miércoles, 17 julio 2024
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Justicia de Cabo Verde tiene lapso de siete días para decidir futuro de Alex Saab

Saab permanece detenido en Cabo Verde desde junio del 2020, acusado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de aprovecharse desde 2016 de contratos sobrevalorados al plan de gobierno de los CLAP.

La audiencia del empresario colombiano Alex Saab ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde culminó la mañana de este viernes 13 de agosto; vista que definirá si el barranquillero es extraditado o no a EE.UU. tras más de un año de prisión en la isla de Sal.

El periodista Roberto Deniz indicó que la audiencia duró casi una hora, donde aseveró que la defensa de Saab insistió en que el proceso judicial contra su cliente era “inconstitucional”, mientras que la Fiscalía negaba los argumentos. Dijo además que la decisión del Tribunal Constitucional tiene un máximo de siete días para dar su veredicto en torno al caso.

Por su parte, el comunicador Javier Ignacio Mayorca explicó que existen dos alternativas a tomar por la justicia de Cabo Verde: Ratificar lo decidido en las sentencias previas, que es extraditar a Saab, o devolver el expediente para aclarar puntos sobre constitucionalidad.

Medios de comunicación caboverdianos reportaron que un grupo de manifestantes acudió la mañana de este viernes a la sede del Tribunal Constitucional para exigir la liberación de Alex Saab.

Las personas acudieron con carteles que tenían frases como “Liberen a Alex Saab”, “Queremos justicia para Alex Saab”, “Detengan los abusos para Alex Saab” y “Libertad para Alex Saab”, entre otras. Sin embargo, este grupo de ciudadanos jóvenes fueron detenidos por los funcionarios policiales, reseñó Noticias Do Norte.

El día previo, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia emitió un comunicado en el que repudiaban la detención de Saab por parte de las autoridades de Cabo Verde y recriminaban a EE.UU. de hacer nuevos intentos de aplicar políticas extraterritoriales, lo que calificaban de “inaceptable”.

Además, consideraron que la intención de Washington de hacer extraditar al empresario colombiano “puede tener un impacto negativo en las relaciones internacionales y puede provocar un ‘efecto búmeran’ para cualquier país”, argumentando que Saab es un diplomático al servicio de la administración de Nicolás Maduro.

José Manuel Pinto Moreiro, quien es uno de los abogados defensores del empresario colombiano insistió en que su cliente no se encuentra en libertad, alegando nuevamente que está custodiado por 50 guardias “fuertemente armados” con la posibilidad de entrar a la residencia donde cumple arresto domiciliario en cualquier momento y que era víctima de escuchas ilegales.

“Hoy nos enteramos de que en la casa de al lado, donde se encuentran los guardias armados del Sr. Saab, la policía local junto con socios externos, desde hace algún tiempo hemos estado escuchando las conversaciones privadas del Sr. Saab no solo con los suyos, hermana, sino también las privilegiadas conversaciones entre el Sr. Saab y sus abogados locales. Denunciamos esta violación de los derechos humanos básicos y fundamentales del Sr. Saab en los términos más enérgicos posibles”, citó Noticias Do Norte.

En días pasados, los abogados defensores de Saab presentaron denuncias oficiales en el Ministerio Público de la nación africana contra el fiscal general, José Landim; el fiscal regional, Natalino Correia; y los inspectores de la Policía Judicial Domingos de Pina y Maurício Monteiro por supuestos delitos cometidos contra su cliente.

Según el oficio que reposa en la Fiscalía, los hechos de los que se acusa a los funcionarios de Cabo Verde están relacionados principalmente con la presunta “amplia violación y vulneración de los derechos del diplomático”, que a juicio de los abogados de Saab, llevó a que no se respetasen al igual que tampoco se hizo con las garantías de que se hiciera un proceso justo y equitativo.

Alex Saab permanece detenido en Cabo Verde desde junio del 2020, acusado por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (EE.UU.) de aprovecharse desde 2016 de contratos sobrevalorados al plan de gobierno de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Según el ente estadounidense se trataría de una trama que incluiría a 13 compañías en varios países y operaciones ilegales en el sector del oro en Venezuela.