertó que el régimen desató una campaña de “estigmatización nefasta”, solo “para tratar de buscar un culpable por el aumento de las cifras del virus en el país”.
Mientras que David Smolansky, comisionado para la Organización de Estados Americanos para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, resaltó las acciones de los gobiernos de países vecinos que han instalado un corredor humanitario para que los venezolanos puedan retornar al país, “pero ese derecho a regresar está siendo vulnerado por el régimen de Nicolás Maduro al ser hacinados en albergues en los estados fronterizos”.
Smolansky aseveró que a los retornados no se les garantiza la alimentación, medidas básicas de higiene en medio de la pandemia, y son sometidos a “tratos crueles y degradantes”, lo que lesiona la “integridad física, emocional y psicológica” de esos ciudadanos.
Por su parte, el diputado Rosmit Mantilla pidió rechazar enérgicamente las acciones de Maduro, “quien hoy se atreve a insultar la dignidad de nuestro pueblo”.
“Las armas letales son la ineficiencia, corrupción, persecución, narcotráfico, migración, violencia, extorsión”, dijo el parlamentario, al tiempo que rechazó que solo se permitan “vuelos para el narcotráfico” y no para buscar a venezolanos varados en aeropuertos internacionales.
Las denuncias sobre las prácticas del régimen de Maduro contra los retornados también serán entregadas a la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Mecanismo de Seguimiento de la OEA sobre Venezuela y al secretario general de esa organización.
“Terrorismo de Estado”
Durante la sesión virtual de la Asamblea Nacional, los diputados también debatieron sobre el “terrorismo de Estado y presencia de grupos irregulares en el país”, luego del pronunciamiento de un líder guerrillero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) jurando lealtad a Nicolás Maduro.
La diputada Gaby Arellano, presidenta de la Subcomisión Especial de Asuntos Fronterizos, aseguró que “hay terrorismo de Estado en Venezuela”, pues dijo que el gobernante venezolano “tiene relaciones con grupos terroristas del Medio Oriente”. Por ello instó a los diputados a “asumir todos los riesgos para enfrentar y denunciar al terrorismo”.
Por su parte, el diputado José Luis Pirela señaló que “cuando se escucha a un jefe de una agrupación insurgente como el ELN, decir que Maduro es su comandante en jefe, algo no está bien. Se está pretendiendo mostrar al terrorismo como un hecho de Estado”.
Recordó la denuncia que hizo sobre la facilitación de armas pertenecientes a la Fuerza Armada para que fueran usadas por la disidencia de las FARC en el departamento de Arauca (Colombia). “Esto es evidencia de que el conflicto de Venezuela amenaza la estabilidad de la región”, dijo Pirela.
Mientras que Américo De Grazia denunció la toma de una posada en la población de Maripa, en el estado Bolívar, por parte de grupos insurgentes para establecer su centro de operaciones e iniciar operaciones de extracción de oro en el río Caura, desalojando a cuatro comunidades indígenas de diversas etnias.
“Esto lo hacen para que el ELN esté dispuesto a sostener al madurismo en el poder. Para eso tienen el respaldo del Cártel de los Soles con el apoyo de Caminpeg”, afirmó el parlamentario.
Irregularidades en elecciones
En la sesión de la Asamblea Nacional también se recibió un informe de la Asociación Civil Súmate sobre las irregularidades para las elecciones previstas para el 6 de diciembre, y donde se escogerán a los nuevos integrantes del Parlamento venezolano.
El politólogo Francisco Castro, director de Súmate, destacó que como el primer hecho el nombramiento de las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) por parte de las autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, usurpando así las funciones establecidas en la Constitución para la Asamblea Nacional. Además se nombró a la exmagistrada Indira Alfonzo como presidenta del organismo electoral, pese a ser la jurista encargada de vulnerar los derechos de los electores de Amazonas desde 2016 al desconocer los resultados de la elección de diputados en ese estado.
Además señalaron que el TSJ inició un proceso político para intervenir partidos de oposición, sobre el cual no se han pronunciado las autoridades del CNE pese a formar parte de sus competencias. También se destacó el retraso en la publicación del cronograma electoral, que se hizo 10 días de la convocatoria, pese a que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) lo exige para el mismo día.
4,5% de los municipios y 55 puntos del país no cuentan con registro para nuevos electores o sus cambios, prosiguió Castro. “Las máquinas fueron distribuidas de forma desproporcionada. Al menos 25% de los puntos están en sitios que podrían afectar el desarrollo de la jornada, e incluso que representan un alto riesgo de contagio de la COVID-19”.
A juicio de Súmate, no hay garantías de que el CNE imponga las autoridades que hayan sido electas en el proceso, debido a lo sucedido con las elecciones de gobernadores en 2017, cuando se desconocieron las autoridades electas en los estados Zulia y Bolívar.
“No se ha emitido ninguna señal para que el venezolano recupere la confianza en el voto”, dijo Castro en nombre de Súmate, al tiempo que destacó que esto aumentará a medida que avance la pandemia. “No es suficiente usar tapaboca para realizar un evento electoral en plena fase de expansión”.
Investigación contra el Grupo BOD
El diputado Julio Montoya solicitó, durante los puntos de cuenta en la sesión, que sea nombrada una comisión mixta (integrada por las comisiones de Finanzas, Política Interior y Contraloría), para que realice una investigación sobre la trama de los bancos quebrados en Centroamérica y el Caribe pertenecientes al grupo Banco Occidental de Descuento (BOD), propiedad de Víctor Vargas.
Informó que más de 16 mil venezolanos, cuyos ahorros fueron captados en las sucursales del BOD en Venezuela, a través de gerentes contratados por este grupo económico, no encuentran respuestas sobre dónde está su dinero.
Montoya se preguntó “¿cuándo fue que el Banco Central de Venezuela autorizó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural a depositar 12 millones en el Banco del Orinoco en Curazao, así como a Bolivariana de Puertos a depositar más de tres millones en estos bancos?”.
Señaló que tiene en su poder los números de cuenta y los montos depositados, y explicó que en esa entidad bancaria depositó el Banco del Alba, cuyo socio es el Estado venezolano. “Ahí hay bono de Pdvsa, Soberano, Pdvsa 2020-2022 y Venezuela Global”, al igual que fondos de jubilaciones de empresas del Estado venezolano.
