El diputado señaló que los informes realizados por Acnudh sirven para ir documentando las violaciones de derechos humanos y blindar los demás procesos para renovar y profundizar mandatos que lleven a continuar las investigaciones dentro del país.

Un nuevo informe de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh), Michelle Bachelet, expuso de forma detallada las deficiencias del sistema de justicia venezolano, la peligrosidad de las zonas mineras de sur del estado Bolívar y los daños que esto ha generado a los ciudadanos que allí trabajan.

En el informe, Acnudh documentó 16 casos de tortura cometidos entre 2019 y 2020 y expuso las irregularidades en el sistema de justicia venezolano. También señalaron que grupos delincuenciales dentro del Arco Minero del Orinoco son quienes —bajo el amparo de jefes militares— matan a mineros y vulneraban la vida de las poblaciones indígenas.

El diputado de la Asamblea Nacional, Miguel Pizarro, quien también es comisionado presidencial de Juan Guaidó ante la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló que el nivel de detalle del informe sobre las vulneraciones es importante para obtener justicia y seguir avanzando en mandatos más concretos.

Vienen discusiones importantes, informó. Una de ellas está pautada para septiembre, en la que el Consejo de Derechos Humanos debe dar a conocer el informe final de la Misión Internacional Independiente, cuyo objetivo e investigar un abanico de violaciones de DD HH.

La misión se estableció el 27 de septiembre de 2019 mediante la resolución 42/25 por un período de un año. A esta se le dio el mandato de recibir información sobre casos de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, incluida la violencia sexual o de género, perpetrados desde 2014.

Además se le atribuyó la responsabilidad de asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas y de presentar un informe con sus conclusiones al consejo durante un diálogo interactivo.

Pizarro indicó que en la verificación de hechos por primera vez incorporarán nombres, apellidos, cadenas de mando y niveles de responsabilidad, lo cual es importante para la jurisprudencia internacional. “Este es largo camino para poder conseguir justicia”, indicó.

Resaltó que lo hecho por la oficina de la Acnudh sirve para exigir a países mayor presión internacional, sentar bases en el informe de la verificación de hechos y renovar y profundizar los mandatos dentro del Consejo de Derechos Humanos. Lo documentado en el Arco Minero del Orinoco también permite empezar un trabajo dentro del Consejo de Seguridad, en las relatorías especiales y en los grupos de trabajo contra esclavitud y tratos crueles de las ONU.

“No hay ninguna duda en el mundo que el régimen no cumple las recomendaciones y nosotros debemos tener absoluta claridad de hacer toda la presión y aumentar el costo”, indicó. De acuerdo con Pizarro van a seguir trabajando en ser más duros en las sanciones, castigos y responsabilidades.

Aunque las recomendaciones dadas en el primer informe del 4 de julio de 2019 no fueron tomadas por el gobierno, estas se irán acumulando, dijo, y se podrían convertir en la base que permitiría adoptar decisiones y resoluciones mucho más fuertes en el sistema de la ONU.

“Nuestra lucha es cambiar el régimen político en Venezuela, es poder producir un cambio que permita que los venezolanos decidamos libremente nuestro futuro”, sentenció.

Investigación profunda

El profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Carlos Lusverti explicó que para septiembre el Consejo de Derechos Humanos podría extender y ampliar el mandato de la Misión Internacional para que siga investigando e incluya temas que en principio no estaban dentro de lo estipulado.

El experto subrayó que es difícil predecir las consecuencias de las acciones que se han venido tomando desde los organismos de la ONU, pero resaltó que dichos procesos siguen siendo importantes para los procesos de justicia, verdad y reparación de daños a las víctimas.

Expresó que se debe buscar y promover soluciones a la crisis que pasen por acuerdos fundados en el respeto y garantía de los derechos humanos, pero también fortalecer la cooperación y ayuda humanitaria.

Indicó que, aunque comprende la grave emergencia humanitaria compleja y el drama que viven las víctimas de violaciones de derechos, también “se debe entender que los mecanismos internacionales se manejan en modos diplomáticos, no se trata de soluciones inmediatas, sino que son procesos que tienen sus tiempos”.

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