Interpol informó este lunes 26 de julio que fue desmantelada una red de tráfico de personas en la denominada “Operación Liberterra”, que se realizó a principios de mes en al menos 47 países en donde se detuvieron a 286 sospechosos, se rescataron a 430 víctimas y se identificaron a unos 4.000 migrantes irregulares que provienen de 74 naciones.
De acuerdo a la agencia EFE, la operación de Interpol se llevó a cabo entre el 5 y 9 de julio en la que se produjeron cerca de 500.000 inspecciones en aduanas y aeropuertos, al igual que en puntos de riesgo identificados por los servicios de inteligencia e investigación.
Entre las víctimas había menores de edad y niñas que habrían sufrido de explotación sexual, en especial en Líbano y Venezuela. Muchas de las personas rescatadas presentaban necesidades de atención médica y psicológica, las cuales fueron asistidas por personal sanitario. Interpol detalló que esta investigación ha permitido lanzar otras 60 pesquisas transnacionales y requisar documentos falsos utilizados para proponer a estas personas el traspaso de fronteras.
En Colombia, la operación internacional sirvió para arrestar a 22 personas y desmantelar dos organizaciones criminales distintas entre sí, ya que una de ellas se dedicaba a llevar cubanos y haitianos desde Ecuador a Colombia y otra para enviar migrantes a Estados Unidos.
La operación de Interpol abarcó también países como España, donde se detectó tráfico de personas desde Argelia; en Ecuador, donde había una falsa agencia de viajes y en el que resultaron presas ocho personas.
Algunos fugitivos procedentes de Brasil, Colombia, Panamá y Curazao estaban siendo buscados además en asuntos de tráfico de drogas, violaciones, robos y blanqueo de dinero.
En el caso de nuestro país, según el reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos publicado a inicios de julio. “El Gobierno de Venezuela no cumple los mínimos estándares para la eliminación del tráfico y tampoco está haciendo ningún esfuerzo”, asegura el informe en el capítulo dedicado a Venezuela.
Entonces, recomendó a Venezuela mejorar su legislación para penalizar el tráfico humano, atender a las víctimas y destinar recursos para formar fiscales especializados en la investigación y penalización de estas prácticas.