Docentes jubilados perdieron beneficios que tenían al estar dentro de la nómina de la Gobernación. Exigen jubilaciones de por lo menos 200 dólares para lograr mejorar su dieta alimenticia.

En el primer semestre de 2020, educadores dependientes de la Gobernación de Bolívar perdieron los últimos beneficios que los ayudaban a pagar sus gastos y ahora exigen salarios de, al menos, 200 dólares para sobrevivir.

Juan Vicente Ramos, docente jubilado por la Gobernación de Bolívar y miembro del Observatorio de Educación en Guayana, relató que los educadores están en condiciones paupérrimas dado que el salario no alcanza para el mercado mensual.

Indicó que el gobierno tiene una gran deuda social con los educadores, pues desde octubre de 2018 debe todos los beneficios de las convenciones colectivas, mientras que no responde por la póliza de seguro HCM que apenas cubre 50 dólares en gastos.

Denunció que desde principio de año la Gobernación de Bolívar dejó de cancelar el 10% del diferencial del salario y el 10% de la cláusula de ahorro, u beneficio que tenían exclusivamente por ser docentes dependientes de la nómina de la Gobernación.

“Vivimos en una situación de extrema precariedad”, alertó Ramos. Solicitó que se “dignifique al docente” ya que, aparte de dar clases, tienen que buscar nuevos ingresos en los peroleros (venta de productos usados), vendiendo alimentos en mercados informales o dependiendo de remesas de familiares en el extranjero.

Señaló que en sus primeros años de docencia logró crecer y comprar bienes para mejorar su calidad de vida. Los alimentos que antes no eran una preocupación hoy son el principal malestar de los educadores. “En Venezuela no hay futuro para ningún maestro mientras tengamos este sistema de gobierno”.

Sin respuesta

Teresa Pellicer, maestra jubilado y representante de la Federación Venezolana de Maestros, denunció que también dejaron de cobrar el 60% por encima del salario base, el cual recibían por haber trabajado en las escuelas bolivarianas de la Gobernación.

Reclamó que la caja de alimentos, que fue prometida desde Alimentos Bolívar y que debería ser entregada de forma mensual, tarde hasta más de tres meses en llegar. Para comienzos de abril pagaron 120 mil bolívares por dichos alimentos que todavía en junio no han sido entregados.

Pese a los constantes reclamos, las autoridades poco atienden a sus solicitudes. “No nos dan respuesta de nada”, señaló. Considera que el gobierno ha tenido los recursos suficientes para crear las condiciones óptimas de trabajo por lo que se siente impotente, ya que nadie les da la cara.

Garantías y calidad de vida

Eduardo Díaz, representante del sindicato SUMA Caroní, declaró que los docentes públicos sufren carencias dramáticas dado el insuficiente salario: 1 millón 500 mil bolívares quincenales (15 dólares mensuales), que no alcanzan ni para una semana.

Conoce profesores que tuvieron que montar negocios, o irse luego de la jubilación a colegio privados para seguir percibiendo salario. En su caso, sobrevive con el alquiler de habitaciones que años atrás construyó. “Si no me estuviera muriendo de hambre hace rato”, comentó.

Piensa que un salario por menos de 200 dólares sería insuficiente para sobrevivir. Señaló que deben recuperar su calidad de vida y sus espacios esparcimiento que con los últimos años perdieron, por lo que considera que para tener acceso a ropa, vivienda y carros es necesario un cambio de gobierno.

“Con democracia se curan las demás cosas”, insistió que con nuevos gobernantes habría libertad sindical, reinversión económica y recuperación de las industrias en el país que generarían mayor y mejores condiciones para el sector educativo.

La crisis del sector educativo golpea todos los sectores. Alumnos han dejado de asistir a clases por no tener que comer o no contar con transporte. La delincuencia ha destruido las instituciones por la falta de seguridad y aproximadamente un 50% de los maestros ha migrado por el insuficiente pago.

En 2019 el sector educativo lideró 925 protestas, de acuerdo con el informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. La manifestación tuvo como consignas rechazar los bajos salarios, los cortes presupuestarios y las deficiencias de los centros educativos. Para 2020 la situación no ha mejorado.