“Tiene cinco minutos para abrir la puerta”, fue la frase que una docena de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) le dijeron a Adelina Piña la tarde del jueves 18 de abril, cuando su casa fue allanada en Puerto Ordaz y su esposo, Otoniel Ramos, trabajador de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec) fue detenido por causar daños al Sistema Eléctrico Nacional.
Ramos es un ingeniero de sistemas de 48 años con 18 años de servicio en la industria eléctrica, adscrito a la División de Automatización, Tecnología, Información y Telecomunicaciones de Corpoelec. Desde hace un año y medio aproximadamente fue suspendido del cargo que desempeñaba en la central hidroeléctrica Macagua, contó su esposa. Esperaba la carta de despido que nunca llegó.
La política de persecución que llevó tras las rejas en marzo al trabajador de Corpoelec, Geovanny Zambrano, incluyó la detención para interrogatorios de al menos dos empleadas y obligó a un número no precisado de trabajadores a salir de Venezuela por temor, que no ha cesado, en medio de un sistema eléctrico que de acuerdo con técnicos de la industria sigue inestable.
Está previsto que este martes trabajadores y jubilados de Corpoelec protesten para exigir el cese de la persecución | Foto William Urdaneta |
Mientras el régimen de Nicolás Maduro sostiene que los apagones son producto de acciones de sabotaje, especialistas de la industria y trabajadores han atribuido las persistentes fallas a la falta de mantenimiento y al desvío de recursos por corrupción.
Ramos, el último arrestado hasta ahora, fue llevado a tribunales de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar en Ciudad Guayana el sábado a una audiencia a puerta cerrada en la que no fue permitido el acceso de su abogado defensor, dijo su esposa.
Piña, también empleada de Corpoelec, relató que ese día conocieron que se declinó la competencia a otro tribunal, el caso será trasladado a Caracas. Ramos fue llevado a la capital en la tarde de este lunes.
“Estamos en stand by, no ha pasado más nada hasta el sábado. Ese día en la noche pude hablar con él, me llamó, me dijo que estaba bien y que el traslado podía ser entre lunes y martes”, afirmó Piña vía telefónica en la mañana del lunes, antes de que, efectivamente, se lo llevaran para Caracas.
El día del allanamiento, cuenta la esposa de Ramos, solo estaban en casa sus tres hijos de 17, 15 y 13 años. “Cuando llegué a la casa, en el frente había entre 10 y 12 funcionarios de Dgcim, muchas camionetas y me presentaron una orden de allanamiento, dije que debían estar equivocados pero corroboré la dirección y era mi casa. Pregunté que a quién buscaban y no me dijeron. A los minutos me dicen ‘su nombre es Adelina Piña, tiene cinco minutos para abrir la puerta”, relató.
Luego de sacar a sus hijos de la casa, los uniformados entraron a la residencia junto a dos testigos en búsqueda de dispositivos de almacenamiento. Su esposo, Otoniel Ramos, llegó cuando revisaban la primera habitación. “Cuando habían revisado todo y tenían todo en la mesa, dicen que mi esposo debe acompañarlo”, añadió.
La orden de aprehensión, firmada por la jueza de control 13° Yrani Villafañe del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, incluye no solo a Ramos, sino también a Ramón García García, Julio Acuña Núñez, Miguelangel Freitas Loreto y Jesús Rodríguez Landoni, de acuerdo con la solicitud de la Fiscalía Sexagésima Séptima del Ministerio Público a nivel nacional con competencia plena por los delitos de daños a las instalaciones del SEN, interrupción al servicio eléctrico y asociación para delinquir.
Según versiones extraoficiales, los otros cuatro funcionarios están fuera del país. Una constancia de trabajo emitida por Corpoelec en febrero de 2018 indica que Freitas Loreto prestó sus servicios en Corpoelec del 24 de agosto de 2005 hasta el 17 de julio de 2017, por lo que al igual que Ramos no estaba activo en la planta.
“No están haciendo las cosas bien, buscan culpables donde no los hay, a nivel técnico pueden comprobar que Otoniel no pisaba las instalaciones, pido a Dios que esto pase y meta su mano para que lo liberen pronto”, expresó Piña, quien explicó que de acuerdo con un funcionario de la Dgcim, el usuario de sistema de Corpoelec de Ramos fue utilizado para afectar el sistema eléctrico nacional, “cosa que es imposible”.
“Otoniel no tiene nada que ver como el sistema análogo. Él asignaba acceso a las cuentas para darle apertura a internet y redes internas, nada que ver con el Sistema Eléctrico Nacional, además tenía año y medio que no asistía por falta de transporte y mantenimiento y económicamente era imposible vivir con ese salario de Corpoelec. Estaba totalmente independiente”, expresó.
“Pensamos en algún momento que esto podía pasar a trabajadores en operaciones, generación, transmisión a pesar de que no justifico que los culpen, todos sabemos a qué se deben estas fallas, pero nunca pensamos que esto nos tocaría a nosotros que seguimos apostando a trabajar y luchar acá en el país”, puntualizó.
Este martes en la mañana está previsto que trabajadores y jubilados de Corpoelec protesten a las puertas de la torre corporativa para exigir la liberación de los apresados y el cese de la persecución.