El acuerdo conviene promover, junto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la constitución de una comisión técnica que evalúe el impacto de la minería en el Parque Nacional Canaima.

La Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria este martes un acuerdo donde declara al Parque Nacional Canaima como territorio en estado de gravísima emergencia ambiental, como consecuencia del desarrollo minero causado por las políticas extractivistas estimuladas por el Ejecutivo nacional.

Así lo establece el primer punto del documento, presentado por la presidenta de la Comisión de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la AN, diputada María Gabriela Hernández.

El segundo punto acuerda notificar formalmente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Unesco sobre el riesgo del daño ambiental irreversible que amenaza los recursos naturales presentes en el Parque Nacional Canaima, Patrimonio Natural de la Humanidad, a fin de que la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) adelante las investigaciones a que haya lugar y como consecuencia, exigir, por las vías institucionales y diplomáticas, el cese de la explotación minera en el Parque Nacional Canaima, sus adyacencias y en cualquiera otra área natural protegida localizada en el territorio venezolano.

El acuerdo establece en el tercer punto promover, junto a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la constitución de una comisión técnica integrada por representantes de instituciones académicas nacionales y organizaciones internacionales defensoras del patrimonio natural y sociocultural, para que efectúen la evaluación exhaustiva de los impactos ocasionados por la minería en el Parque Nacional Canaima y se establezcan los mecanismos técnicos y financieros expeditos para su recuperación y preservación.

Señala en el cuarto punto que se debe presentar ante las instancias nacionales e internacionales pertinentes, las denuncias correspondientes que conduzcan a establecer y sancionar los delitos contra los derechos humanos y los de carácter ambiental, derivados de la ejecución de actividades mineras en el Parque Nacional Canaima y cualquiera otra área natural protegida en territorio venezolano.

Además, el acuerdo conviene en realizar todas las gestiones a que hubiere lugar ante la Organización de Naciones Unidas para excluir a Venezuela del sistema de certificación para el comercio internacional de los diamantes en bruto, certificación Kimberley, “dado que el comercio de diamantes, en parte extraídos de los parques nacionales, contribuye al financiamiento de un sistema de gobierno violador de los derechos humanos, conforme consta suficientemente en las últimas actualizaciones del informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.

El documento menciona entre sus justificaciones que el Parque Nacional Canaima fue creado en 1962 y “posee características geológicas, ecológicas, hidrográficas y escénicas que lo califican plenamente como testigo excepcional de la evolución geológica del planeta”, además de “hábitat ancestral de la etnia pemón, consideraciones todas estas que le confieren al parque un altísimo valor ecológico, histórico, científico y una condición de unicidad universal, condiciones que justificaron cabalmente su incorporación a la Lista del Patrimonio Mundial por la Unesco, organismo especializado de las Naciones Unidas en los asuntos culturales”.

Considera, además, el articulado de la Ley Orgánica de la Megareserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía Venezolana, sancionada el 27 de noviembre del 2018; y las investigaciones independientes de reciente data, realizadas por Correo del Caroní, el Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea) y la ONG SOS Orinoco.

El Parlamento señala que estas investigaciones “revelan la depredación y destructiva actividad minera desarrollada dentro del Parque Nacional Canaima y sus adyacencias y que se han incrementado con la política extractivista minera diseñada y estimulada desde el Ejecutivo nacional, que compromete grave e irreversiblemente la calidad de vida de la población venezolana a nivel nacional y, especialmente, de la comunidad y pueblos indígenas originarios y pone en riesgo inminente las características y condiciones naturales del Parque Nacional Canaima que le otorgan valor patrimonial de relevancia universal”.



Canaima testigo de la criminalidad del régimen de Maduro

Previo a la presentación del acuerdo, la diputada del estado Monagas, María Gabriela Hernández, aseveró que hoy Canaima es testigo excepcional de la perversidad y criminalidad del régimen de Maduro, su política extractiva, corrupta y destructiva enmarcada en el Arco Minero del Orinoco y sus 111 mil kilómetros cuadrados que no fueron suficientes “y ha sido expandida con todo su caos, horror y muerte a nuestros parques nacionales y de forma peligrosa al Parque Nacional Canaima”.

Señaló que los trabajos de investigación de Correo del Caroní, junto a Prodavinci e InfoAmazonia coordinado por la periodista María Ramírez Cabello, por Provea y por SOS Orinoco, han develado cómo el Parque Nacional Canaima, zona no incluida en el Arco Minero del Orinoco (AMO), se encuentra en caos por la minería, llevando a la destrucción a este patrimonio y a su pueblo pemón.

“El informe de Provea reveló, cómo la comunidad pemón empujada por la crisis humanitaria compleja hacia la práctica de la minería, ansía y quiere regresar a su razón de existir, como es ser guardianes y custodios de la naturaleza”, indicó la diputada Hernández.

Para finalizar su intervención, la parlamentaria alertó que la vida, el desarrollo de Venezuela post dictadura, dependerán en gran medida de la conservación de Canaima, porque sus aguas, su riqueza y su biodiversidad son imprescindibles para el desarrollo, pues en Canaima emergen los ríos que proveen de electricidad para un desarrollo sostenible, por tal razón, a su juicio urge un gobierno de emergencia nacional para la nación, enfatizó.