Representantes de la Central Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela (Unete) se reunieron con tres viceministras del Ministerio del Trabajo para exponer sus reclamos y solicitudes ante la continua violación de los derechos laborales durante administración de Nicolás Maduro, entre ellas las violaciones contra el movimiento laboral de Guayana.
Alejandro Álvarez, coordinador regional de la central en el estado Bolívar, expresó que, aunque están de acuerdo con el diálogo, deben darse bajo las recomendaciones que hizo la Organización Internacional del Trabajo en su informe de 2019. “Deben dar muestra de desagravio contra los trabajadores”, dijo.
Pese a que Maduro se hace llamar presidente obrero, las políticas de Estado han ido en contra del bienestar de los trabajadores y sus familias. Persecución contra la dirigencia, abandono de los jubilados y la imposición del memorando 2792 que destruyó las convenciones colectivas, tablas salariales y beneficios, han sido parte de las tantas acciones para debilitar el movimiento sindical.
Entre las exigencias que plantearon a las tres representantes del Estado, figuran la restitución y reenganche de los trabajadores despedidos y el cese de la persecución contra la dirigencia. “No se le puede seguir llamando terroristas a los trabajadores que defienden su derecho”, afirmó.
Esto luego de las múltiples protestas de los trabajadores de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) por bajos salarios, pérdida de beneficios y desactivación de fichas para ingresar a la compañía, que solo han tenido como respuesta calificaciones de delincuentes y terroristas por medio de los canales de información de las empresas del Estado.
Otro de los planteamientos que presentaron fue la liberación de los trabajadores presos, entre las que se incluyó el caso del ferrominero Rodney Álvarez, encarcelado desde 2011 por un asesinato que no cometió. “Tenemos que sentirnos avergonzados como Estado, ellos como gobierno y nosotros como sociedad de permitir que Rodney lleve 9 años detenido por un crimen que no cometió”, recriminó.
“Tenemos la voluntad (de dialogar), pero más allá del discurso queremos ver los hechos”, afirmó. El también secretario general de Sidernac aclaró que, a pesar de haber asistido a la reunión, no se prestarán para “shows mediáticos” y que no signifique mejoras para los trabajadores.
Recordó que el presidente del Complejo Siderúrgico Nacional en Planta Casima, Rubén Da Silva Sarmiento, ha despedido a 20 empleados, los que, a pesar de tener orden de reenganche, no han podido regresar a las plantas, bajo la inacción del Ministerio del Trabajo.
Pocas expectativas
Álvarez afirmó que, aunque asistieron a la reunión, no esperan mayores acciones del gobierno. “Ellos quieren usar (la reunión) para seguir con el fraude, para aparentar que están en un diálogo social tripartito cuando en realidad no lo es, nosotros vamos a llamar esto diálogo social cuando veamos resultados concretos en favor de los trabajadores”, afirmó.
Denunció que Nicolás Maduro aparece en medios llamando al diálogo y firmando supuestos contratos colectivos, sin embargo, en la práctica ha prevalecido la imposición de estos convenios como pasó con Sidor en 2014, las empresas del aluminio y ahora Petróleos de Venezuela (Pdvsa). “Son fraudes laborales que han sido continuados”, recriminó.
De acuerdo con Álvarez, más allá de alegar la voluntad de diálogo, los funcionarios no fijaron fecha para otra reunión, tampoco presentaron un plan de discusión, ni levantaron un acta sobre las discusiones.
¿Por qué las reuniones?
El gobierno de Nicolás Maduro inició conversaciones con distintos actores del sector laboral durante las últimas semanas en busca de mostrar una mejor imagen de cara a lo que será un nuevo Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en poco más de tres semanas. “No quieren llegar a la mesa con las manos vacías”, dijo Álvarez.
Cabe recordar que la Comisión de Encuesta, el procedimiento de investigación más alto de la OIT, documentó en 2019 violaciones a los derechos laborales, entre los que se incluía, persecución a las organizaciones y detención de dirigentes.
En ese mismo informe se plantearon recomendaciones como el cumplimiento de los convenios internacionales 26, 87 y 144, la liberación de trabajadores encarcelados, el cese de detenciones arbitrarias, actos de violencia, amenazas y hostigamientos contra trabajadores, dirigentes, gremios u organizaciones sindicales.
En noviembre 2020, cuando el gobierno debía presentar resultados en el Consejo de Administración 340 por las recomendaciones dadas, no hizo más que desconocer el informe y rechazar las violaciones documentadas. En dicho encuentro la OIT no pudo tomar decisión y las postergó para este mes donde debe realizarse otro encuentro.
Pese a haber pasado más de tres meses, la realidad es que poco ha mejorado la condición de los trabajadores, más allá de retomarse las conversaciones, siguen apresándose dirigentes y sigue sin haber interlocución entre trabadores y autoridades del Estado en busca de mejores condiciones de vida.
