domingo, 3 de julio de 2022

Defensa de la enfermera de Chávez pide la libertad bajo fianza

La defensa alegó que “no hay riesgo de fuga” porque que no tiene dinero y no puede regresar a Venezuela sin que su vida corra peligro e hizo hincapié en que la acusada tiene nacionalidad española.

La defensa alegó que “no hay riesgo de fuga” porque que no tiene dinero y no puede regresar a Venezuela sin que su vida corra peligro e hizo hincapié en que la acusada tiene nacionalidad española.

La defensa de la extesorera nacional venezolana Claudia Patricia Díaz Guillén, extraditada desde España a EE UU, pidió este lunes al tribunal que le conceda la libertad bajo fianza, porque -dijo- “no hay riesgo de fuga”, dado que no tiene dinero y no puede regresar a Venezuela sin peligro para su vida.

En el primer documento presentado por la defensa después de la llegada a Estados Unidos de Díaz Guillén para responder por cargos de blanqueo de dinero en relación con una supuesta trama millonaria de corrupción en la Venezuela de Hugo Chávez, la abogada Marissel Descalzo hace hincapié en que la acusada tiene nacionalidad española, es esposa, madre de dos hijos y “mujer de fe”.

Díaz Guillén fue tesorera nacional de 2011 a 2013 y antes formó parte del equipo médico del ya fallecido dictador Hugo Chávez. Mientras que su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, también pendiente de extradición, fue el jefe de seguridad del mandatario.

Los conocidos popularmente como la “enfermera” y el “guardaespaldas” de Chávez establecieron su residencia en España en 2016. Ambos tienen dos hijos menores de edad, según el documento.

Descalzo asegura en la petición a la que tuvo acceso EFE que “no hay riesgo alguno de fuga”. Es justo lo contrario de lo que afirmó la Fiscalía en la primera cita judicial el pasado viernes, un día después de la llegada a Florida de Díaz Guillén.

Sin dinero para fugarse

La abogada dijo que ni Díaz Guillén ni su esposo tienen “activos suficientes ni dentro ni fuera de EE UU para pagar la escapada y no pueden volver a Venezuela”.

Regresar a su país natal sería “el equivalente a poner en peligro sus propias vidas ya que (…) fueron expulsados de Venezuela por la Policía secreta en 2013”, dice la abogada, que responde así a la Fiscalía que, entre las razones para pedir que sea mantenida en prisión, mencionó sus fuertes lazos con el régimen venezolano.

Descalzo también sustenta su petición en que Díaz Guillén estuvo sujeta a libertad bajo fianza a lo largo del proceso de extradición en España y no se fugó, y, en otro orden de cosas, plantea que hay antecedentes en la jurisprudencia de concesión de ese beneficio penal a acusados extranjeros.

Díaz Guillén está citada mañana martes a su segunda comparecencia ante el tribunal federal de West Palm Beach.

Además de destacar que la extraditada tiene varios amigos y al menos un familiar en el sur de Florida, la abogada miamense asevera que su defendida “no tiene historial criminal en ningún lugar del mundo y que los cargos que le son imputados son todos de naturaleza no violenta y no hay alegaciones de daño económico alguno a una persona específica”.

Díaz Guillén está acusada de cargos de “conspiración para cometer blanqueo de capitales” y “blanqueo de capitales”. En el mismo caso también está acusado Raúl Gorrín Belisario, dueño y presidente del canal venezolano Globovisión.

Trama multimillonaria

Según la Fiscalía, Gorrín pagó millones de dólares en sobornos a dos extesoreros nacionales venezolanos, Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Díaz Guillén.

También pagó a Velásquez, en beneficio de Díaz Guillén, para asegurarse los derechos de realizar transacciones de cambio de moneda extranjera a tasas favorables.

Gorrín, señala la acusación, “transfirió dinero electrónicamente para beneficio de Andrade y Díaz. El dinero fue utilizado para jets privados, yates, casas, caballos campeones, relojes de alta gama y una línea de moda.”

El empresario de medios venezolano fue acusado formalmente en agosto de 2018 como cómplice de “conspiración para lavado de dinero” y “lavado de dinero”.

Por su parte, Andrade Cedeño, también ciudadano venezolano, fue sentenciado a 10 años de prisión en noviembre de 2018. La condena fue por su “participación en la conspiración para cometer lavado de dinero”.

Como parte del acuerdo de declaración de culpabilidad, Andrade admitió que recibió más de mil millones de dólares en sobornos de Gorrín. Este dinero era “a cambio de usar su posición como tesorero nacional para realizar transacciones de cambio de moneda a tasas favorables para el país”.

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