La anulación de la explotación fluvial de oro y diamante, la extracción de oro bajo estudios socio ambientales y la reparación de los pueblos indígenas afectados por el extractivismo son las medidas que las academias venezolanas consideran que deben aplicarse lo más pronto posible.

@mlclisanchez

Las academias nacionales en Venezuela exhortaron al Gobierno nacional a cumplir las recomendaciones del informe presentado por la Oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos Michelle Bachelet ante el Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas que aluden directamente a la violación de los derechos humanos en la Zona de Desarrollo Estratégico del Arco Minero del Orinoco (AMO).

A través de un pronunciamiento, que será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y demás organismos internacionales, los presidentes de la Academia Venezolana de la Lengua, Historia, Medicina, Ciencias Políticas y Sociales, Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, Ciencias Económicas, e Ingeniería y el Hábitat expresaron su “profunda preocupación por la ilegítima, inconstitucional e inconstitucional actividad minera desplegada en los estados Amazonas y Bolívar, y principalmente en el denominado Arco Minero del Orinoco”, zona en la que actúan grupos irregulares.

La academia enfatizó que es “un deber ético y jurídico con el país y las futuras generaciones rechazar estas actividades que afectan no solo el ambiente, su flora y fauna, sino la salud humana, tanto de mineros como de la población en general, así como los derechos humanos de los pueblos indígenas”.

Destacaron que, en medio de la anarquía minera, son las poblaciones indígenas de las más vulneradas durante la ocupación de sus territorios sin su consentimiento para consagrarlos a la minería, con toda la violencia y el daño ambiental que trae consigo.

Por ello es imprescindible proporcionar reparaciones a los pueblos indígenas y poblaciones locales afectadas por las actividades mineras, actuando en consulta con estos pueblos tal como recomendó Bachelet pues el extractivismo repercute en sus estilos de vida tradicionales y ancestrales.

Vivir en libertad, paz y seguridad, así como el aprovechamiento de las tierras que para ellos son herencia ancestral forman parte de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas que están amparados en la Constitución y que en medio de la fiebre del oro son cada vez más socavados.

Trascendencia internacional

El informe de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos visibilizó a escala internacional las violaciones a los derechos humanos que trajo consigo la anarquía minera al sur del estado Bolívar en la que grupos armados se disputan los territorios con el permiso del Gobierno Nacional, los mineros se exponen a trabajos en condiciones inseguras y en el medio, las organizaciones no gubernamentales identificaron patrones de explotación sexual, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales e impactos negativos en la salud de las comunidades indígenas y no indígenas adyacentes.


El informe de la @OACNUDH señala que la explotación aurífera genera daños graves a mujeres, quienes están en contacto directo con el agua por las tareas domésticas | Fotos William Urdaneta | Archivo
     

Entre estas recomendaciones emitidas por Bachelet, las academias resaltan que la actividad minera se ejerza de acuerdo con estándares internacionales y con base en estudios de impacto socio-cultural y ambiental, sobre esto último solicita la revocación inmediata de la Resolución Nº 0010 relativa a la minería en ríos; pues en la actualidad, la actividad minera se extendió a 6 ríos de la Amazonía venezolana: Cuchivero, Caura, Aro, Caroní, afluentes del río Orinoco, y de los ríos Cuyuní y Yuruán, cuyas aguas fluyen al río Esequibo, esto quiere decir que 700 km de ríos al sur de Venezuela y un área de 254 km2 están consagrados a la explotación fluvial de oro y diamante.

La alta comisionada también recomendó el emprendimiento y la publicación de estudios que impliquen al Arco Minero del Orinoco y su impacto social, ambiental y económico, además de la compilación y análisis de patrones de violencia y datos socioeconómicos de la población que hace vida ahí teniendo como filtro los derechos económicos, sociales y culturales amparados no solo por la Constitución venezolana sino por la comunidad internacional.

Esa compilación de datos debe desembocar en el inicio de investigaciones cuyos hallazgos permitan desmantelar a los grupos armados que dominan la actividad minera, combatir la corrupción y por lo tanto permitan el enjuiciamiento de los responsables de todo crimen y violación de derechos perpetrados en el territorio del AMO y zonas aledañas.

Estas investigaciones que deben ser impulsadas por los órganos competentes del Estado también deben permitir adoptar medidas urgentes para poner fin a la explotación laboral, el trabajo infantil y la trata de personas al sur del estado Bolívar.

Asimismo, las labores extractivas deben ejercerse bajo un esquema de respeto al derecho a tener condiciones de trabajo justas y favorables. La Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía contabilizó al menos 167 mineros víctimas de deslizamientos de tierra durante las labores extractivas en condiciones precarias e inseguras entre el 2019 y lo que va de 2020.

El pronunciamiento de las academias venezolanas será remitido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al secretario general, a la Asamblea General y al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, al Consejo de Derechos Humanos, a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la Naciones Unidas y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Conferencia Episcopal Venezolana.