martes, 5 marzo 2024
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HRW pide a Chile que detenga la deportación de venezolanos “sin control judicial”

El Gobierno de Chile debe “asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”, exigió este miércoles Human Rights Watch. | 15 minutos

El Gobierno de Chile “debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos” que realiza en el marco de una ley de migración. Asimismo, “asegurar que todas las expulsiones cumplan con el derecho internacional de los derechos humanos”. Así lo exigió este miércoles Human Rights Watch (HRW).

A través de un documento, la organización señaló graves violaciones a los derechos fundamentales de migrantes venezolanos que expulsaron de Chile. A saber: impedimentos para acceder a llamadas telefónicas y a abogados, deportaciones sumarias los fines de semana (cuando las cortes de apelación están cerradas) y separación de familias, entre otros.

Luego de examinar 21 sentencias judiciales y más de 250 órdenes de deportación, el organismo internacional identificó también “violaciones al debido proceso, incluido el derecho a ser oído y a presentar pruebas” antes de que se concrete la expulsión.

“Los tribunales de Chile han demostrado que muchos venezolanos que buscaban escapar de la devastadora crisis en su país de origen fueron deportados sin debido proceso, vulnerando estándares elementales del derecho internacional”. De esta manera lo afirmó el director para las Américas de HRW José Miguel Vivanco.

Una contradicción

En la misma línea, Vivanco apuntó que resulta “contradictorio” que el Gobierno de Sebastián Piñera “condene con firmeza los abusos en Venezuela mientras ignora los derechos de los venezolanos en su afán por deportarlos a un país donde sus vidas podrían correr peligro”.

Se estima en que Chile residen cerca de 1,4 millones de migrantes, equivalente al 7% de la población. A la fecha, la comunidad venezolana es la más numerosa, con 457.000 personas.

HRW señaló que el Ejecutivo chileno anunció la expulsión de 1.500 personas a lo largo de 2021 en 15 vuelos chárter. Según el Servicio Jesuita Migrante (SJM), para abril de este año deportó a 294 personas. En particular, “sin control judicial” y afectando principalmente a venezolanos.

Esta política del Gobierno se enmarca en una ley que contempla la expulsión de aquellos migrantes sobre los que pesan causas judiciales para que cumplan la pena en su país. También, la de quienes ingresaron clandestinamente y se encuentran en una situación administrativa irregular.

Anulaciones

Según la revisión de HRW, en la gran mayoría de los casos “los policías (chilenos) no permitieron que los migrantes objetaran su deportación antes de que se dictara la orden”. De esa forma, menoscabaron derechos consagrados en tratados internacionales ratificados por el Estado chileno. Por ejemplo, “su derecho a ser escuchados y a presentar pruebas para impugnar la expulsión”.

La Corte Suprema anuló varias órdenes de deportación en los últimos meses. Consideró que fueron producto de un “procedimiento contencioso administrativo insuficiente”. Sin embargo, en casi todos los casos esta anulación fue posterior a la deportación, indicó HRW.

“Las entrevistas realizadas por HRW y las resoluciones dictadas en estos casos demuestran que, en los hechos, el Gobierno chileno privó a los migrantes de la posibilidad de ejercer plenamente los derechos garantizados por el derecho internacional”, señala el informe.

Deportaciones colectivas

De acuerdo con HRW, las decisiones no hacen referencia a las circunstancias individuales de cada caso. “No parecen haber sido tomadas en cuenta”. Si bien se presentaron resoluciones administrativas por cada persona deportada, “el lenguaje empleado en diversos casos fue prácticamente idéntico y no se realizó un análisis caso por caso”.

Al analizar las deportaciones en Chile, las agencias de la ONU en el país destacaron en reiteradas oportunidades que todas las personas tienen derecho a que se evalúen sus circunstancias de forma individual. Esto incluye la necesidad de recibir protección y analizar los riesgos que la deportación podría representar para su vida, su libertad o su integridad, recordó HRW.

Separación de familias

Las deportaciones sumarias, establece el documento, impiden a gran cantidad de ciudadanos venezolanos probar vínculos familiares en Chile. En particular, tomando en cuenta que tanto el estado civil como el parental no se registran ante el Estado chileno.

A ello se suma la dificultad de obtener certificados o documentos oficiales tanto en Venezuela como en el extranjero. Los servicios consulares del país caribeño son “limitados”.

HRW, en tanto, aseguró que abogados de derechos humanos manifestaron que algunas personas listas para su expulsión no mencionan sus vínculos familiares para evitar que deporten a otros integrantes.

“Estas deportaciones pueden violar el derecho de los niños y niñas a la unidad familiar. Chile debe priorizar el interés superior de los niños y niñas y facilitar su reunificación con sus padres”, enfatizó la ONG.

Chile debe poner fin a las deportaciones sumarias de venezolanos.

Es contradictorio que el gobierno condene los abusos del regimen de Maduro pero deporte sumariamente a venezolanos a pesar de que su vida puede estar en peligro.

Informe de @hrw_espanol: https://t.co/ym70Kk1FuS

— José Miguel Vivanco (@JMVivancoHRW) July 28, 2021