El personal sanitario del centro médico asistencial Dr. Roberto Lozano Villegas (o módulo de la 45), en San Félix, denuncia maltrato laboral y suspensión de sus beneficios laborales contra, al menos, cuatro trabajadores luego de que estos sostuviesen una reunión para exigir a la directiva del recinto la dotación de insumos de bioseguridad para atender a pacientes con sintomatologías respiratorias asociadas a la COVID-19 y el cese de maltrato laboral.
Ante el constante acoso y maltrato, los empleados exigen un cambio de directiva, actualmente ocupada por la doctora Yokira Leonardez. Informaron que, durante su gestión, ha habido 11 casos de acoso laboral y suspensión salarial.
Reportaron que la jefa de Recursos Humanos suspendió la última reunión sostenida para pedir insumos calificándola de ilegal, y pidió a todo el personal que, inmediatamente, volviera a sus puestos de trabajo. Horas después anunció la suspensión de quienes lideraban la reunión.
Vigilancia constante
Los denunciantes informaron que la directora del recinto asignó a una persona para grabar a los trabajadores durante la jornada laboral a modo de vigilarlos y la acusaron de levantar falsos expedientes contra el personal con la intención de suspenderlo.
“Incluso han levantado falso expedientes contra compañeros y les ha puesto sanciones administrativas y prohibiciones de entrar a la institución”, manifestó Luisana Bertho, enfermera del módulo asistencial que también fue suspendida el 17 de agosto, pese a la ley de inamovilidad laboral, por pedir insumos.
Cuando el personal suspendido solicitó otra reunión con la dirección, esta les acusó de abordar la oficina de forma agresiva. “Hay 11 denuncias de acoso laboral y todavía hay más, compañeros que los sacaron de nómina y les suspendieron el salario por distintas razones”, afirmó la enfermera.
“Hay muchas denuncias en su contra, nos maltrata, anda viendo qué es lo que estamos haciendo, y se jacta de decir que está siendo respaldada por políticos”, agregó.
Los trabajadores informaron que han puesto denuncias en el Ministerio del Trabajo, Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel), la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Recursos Humanos del ambulatorio, todas desoídas.
“Somos personas que llevamos más de 10 años en la institución. Ella como medida de represalia también nos saca del listado para surtir combustible, ¿cómo confía un trabajador en un patrono nefasto?” cuestionó.
Dentro de los centros asistenciales son frecuentes las denuncias de constante persecución por parte de sus autoridades. En los hospitales centinelas de Ciudad Guayana con frecuencia los trabajadores son acusados de robo y se les confiscan fármacos y demás insumos que son de su propiedad.
El personal también ha denunciado discriminación a la hora de recibir beneficios dentro de las unidades COVID-19.
