Max Jérez pasó 19 meses preso en la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), cárcel conocida como el nuevo Chipote, en Managua. Allí llegó en julio de 2021 luego de ser detenido junto a otros líderes estudiantiles como Lesther Alemán, en el contexto de las votaciones presidenciales. Es uno de los jóvenes que destacó en las protestas de 2018. Y había quedado fichado.
Ahora el presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN) está en Washington, desterrado y sin nacionalidad, como los otros 221 liberados. Al aterrizar en el aeropuerto de Dulles, que sirve a la capital de Estados Unidos, supo la noticia: el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo había modificado de manera exprés la Constitución para dejarlos sin nacionalidad durante esa mañana del 9 de febrero.
“Nicaragua se lleva en el corazón. Somos y seremos nicaragüenses siempre, donde estemos”, responde quien se quedó sin nacionalidad pero no sin país.
Horas antes, alrededor de la medianoche, “cuando ya muchos estaban descansando, durmiendo, aparecieron varios oficiales a entregar una muda de ropa y anunciando nombres y apellidos. Nunca se nos dijo para qué. No puedo precisar la hora porque allí no había cómo saberlo. La orden era ponerse la ropa y echar los uniformes en una bolsa”, cuenta Jérez a TalCual desde Estados Unidos.
La zona de la cárcel donde estaba tenía un pasillo central y nueve celdas. En cada una, dos o tres presos políticos. Excepto en la número uno, “que siempre estuvo ocupada por Dora María Tellez, en aislamiento porque nunca tuvo compañía”.
La Comandante Dos, como es conocida, es una historiadora y exguerrillera que luchó contra la dictadura de Anastasio Somoza en Nicaragua y terminó presa y condenada por su antiguo compañero de lucha, Daniel Ortega. Aquellas luchas también incluyeron a Marlon Sáenz, conocido como el Chino Enoc, también considerado traidor por Ortega y ahora desterrado a EE UU, luego de haber pasado por “el infiernillo”, la celda de castigo donde estuvo recluido.
“Luego nos dijeron que subiéramos a un bus, pero no nos decían destinos. Yo pensé que nos llevarían a otra cárcel, La Modelo -la más grande del país donde también abundan los presos políticos-. Algunos pensaban que seríamos llevados a nuestras casas. Algunos creyeron que nos dejarían en la frontera (con Costa Rica)”.
“Algunos de nosotros pensamos que íbamos a la cárcel Modelo. Sin embargo, vimos que los tres autobuses que transportaban a los presos que venían del Chipote dobló hacia la derecha en la Fuerza Aérea y ahí nos dimos cuenta de que salíamos volando del país, no sabíamos a dónde, hasta que obviamente ya fuimos informados”, contó Juan Sebastián Chamorro.
Fue justo antes de entrar al Boeing 767 de la aerolínea Omni en la terminal de la Fuerza Aérea del aeropuerto de Managua que supieron que irían directo a Estados Unidos.
“No tuvimos noción del tamaño de la operación hasta que llegamos a los pies de la escalera del avión”, detalla Jérez.
Allí les dieron pasaportes nuevos a todos, emitidos entre el 2 y 4 de febrero apenas, incluso a quienes les habían sido despojados tales documentos al momento de sus respectivos arrestos y/o allanamientos. “A muchos de los que estaban en el avión se los habían quitado incluso cuando quisieron irse del país y los retuvieron en Migración. Ahora todos teníamos pasaportes nuevos”. Cuadernitos que dejaron de tener vigencia apenas aterrizaron, a pesar de su caducidad en 2033, porque ahora el régimen los considera apátridas y les anuló la nacionalidad.
Antes de despegar hubo alegría, abrazos, consignas, reencuentros. La familia Chamorro, por ejemplo, volvió a estar junta: Cristiana, Pedro Joaquín, Juan Sebastián (que luego se juntaron por fin a Carlos Fernando). “Otros pudimos abrazar por primera vez a gente que nunca pudimos tocar a pesar de que los veíamos pasar en la cárcel. Algunos tenían dos o tres años presos y no habían podido conversar con más nadie. Pero eran sentimientos encontrados, porque nos estaban obligando a abandonar nuestro país”, relata Jérez.
En el avión se mezclaron presos de las cárceles -el régimen Ortega-Murillo tiene 11 centros de reclusión con presos políticos-, y otros que estaban en prisión domiciliaria.
Al llegar a Estados Unidos los nicaragüenses fueron saludados por amigos o parientes, además de autoridades migratorias. Max Jérez fue recibido por compañeros de lucha que no descansaron en denunciar y “ahora estaban con nosotros, todos los que estuvimos secuestrados por la dictadura. Estábamos todos conectados”.
Este viernes, el Gobierno de España ofreció la nacionalidad española a los 222 presos políticos excarcelados en Nicaragua. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, añadió que el país se ofrece para acoger “a cualquier otro preso que se encuentre todavía en estos momentos en la misma situación que estos que acaban de ser liberados”.
Max Jérez agradece el gesto. A su alrededor, otros desterrados celebran el anuncio. Pocos han decidido tomarlo aún. Es muy pronto. Tienen mucho que pensar. “En lo personal, he acogido como algo positivo la solidaridad del Gobierno español. Es la solidaridad de un gobierno democrático con un pueblo que sufre la peor dictadura. Agradezco el gesto pero no he tomado una decisión con respecto a eso. Tengo ahora un estatus de permanencia temporal aquí”.
La administración de Joe Biden anunció un “parole” especial para que los beneficiarios puedan permanecer en el país de forma legal y optar por reunificar a sus familias, mientras mantiene contactos con Madrid para los casos de posible acogida.
El miedo por los que quedan
En Washington hay 222 nicaragüenses, un grupo que incluye a líderes políticos, periodistas, trabajadores de los medios de comunicación, estudiantes y activistas civiles que enfrentaron la dictadura. Pero también hay quienes nunca supieron por qué fueron apresados. Quizá fue por dónde trabajaban, quizá por con quién se relacionaban, quizá por su apellido.
No todos quieren hablar. El miedo los acompaña. “Mi mamá está aún en Nicaragua. Tengo que esperar primero a que salga del país para poder decir algo. Tengo miedo de que la busquen, la detengan o que no la dejen salir”, dijo uno a TalCual.
Otros comparten la misma angustia, especialmente quienes tienen familiares con expedientes policiales abiertos. La persecución del régimen no descansa.
Max Jérez habla porque no teme. Ya perdió lo que más le dolería. Su madre, su única familiar cercana, murió cuando él estaba preso. De su fallecimiento se enteró un mes después. “Ella era la persona que me importaba. En este sentido, mi realidad es muy distinta a la de otros compañeros. El tema de los familiares es muy sensible porque dentro de Nicaragua las condiciones aún son muy hostiles”.
En el país centroamericano todavía hay presos políticos. A la cárcel La Modelo fue enviado monseñor Rolando Álvarez. El sacerdote estaba en prisión domiciliaria, desde donde fue trasladado al aeropuerto de Managua. Allí se negó a subir al avión, a irse desterrado. Como castigo fue enviado a un calabozo.
“No sé qué piensa este señor, que frente a una decisión del Estado dice que no acata una resolución que lo está mandando a irse del país”, reprochó el propio Daniel Ortega en transmisión televisada. El mandatario dijo que otros 11 religiosos sí abordaron pero que Álvarez se negó y no podían obligarlo a subir por acuerdo con Estados Unidos. “Está desquiciado, pero bueno, eso ya lo deberán determinar las autoridades judiciales y las autoridades médicas que tendrán también que atenderlo, porque ahora que llegó a La Modelo, llegó que era un energúmeno”, anotó.
Afirmó Ortega que el obispo está en prisión porque “él lo decidió” al no subirse al avión estadounidense.
