lunes, 4 de julio de 2022

La SIP condena violencia sistemática del régimen de Nicolás Maduro contra el periodismo y exige cese de la persecución

La organización sostiene que la situación de la libertad de expresión en Venezuela sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. “Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente”, destaca. | Foto cortesía

La organización sostiene que la situación de la libertad de expresión en Venezuela sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. “Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente”, destaca. | Foto cortesía

Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó la violencia sistemática del régimen de Nicolás Maduro a las libertades de expresión y de prensa y exigió el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios, así como la criminalización de la actividad periodística independiente, en una resolución emitida durante su reunión de medio año realizada entre el 20 y 23 de abril.

A través de un comunicado, la SIP destacó que el régimen de Venezuela intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas; cerró ocho emisoras, y las páginas digitales de los medios sufren bloqueos discrecionales. Tras la suspensión temporal de la página de Nicolás Maduro en Facebook, el gobierno anunció un proyecto de ley para regular las redes sociales.

El informe sobre Venezuela fue presentado en la reunión de medio año de la Sociedad Interamericana de Prensa la semana pasada. “La situación de la libertad de expresión sigue en el mismo nivel crítico de los últimos años. Se trata de una dictadura implacable que considera el periodismo independiente como un enemigo permanente”, recalcó la SIP.

Ataques continuos 

Al menos ocho estaciones de radio han sido sacadas del aire en todo el territorio nacional. La utilización de la Ley Resorte que regula el espectro radioeléctrico de manera discrecional y punitiva es el instrumento para silenciar la radio. Por lo pronto, las estaciones de radio que todavía existen están auto censuradas por el terror que genera esta Ley Resorte.

El 11 de marzo la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, señaló que su oficina registró desde septiembre de 2020 una “reducción del espacio cívico”, tiempo en el que documentaron “al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios”. Se refirió a las incautaciones y restricciones de las que fueron víctimas los medios. “Tan sólo en el mes de enero se ejecutaron al menos 3 operaciones de registro e incautación en los locales de medios de comunicación. En distintos grados, se incautó equipamiento, se cerraron oficinas, se intimidó al personal y se suspendieron emisiones”.

Bachelet también hizo referencia de al menos 15 casos de intimidación y acoso contra periodistas en las elecciones del 6 de diciembre.

La SIP afirmó que “la mayoría de los medios que difunden informaciones críticas han migrado a internet. Sin embargo, el gobierno, a través de las compañías telefónicas, bloquean las páginas de acuerdo a lo que consideran noticias perniciosas para la revolución. Son bloqueos discrecionales, puntuales y temporales”.

Investigaciones para intimidar 

A muchos periodistas se les ha iniciado investigaciones penales ordenadas por jerarcas del gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos.

El 12 de octubre la comisión del Sebin allanó la casa del abogado David Natera Febres, director del diario Correo del Caroní, en el estado Bolívar. No permitieron el ingreso del abogado a la vivienda. Los funcionarios aseguraron que luego de que rindiera una declaración lo llevarían de regreso a casa.

Luego de pasar cerca de cuatro horas en la sede del Sebin, en Puerto Ordaz, Natera fue liberado. Días después, la comisión del Sebin allanó la sede del diario. No permitieron el ingreso del abogado y del director Natera, y a quienes estaban adentro se les impidió el uso del teléfono. Luego de más de seis horas los funcionarios se llevaron ilegalmente a Susana Reyes, secretaria de Natera, y a la periodista María Ramírez Cabello. Fueron liberadas seis horas después.

La SIP destacó que en la calle la intimidación a los periodistas es una constante permanente. “Son incontables los casos de amenazas, robo de equipos, mini secuestros, agresiones físicas por parte de los distintos órganos represivos del Estado, así como de parte de colectivos, grupos paramilitares armados, protegidos y empleados por el gobierno. Los personeros del gobierno utilizan los medios audiovisuales para generar odio contra los periodistas. Se estima que cinco mil periodistas se fueron del país”.

El 10 de febrero el diputado de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sugirió al Ministerio Público abrir una investigación contra el portal de noticias Efecto Cocuyo. Amenazó al medio por informar sobre el reportaje publicado por la revista Semana de Colombia, acerca de la presencia de líderes guerrilleros de las FARC en territorio venezolano.

Sigue la persecución contra corresponsales extranjeros, un ejemplo es el secuestro a dos periodistas de NTN24. Los permisos de entrada al país son engorrosos.

Ley para regular redes sociales 

La Asamblea Nacional, electa fraudulentamente el 6 de diciembre por el régimen, anunció que redactará una ley para regular las redes sociales y definir penalmente lo que entienden por traición a la patria.

El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, informó que con la reforma de la ley se busca defender “no solo la libertad de expresión de Nicolás Maduro, sino el derecho a estar informado de manera veraz y oportuna a más de 1.200.000 personas que hacen parte de esta cuenta por donde se emite información de interés público”. La excusa fue el bloqueo de la cuenta de Nicolás Maduro en Facebook, después de recomendar el uso de Carvativir para contrarrestar los efectos de la pandemia. (Comunicado de la SIP)

Cronología de agresiones y otros hechos sobresalientes

 

Resolución SIP

CONSIDERADO que el régimen de Nicolás Maduro intensificó la violencia y el acoso judicial contra periodistas y el periodismo independiente.

CONSIDERANDO que en el país no existe independencia institucional, el Poder Judicial está sometido al poder político, y el régimen continúa con su campaña sistemática para acabar con la prensa independiente.

CONSIDERANDO que el gobierno cerró ocho emisoras, y los medios escritos que debieron migrar al espacio digital sufren bloqueos discrecionales y puntuales, a través de las empresas de comunicación que ofrecen el servicio.

CONSIDERADO que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que obliga a El Nacional al pago de 13,2 millones de dólares en indemnización a Diosdado Cabello en una demanda por difamación, es una nueva estocada contra la libertad de prensa.

CONSIDERANDO que a muchos periodistas se les ha iniciado investigaciones penales, de parte de autoridades del gobierno con la finalidad de silenciarlos e intimidarlos.

CONSIDERANDO que el Principio 1 de la Declaración de Chapultepec establece: “No hay personas ni sociedades libres sin libertad de expresión y de prensa. El ejercicio de ésta no es una concesión de las autoridades; es un derecho inalienable del pueblo”.

La reunión de medio año de la SIP resuelve.

  • Condenar la violencia sistemática del régimen de Nicolás Maduro a las libertades de expresión y de prensa.
  • Exigir el cese de la persecución y ataques contra periodistas y medios, así como la criminalización de la actividad periodística independiente.
  • Recalcar que la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, es un grave atropello contra la libertad de prensa, y una expoliación usando la fuerza política-judicial para usurpar a un medio de comunicación y de esa manera cercenar el derecho de acceso a la información del pueblo venezolano.

 

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