La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) vigilará el cumplimiento de las medidas cautelares a favor de los indígenas de Kumarakapay, en el municipio Gran Sabana, así como de Olnar Ortiz, abogado miembro del Foro Penal, en su próximo periodo de sesiones, entre el 2 y el 10 de mayo en Kingston, Jamaica.
Dirigentes indígenas del municipio fronterizo con Brasil recibieron la notificación de la audiencia, en la que se les informa de la decisión de convocar a una audiencia pública para dar seguimiento a las medidas cautelares vigentes en Venezuela, entre las que destaca la 181-19 a favor de Kumarakapay y Ortiz y la 102-19 a favor de Luis Mogollón.
Ortiz confirmó a Correo del Caroní de la notificación de audiencia pública el 9 de mayo y sostuvo que el asedio y la persecución en contra de las comunidades indígenas del municipio Gran Sabana persisten. “Ayer (domingo) hubo una asamblea en Maurak porque sigue el asedio, siguen las amenazas al pueblo pemón, no ha cesado absolutamente nada. El gobierno se ha instalado en todo el estado Bolívar, por la crisis eléctrica, no solo por funcionarios del gobierno sino por militares y en Gran Sabana no ha cesado la toma”, dijo vía telefónica desde Brasil, a donde tuvo que cruzar luego de los ataques militares a la comunidad.
Entretanto, dijo, Santa Elena de Uairén sigue militarizada y la frontera con Brasil permanece cerrada.
La audiencia se llevará a cabo el jueves 9 de mayo, de 12:30 p.m. a 1:30 p.m. en Jamaica.
La CIDH otorgó las medidas cautelares el 28 de febrero, seis días después de que uniformados del Ejército abrieran fuego en contra de los habitantes de Kumarakapay, asesinando a tres indígenas de la comunidad y dejando más de una decena de heridos de bala. La comunidad había manifestado su apoyo al ingreso de la ayuda humanitaria y su respaldo al presidente encargado Juan Guaidó.
La organización otorgó las medidas de protección, tras considerar que tanto los pemones de Kumarakapay como el defensor indígena baré Olnar Ortiz “se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos”.
Al momento de decidir las medidas cautelares a favor de Kumarakapay y Ortiz a finales de febrero de 2019, la CIDH solicitó al Estado venezolano el respeto de los derechos de los beneficiarios y abstenerse “de hacer un uso de la fuerza de manera incompatible con los estándares internacionales sobre la materia”.
De igual manera, reclamó proteger los derechos de los beneficiarios “ante posibles eventos de riesgo atribuibles a terceros que pudieran ocurrir en el contexto actual; en particular, implemente medidas de seguridad en la zona que sean culturalmente apropiadas para evitar la ocurrencia de eventos de riesgo frente a las acciones atribuibles a terceros; implemente medidas de protección para familiares de los indígenas pemón que habrían resultado muertos los días 22 y 23 de febrero de 2019; y que proporcione atención médica adecuada a los indígenas pemón de la comunidad que resultaron heridos en la zona los días 22 y 23 de febrero de 2019”.
En el caso de Venezuela, además del seguimiento de medidas cautelares, también habrá ese día una audiencia relacionada con la libertad de expresión en el país y otra en torno a la crisis política, la Asamblea Nacional y la justicia en Venezuela.
