Jacqueline Richter, especialista en Derecho del Trabajo, considera que tener preso al dirigente de Ferrominera sirve para generar miedo y desarticular a la dirigencia sindical.

El Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), el Movimiento de Sindicatos de Base (Mosbase), la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela (ITV), la Intersectorial de Trabajadores de Guayana (ITG) y organizaciones no gubernamentales promueven una solicitud para la liberación de Rubén González, secretario general de Sintraferrominera.

La campaña ya circula por las redes sociales y de acuerdo con Pablo Zambrano, coordinador nacional de Mosbase, cuenta con el respaldo de 300 agrupaciones sindicales y organizaciones de derechos humanos.

El documento será entregado a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Estados Americanos (OEA) y las Naciones Unidas (ONU).

   
Amnistía Internacional calificó a Rubén González como un preso de conciencia. La organización considera que se le negó un juicio justo y con pruebas fiables 

“No dejaremos de reclamar hasta que se dé la libertad”, señaló Zambrano. El portavoz de Mosbase alertó que todo el proceso de González ha sido violatorio, porque “el secretario de Sintraferrominera es inocente, fue juzgado en un tribunal militar y no ha recibido debida atención a sus carencias de salud”.

Para Zambrano la privativa de libertad de González es causa de “su lucha desde las bases” a favor de los derechos laborales y por la criminalización de la protesta por parte del Estado con el fin de desmantelar los sindicatos a la fuerza.

González está encarcelado desde el 1 de diciembre de 2018 en el centro penitenciario de La Pica en el estado Monagas, luego de su detención dos días antes en el estado Anzoátegui, cuando regresaba de una protesta en Caracas organizada por la ITV. Para ese momento había pasado poco más de mes y medio de la violación de los contratos colectivos y la instauración de las “tablas del hambre”.

El 13 de agosto de 2019, luego de un proceso irregular e incongruente, González fue condenado a 5 años y 9 meses de cárcel por el Tribunal Militar Décimo Quinto de Control de Maturín, estado Monagas, por los cargos de ultraje al centinela y ultraje a las fuerzas armadas.

El líder sindical de Ferrominera sufre de hipertensión y es paciente renal desde hace 10 años. Durante los 18 meses que lleva detenido ha tenido crisis hipertensivas sumada a los problemas renales que en ocasiones por el dolor en abdomen y fiebre no le permiten caminar. Pese a ello, en el centro de reclusión no le brindan garantías de salud.

Aunque sus abogados introdujeron una apelación a la sentencia, cuya audiencia sería el 17 de marzo, se paralizó luego de los primeros contagios por la COVID-19 y el decreto de estado de alarma. Hasta ahora no ha habido más avances ni pronunciamientos al respecto.

Decisión política

A pesar que en octubre y noviembre de 2019 se prometió la liberación de González, Zambrano considera que privan los intereses de la cúpula gobernante para evitar la excarcelación del dirigente de Sintraferrominera.

   
El abogado del dirigente mantiene la “fortaleza y esa fe” de que va a salir en libertad  | Foto William Urdaneta

De igual forma lo ve Jacqueline Richter, abogada y especialista en Derecho del Trabajo, quien piensa que el trabajador de Ferrominera es un preso de los militares.

De acuerdo con Richter, González representa un icono y un referente sindical que imposibilitaba al gobierno destruir la lucha por los derechos laborales.

“Era un dirigente sindical incomprable”, señaló, por lo que consideró su privativa de libertad la única forma de maniatar a los trabajadores en Bolívar.

La especialista en derecho laboral considera que tener preso a González sirve para generar miedo y desarticular a la dirigencia sindical. “Tenerlo preso es decir: si esto hacemos con Rubén qué pasará contigo”.

Ve necesarias e importante la unificación de las distintas corrientes sindicales, como la realizada el día miércoles en la que se protestó por la recuperación del antiguo contrato colectivo y salarios en dólares. Señaló que para reactivar el movimiento sindical es necesario dejar las preferencias políticas de lado porque enfrentan a un “enemigo poderoso y sin escrúpulos”.

Para Richter estas uniones sirven para generar esperanza dentro de los trabajadores. Ve urgente y oportuno el surgimiento de un nuevo relevo generacional para la defensa y las garantías de los trabajadores.

Mantener la esperanza

Miguel Ekar, uno de los abogados defensores de González, explicó que en los últimos meses ha estado en un mejor estado de salud porque le han podido pasar los medicamentos para la hipertensión, aunque la condición no se le ha podido controlar del todo.

Desde la cuarentena a la defensa se le ha hecho imposible viajar a Maturín para solicitar una medida humanitaria porque las autoridades prohíben trasladarse. Pese a ello y al retardo para la audiencia de apelación, Ekar afirmó que González tiene la esperanza de una pronta liberación. “Rubén tiene esa fortaleza y esa fe que va a salir en libertad”.

“Es un juicio político, estamos claros”, señaló Ekar. Para el abogado hay temor por lo que significa González, su política y su defensa de los derechos laborales, insistió en que es vital el despertar de los trabajadores de Bolívar para la libertad del dirigente sindical.

Exigencias de libertad

La Comisión de Encuesta, el procedimiento de investigación más alto de la OIT, visitó el país en julio de 2019, para investigar denuncias laborales. Dos meses más tarde la organización publicó el informe señalando que la detención y enjuiciamiento de González “estuvo efectivamente dirigido a inhibir su capacidad de acción sindical inmediata y a servir de ejemplo disuasorio de la actividad sindical de los afiliados a su sindicato”

La comisión consideró que los cargos y la condena impuesta constituyó una penalización y disuasión severas de la actividad sindical y una grave vulneración del Convenio número 87.

La OIT recomendó no utilizar procedimientos judiciales con el propósito de coartar la libertad sindical, incluido el sometimiento de civiles a la jurisdicción militar y sugirió la liberación inmediata de Rubén González y de todo empleador o sindicalista que permaneciera en prisión por el ejercicio de las actividades legítimas de sus organizaciones.

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