El 15 de septiembre se cumplieron 18 meses desde que entró en vigencia el último aumento de salario mínimo decretado por Nicolás Maduro, el 15 de marzo de 2022. Desde entonces, el monto ha sido sometido a la devaluación de la moneda, perdiendo 87% de su valor.
Para el momento en el que se decretó el incremento, el chavismo prometió que el salario mínimo equivaldría a medio petro, una moneda digital venezolana con un valor establecido en 60 dólares. Por lo tanto, la remuneración por concepto de salario se fijaría en 30 dólares.
Con una estrategia discursiva difusa, el gobierno dio a entender que se indexaría el sueldo, pero no ocurrió, por lo que los venezolanos experimentaron una pérdida de su poder adquisitivo conforme avanzaba la inflación e incrementaba el precio del dólar.
“Aprobado el salario mínimo en medio petro y también vamos a salarizar los bonos que entregamos a los trabajadores. Tenemos el pulmón para aguantar esto ahora”, expresaba el mandatario en marzo.
Los 130 bolívares quedaron estancados en el tiempo y vieron cómo el tipo de cambio oficial, marcado por el Banco Central de Venezuela (BCV), pasó de 4,33 a 33,99 bolívares por divisa. Es decir, mientras que el dólar se encareció 684,98%, el salario se quedó estático.
Por consiguiente, los 130 bolívares que antes equivalían a 30 dólares, ahora representan apenas 3,82 dólares.
El aumento aprobado en aquel entonces contemplaba una remuneración total de 175 bolívares, que incluía los 45 bolívares de cestatickets y los bonos que entregaba el Gobierno con cierta regularidad a través del Sistema Patria. La remuneración mensual para trabajadores de la administración pública excedía los 40 bolívares mensuales.
Aunque era un monto insuficiente para cubrir el costo de la canasta alimentaria, en ese momento representó cierto alivio para todo asalariado, pensionado o jubilado, pues el nuevo salario mínimo repercutía en las tablas salariales, los bonos, las primas, las vacaciones y otros beneficios establecidos en las leyes y las convenciones colectivas.
Más de 18 meses después, la situación ha cambiado. El rezago del salario repercute en todos los beneficios del trabajador, y arrastra a una situación de miseria tanto a jubilados como a pensionados.
Gracias a la naturaleza inflacionaria que ha caracterizado a la economía durante el último lustro, el poder de compra cae en picada. Ni siquiera la dolarización de facto que experimenta el país se salva del encarecimiento de productos frente a unos salarios -tanto públicos como privados- que afrontan el estancamiento.
De acuerdo con datos de Ecoanalítica compartidos por uno de sus directores, Asdrúbal Oliveros, actualmente se necesitan 400 dólares para comprar la misma cantidad de bienes y servicios que en enero de 2019 se podían adquirir por 100 dólares.
Esto quiere decir que los trabajadores asalariados de la administración pública no solo han estado condicionados por salarios mínimos inferiores a 10 dólares en este período, sino que además, con esos escasos ingresos sujetos a la devaluación, deben lidiar con una vida cada vez más cara. Para muchos, la capacidad adquisitiva frente a 2019 ha empeorado, en vez de mejorar.
Canasta alimentaria es inaccesible
Para el momento en el que se decretó el aumento en 2022, ese salario mínimo representaba apenas 6,36% de la canasta alimentaria, estimada en 471,16 dólares por el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM), es decir, se requerían 15,7 salarios mínimos para adquirir todos los productos.
En comparación, la última canasta publicada por Cendas-FVM corresponde a agosto de 2023 y se estima en 491 dólares. El salario mínimo permite costear 0,77% de la cesta. En otras palabras, se necesitan 128 salarios para pagarla.
La canasta alimentaria de Cendas-FVM es inaccesible para la gran mayoría de los venezolanos, no solo para quienes cobran salario mínimo. Sin embargo, otros indicadores como la Cesta Petare muestran cómo desapareció el poder de compra que sí cubrían esos 130 bolívares.
La Cesta Petare mide los precios de ocho productos básicos comercializados en esta zona popular, cuyos precios son más bajos en comparación con el resto de Caracas. En marzo de 2022, promediaba 34,31 bolívares y el salario mínimo permitía cubrir 87,4% del costo; ahora se estima en 34,52 bolívares y el sueldo solo alcanza para pagar 11% de la cesta.
Salario mínimo hunde tablas salariales
El pasado 1 de mayo, el Ejecutivo tomó medidas para ajustar la remuneración de los trabajadores. No obstante, dejó inmutable el salario y modificó únicamente los montos por concepto de cestaticket de 45 a 1.000 bolívares (40 dólares para ese momento), además de un Bono de Guerra Económica equivalente a 30 bolívares.
El cestaticket y el bono del sistema patria -en teoría- están “indexados” al dólar, por lo que la remuneración mensual excedería los 70 dólares, pero no todos reciben estos pagos. Los jubilados y pensionados, al no ser considerados trabajadores activos, no perciben cestaticket y quienes no están registrados en el sistema patria o tienen un problema con la plataforma, tampoco reciben el bono de guerra económica. Como resultado, algunos solo cuentan con 130 bolívares que los condena al hambre.
Quienes han padecido una mayor pérdida del poder adquisitivo son todos aquellos trabajadores activos o jubilados con mayor grado de estudios, experiencia o profesionalización, pues las tablas salariales recompensan, en teoría, estos elementos. La política de remuneración a través de bonos irrespeta esta estructura.
Las tablas salariales para los trabajadores de la administración pública contemplaban un rango salarial de entre 130 bolívares (30 dólares) y 395,21bolívares (91 dólares) al momento del aumento. Ahora estos mismos montos representan 3,82 y 11,62 dólares, respectivamente.
Esta ha sido la razón principal de las decenas de protestas que se han llevado a cabo en los últimos 18 meses. Según el Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin), entre marzo de 2022 y agosto de 2023 se produjeron 2.302 “conflictos laborales”, un eufemismo empleado para abordar una serie de situaciones irregulares en el ámbito laboral, que muchas veces se relaciona precisamente con las manifestaciones.
Los principales protagonistas de las protestas en este período han sido los docentes, especialmente perjudicados por la violación de sus derechos laborales y la destrucción de su capacidad adquisitiva por unas tablas salariales que se quiebran gracias al estancamiento del salario mínimo.
El aumento de marzo de 2022 dejaba las tablas salariales con un rango de ingresos por concepto de salario de entre 61 y 104 dólares para los educadores con más de 40 horas académicas asignadas, y otra escala de entre 81,5 y 138,7 dólares para la categoría de 53,33 horas académicas. Esos eran los montos que debían utilizarse para calcular prestaciones, primas y afines.
Ahora esas mismas tablas salariales establecen un rango de entre 7,78 y 13,25 dólares para la categoría de 40 horas, mientras que la de 53,33 horas responde a una escala de entre 10,38 y 17,67 dólares. Con base en estos montos se calculan todos los beneficios.
El sector sindical insiste en su exigencia de un incremento del salario mínimo, y no de bonos, que permita un mínimo de respeto hacia los derechos laborales contemplados en las leyes.
Recientemente, la Central de Trabajadores de la Alianza Sindical Independiente (ASI) propuso un aumento del salario mínimo a 65 dólares como mecanismo para salir del umbral de la pobreza, aunque la meta sea un salario vital digno con un monto muy superior.
Al mismo tiempo, junto con un grupo de organizaciones sindicales, presentaron ante el Ministerio del Trabajo una fórmula para calcular aumentos salariales anualmente, el cual emergió gracias a conversaciones entre representantes sindicales, gremios de empleadores y entes gubernamentales en reuniones mediadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desde que se instaló la Mesa de Diálogo Social, en marzo de 2022.
Por su parte, la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), una organización sindical cercana al chavismo, entabla sus propias conversaciones con el Ejecutivo y prometió una “solución salarial” para octubre. El vicepresidente de esta central, Orlando Pérez, adelantó que se prevén medidas más enfocadas en beneficios sociales que en mejorar la remuneración del trabajador.
