Voluntad Popular no está dentro de las organizaciones con fines políticos avaladas por el Consejo Nacional Electoral como sí lo están Acción Democrática y Primero Justicia, ambos nombres considerados dentro del llamado G4.

TalCual

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia emitió una sentencia este martes 7 de julio en la que suspendió la actual junta directiva del partido Voluntad Popular -cuyo coordinador nacional encargado es el exalcalde de Chacao Emilio Graterón- para nombrar una junta ad hoc, que estará presidida por José Gregorio Noriega.

Noriega, quien es diputado de la Asamblea Nacional, es uno de los parlamentarios que habría estado implicado en la llamada “Operación Alacrán”, una acción hecha por el régimen de Nicolás Maduro para la “compra” de legisladores con el fin de evitar la reelección del presidente del Poder Legislativo, Juan Guaidó, el pasado 5 de enero.

Ante esa situación, la Dirección Nacional del partido Voluntad Popular expulsó a mediados de diciembre de 2019 de sus filas al diputado Noriega, representante por el estado Sucre.

“Una vez cumplidos los procedimientos internos, informamos al país sobre la expulsión de nuestras filas del diputado de la Asamblea Nacional por el estado Sucre, José Gregorio Noriega Figueroa, quien hasta el día de hoy perteneció a nuestra organización política”, expresaba el comunicado de entonces publicado por VP.

Luego de esa decisión de la tolda naranja, José Gregorio Noriega anunció que tomaría acciones legales contra esa organización y dijo en aquella oportunidad que fue juzgado por el “cogollo” del partido sin ninguna prueba ni investigación, a su juicio, fue solo por pensar distinto.

A principios de 2020, el diputado señalado de participar en la “Operación Alacrán” demandó por difamación al también diputado Alfonso Marquina ante la Fiscalía General de la República, a raíz de la divulgación por parte de éste, de un audio en el que Noriega habla sobre pagos de hasta 700 mil dólares para sumarse al bando de los disidentes.

Noriega solicitó se inicie un antejuicio de mérito al diputado Alfonso Marquina, y aseguró que la grabación que presentó su colega legislador es falsa y totalmente forjada.

El legislador acudió al Tribunal Supremo de Justicia a solicitar le sean restablecidos sus derechos como militante de VP, acompañado por la también diputada y demandante Lucila Pacheco, para introducir un recurso de amparo ante la Sala Constitucional del máximo tribunal del país, tal como lo hizo José Brito con respecto a Primero Justicia, con el objetivo de reingresar a la organización y objetar a la directiva actual de su partido.

Nuevamente en junio acudieron a la sede del Poder Judicial, pero esta vez para exigir la intervención del partido por parte del TSJ.

Según una nota de prensa del Poder Judicial, a Noriega lo acompaña en la junta directiva ad hoc los diputados Guillermo Antonio Luces Osorio, como secretario general; y Lucila Pacheco, como secretaria de organización, ambos también señalados como implicados en la “Operación Alacrán”.

Al igual que Acción Democrática y Primero Justicia, a estas personas se les permite el uso de la tarjeta, el logo y demás símbolos para fines políticos y suspende de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista.

Momentos antes, Voluntad Popular -dirigida por Graterón- había denunciado que vendría una acción contra esa organización.

A pesar de estos movimientos, aún pesa sobre la tolda un proceso para determinar si es o no una “organización terrorista”, luego que el fiscal impuesto por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, acudiera al TSJ para introducir un recurso de interpretación ante la Sala Constitucional del TSJ, donde pide una aclaratoria de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, luego de considerar que la tolda naranja tiene una “historia criminal” y por consecuencia “debe ser disuelta” y recibir sanciones por ello.

Sin embargo, la decisión aún está en “veremos” porque la Sala Constitucional declinó su competencia sobre un recurso de interpretación para la Sala de Casación Penal.

A pesar de esto, Voluntad Popular no está dentro de las organizaciones con fines políticos avaladas por el Consejo Nacional Electoral como sí lo están Acción Democrática y Primero Justicia, ambos nombres considerados dentro del llamado G4.