La agrupación de sindicatos del sector educativo manifestaron su preocupación no solo por la falta de protección social para el gremio, sino la ausencia de una generación de relevo ante la crisis que atraviesa el país y la educación básica.

Los educadores de Bolívar pasaron su día olvidados por el Estado. A pesar de que el presidente de facto Nicolás Maduro manifestó el miércoles en redes sociales su apoyo a los maestros, el Ejecutivo no ha implementado medidas económicas que garanticen los mínimos derechos a salud, alimentación y transporte para los agremiados de la educación. Lo que sí autorizó fue el ataque con heces y orina de paramilitares a maestros en el centro de Caracas.

Con un salario que no supera los 10 dólares mensuales y sin los beneficios de pólizas de HCM ni servicios funerarios, los educadores son uno de los gremios más afectados por la crisis humanitaria generada por el régimen de Maduro.

     
La grave crisis humanitaria no permite a los educadores formar dignamente | Fotos William Urdaneta

Al vencerse el actual contrato colectivo en marzo de este año, el objetivo de la Coalición Magisterial de Caroní -que agrupa a cuatro sindicatos del sector educación en el estado Bolívar: SER Bolívar, SUMA Caroní, Colegio de Profesores del estado Bolívar y es ir ensamblando un nuevo contrato que reúna las condiciones y satisfaga a todos los maestros. Las aspiraciones mínimas son de 600 dólares, dado que el actual salario no permite mantener estándares mínimos de calidad de vida.

La presidenta del Sindicato de Educadores Regionales del estado Bolívar (SER-Bolívar), Judith Poleo, manifestó que las instituciones educativas se encuentran en condiciones infrahumanas por la falta de mantenimiento, lo que no permite a los maestros realizar una labor satisfactoria. Baños y cocinas han quedado en total abandono, aparte de la nula dotación de material didáctico, lo cual dificulta su labor.

“Una pared se puede venir abajo y matar a un niño”, manifestó Poleo con gran enfado. Recalcaron que hay maestros que han sido obligados a trabajar en instituciones prácticamente desvalijadas. Uno de los casos es la Unidad Educativa Silvana de Irady en el sector La Unidad, en San Félix, que fue saqueada por delincuentes quienes incluso destruyeron las pizarras acrílicas, dejando en peligro tanto a niños como a personal del colegio.

El salario hasta ahora en su último aumento por el tabulador se estableció en 225 mil bolívares quincenales, lo que no alcanza ni siquiera para un cartón de huevos. “Nos están matando de hambre, nos tienen desnudos y descalzos”, manifestó con indignación. Además, el costo del pasaje hace que no sea rentable trasladarse a las unidades educativas.

Educación golpeada

     
El gobierno no genera oportunidades para que la carrera educación tenga mayor demanda

Doris Guzmán, miembro del Colegio de Profesores de Venezuela, manifestó su preocupación al ver la carrera docente y no observar generación de relevo que quiera estudiar al notar las precariedades que sufren por los pocos intereses de avance educativo por parte del gobierno.

La Universidad Católica Andrés Bello, campus Guayana, casa de estudios que mantiene abierta la carrera de Educación, tiene una matrícula de tan solo 77 estudiantes en total y ningún nuevo ingreso en los últimos dos semestres.

También manifestó cómo en muchos colegios han tenido que suplantar a profesores representantes de la comunidad para poder suplir la falta de maestros, la falta de pedagogía y preparación termina afectando el desarrollo de los niños.

Persecución laboral

Docentes han sido amenazados con la eliminación del contrato por manifestarse ante la grave crisis educativa en Guayana. La coalición demandó al secretario de educación del estado Bolívar, Mauro Suárez y Adalgiza Tomás, coordinadora de educación en el municipio Caroní, el cese de la persecución a profesores que por diferentes razones de transporte, alimentación y dinero no pueden asistir a los centros educativos.

Los más afectados son los niños. De los 208 días que corresponden a todo el año escolar, calculan haber perdido al menos un 30% de las clases entre septiembre y diciembre de 2019.

Según datos de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE), 172 mil docentes migraron de la actividad docente en el año escolar 2018-2019. Consideran que este número va en aumento.

El contrato colectivo estadal


El contrato colectivo estadal va para cuatro meses sin su renovación
     

Rafael González, presidente del sindicato unitario del magisterio SUMA Caroní Piar, recordó que el contrato colectivo de los trabajadores de educación amparados por la Gobernación de Bolívar está vencido desde septiembre, por el cual también piensan presentar formalmente la discusión del contrato colectivo en el estado.

La coalición manifestó estar comprometida con la lucha por los derechos de los maestros y estar abiertos a reunirse con autoridades del gobierno regional para crear condiciones y acuerdos que se respeten y que conlleven al regreso regular de los profesores a las aulas de clase.

Para este viernes anunciaron una reunión con delegados, tanto de colegios estadales como nacionales, para trazar un plan el próximo trimestre que permita alcanzar mejoras educativas.