martes, 9 de agosto de 2022

Alcaldesa de Bogotá reincide en discurso xenófobo contra los venezolanos

La colombiana Claudia López nuevamente es objeto de críticas por sus comentarios discriminatorios en contra de los migrantes venezolanos. En esta ocasión reiteró que son un factor de inseguridad para la ciudad y pidió al Estado garantías para los colombianos. | Foto DPA

La colombiana Claudia López nuevamente es objeto de críticas por sus comentarios discriminatorios en contra de los migrantes venezolanos. En esta ocasión reiteró que son un factor de inseguridad para la ciudad y pidió al Estado garantías para los colombianos. | Foto DPA

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, volvió a atribuir el aumento de la inseguridad en la capital colombiana a los migrantes venezolanos. Manifestó que “una minoría de migrantes venezolanos, profundamente violentos, que matan para robar, que matan por una requisa, son un factor de inseguridad enorme en nuestra ciudad”.

Estas declaraciones se dieron durante un homenaje al agente de Policía Edwin Caro, asesinado el miércoles cuando detuvo a dos hombres sospechosos que circulaban en moto. Aunque no se ha confirmado la identidad de uno de ellos que también murió en el incidente, sí se conoce que el otro es un ciudadano venezolano de 28 años.

Aseguró que el Estado colombiano “les ofrece de todo a los venezolanos”, y exigió al gobierno garantías para los colombianos. Aunque la alcaldesa pidió que no se genere “ningún acto de xenofobia” y destacó que “la mayoría de los venezolanos son gente humilde huyendo de una dictadura”, reiteró que una minoría de venezolanos, profundamente violentos, que matan para robar (…) son un factor de inseguridad en nuestra ciudad”.

López ya había responsabilizado anteriormente a la migración venezolana por los índices de inseguridad en Bogotá. En esa ocasión propuso deportar “sin contemplaciones” a los migrantes venezolanos que cometan delitos, para aceptar solo a quienes quieran “ganarse la vida decentemente”, a pesar de que las cifras de Migración Colombia sobre delitos refutan discurso de alcaldesa.

“No es la primera vez, desafortunadamente, y lo hemos denunciado (…) que tenemos actos muy violentos de migrantes venezolanos”, ha añadido, especificando que “este no es un tema de hurto, primero asesinan y luego roban”.

Sin embargo, el director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, ya ha manifestado que “el origen (de la criminalidad) no tiene nada que ver con la migración” y que “el 96 por ciento de los delitos en Colombia son cometidos por los propios colombianos”.

Criminalización de los venezolanos

Al igual que la última oportunidad, las críticas a su postura por parte de la sociedad civil y organizaciones no se hicieron esperar. Incluso, Delsa Solórzano, diputada a la Asamblea Nacional de 2015, manifestó a través de su cuenta en la red social Twitter que denunciará a Claudia López, alcaldesa de Bogotá, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por sus comentarios.

“¿No le da vergüenza criminalizar a los venezolanos como una manera de exhibir mano dura para una eventual campaña presidencial? Es clara su intención, pero sepa que usted está violando los derechos humanos y la denunciaremos ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos”, condenó Solórzano.


Por su parte, el director de la División de las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, aseguró que los funcionarios públicos siempre deben asegurase de que sus declaraciones no generen una mayor estigmatización, discriminación o xenofobia en la población, y pidió a la alcaldesa que “revise el tono y contenido de sus declaraciones”.

Colombia acoge a más del 37% de los 4,6 millones de venezolanos que viven en América Latina y el Caribe después de haberse visto forzados a dejar el país. Según los datos de Migración Colombia, a 31 de octubre de 2020 había más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos en Colombia, de los que 770 mil estaban en situación regular.

En febrero de 2021, Colombia otorgó el Estatus de Protección Temporal a migrantes venezolanos, que beneficiaría a cerca de un millón de personas que se encuentran radicados en esa nación de forma irregular y tendrá una vigencia de diez años. La medida fue celebrada por el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, quien recordó que “la falta de la estadía regular que afecta a cerca de un millón de personas. Esta población trabaja en el sector informal y afronta situaciones de abuso, explotación y discriminación que es grave para las mujeres, niños y niñas”, dijo. (Con información de DPA)

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