Venezolanos en Buenos Aires, Argentina, protestan este jueves para exigir justicia para la joven de 18 años de edad violada el pasado 23 de enero por su jefe durante su primer día de trabajo en una tienda de uniformes médicos. El hombre, identificado como Irineo Humberto Garzón Martínez y que en Facebook se hacía llamar Santiago Garzón Martínez, se encuentra en libertad condicional esperando el juicio.
La protesta se realiza en frente del local donde fue abusada la joven venezolana. Los manifestantes exigen que Garzón sea encarcelado.
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La jueza Karina Mariana Zucconi decidió dejar en libertad al violador, a pesar de que fue descubierto prácticamente infraganti por la Policía en su local de Paso 693. La madre de la joven llamó al 911 cuando recibió un mensaje que decía: “Creo que el dueño de donde trabajo me drogó porque me siento mareada”, mientras ella enviaba el texto, Garzón bajaba la persiana del local y cerraba la puerta con candado.
Los funcionarios policiales encontraron a la joven semidesnuda y bajo el efecto de alguna sustancia. Fue sacada en silla de ruedas.
Thais, madre de la víctima, también está entre los manifestantes. Frente a la tienda de uniformes dijo que las leyes en Argentina hacen justicia para “los violadores, pero no para las víctimas”.
El periodista Gabriel Bastidas reporta desde su cuenta de Twitter que pese a la lluvia, el grupo de venezolanos convirtió la protesta en una movilización con destino a los tribunales para exigirle a la jueza Zucconi que encarcele al agresor.
Trabajadores de delivery y motorizados también se unieron a la manifestación. Entre los carteles de los protestantes se lee que piden que la magistrada sea destituida.
Protección a los migrantes
La Fundación Pro Bono de Venezuela (Provene), que busca fortalecer el acceso a la justicia de quienes más lo necesitan y proteger los derechos de las personas, aseguró a través de su cuenta en Instagram que “la estrategia de captar víctimas inmigrantes se ha vuelto -lastimosamente- una constante en Argentina, dado que son mujeres que necesitan urgentemente trabajo y muchas veces no tienen papeles en regla; por lo que es menos probable que haga una denuncia”.
Sin embargo, Provene recuerda que los Estados deben proteger los derechos de los migrantes.