Dirigentes de las industrias de Guayana denunciaron frente a la Inspectoría del Trabajo, en Puerto Ordaz, que la solicitud de despido contra el secretario de organización del Sindicato de Trabajadores Cementero, Hermes Bastardo, es una decisión política y una retaliación.
De acuerdo con la solicitud entregada a la inspectoría por la Corporación Socialista del Cemento, Bastardo reveló “secretos” de la industria, además de haber emitido insultos, injurias y exponer al escarnio público al presidente de la corporación, Neptalí Acosta Prieto.
El secretario de organización sostuvo que los trabajadores están en un estado deprimente y el Estado no ha respondido a sus solicitudes de mejoras económicas por lo que decidieron crear la editorial Cementera en Crisis para denunciar las carencias de la industria cementera.
Señaló que, al contrario de lo que quiere hacer ver la corporación, él no ha cometido violaciones contra la industria para que la empresa solicitara una autorización de despido. “Muy al contrario, hemos recibido violaciones por parte del Estado, por eso decimos que vivimos en un estado de indefensión”, dijo.
De acuerdo con Bastardo, víctimas laborales están siendo llevadas a procesos legales, cuando la compañía que incumple los contratos y solicitudes de trabajadores, no se ve afectada por ninguna de las exigencias que plantean.
Rechazo de la dirigencia
El delegado departamental de la Siderúrgica del Orinoco, César Soto, señaló que la medida fue una retaliación por denunciar la destrucción de la industria cementera y que forma parte de un plan de gobierno para destruir la dirigencia sindical e impulsar sindicatos paralelos adeptos al oficialismo. “Todo el que esté en contra de su proyecto político van a tratar de desarticularlo”, indicó.
“Esto no es más que un totalitarismo que viene implementando el patrón para seguir aplicando políticas de esclavitud moderna contra los trabajadores”, agregó. “Esperemos que la Inspectoría demuestre como organismo que está apegado a discernir entre patrón y trabajadores bajo condiciones justas”, sentenció Soto.
Jhonny Linares, secretario general de Sintracemex, consideró la medida como injusta y denunció el despido de otros dos empleados sin justificativo por la parte de la empresa.
Asimismo recriminó que se pretenda politizar los reclamos laborales y las instituciones, cuando las exigencias que han planteado desde el sindicato son para mejorar las condiciones de la industria cementera y sus trabajadores.
Decisiones políticas
El secretario general del Sindicato Único de Empleados Públicos de la Corporación Venezolana de Guayana, Ramón Gómez, denunció que la solicitud de despido es otra de las medidas que ha venido aplicando el gobierno para desarticular la lucha sindical.
Hace dos años Gómez fue jubilado forzosamente y aunque introdujo un recurso en la inspectoría no recibió respuesta. “Eso da a demostrar que son decisiones políticas y que aquí solo están para tramitar lo que dice el gobierno en contra de los trabajadores”.
Agregó que no es solo despedir a un dirigente, sino también quitarle el ingreso y los alimentos a su familia. Quebrar a los trabajadores de base quienes tenían una dirigencia para defender sus derechos.
