Sin declaración pública del Ministerio de Industrias ni del Ejecutivo nacional, el presidente de la estatal venezolana CVG Aluminios Nacionales (Alunasa), Pablo Turmero, anunció el 16 de noviembre el cierre permanente de la empresa ubicada en Costa Rica y, por lo tanto, el despido ilegal de sus 176 trabajadores.
Muchos de ellos tenían un fuero de protección especial otorgado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de Costa Rica. El fuero estipula que, para despedir a un empleado, la empresa debe solicitar permiso al MTSS con una justificación sólida.
La administración actual es poco activa, nosotros le decíamos que nos estábamos comiendo nuestros ahorros, que esta empresa iba para abajo y necesitábamos hacer algo, pero el presidente nos decía: ¿A ustedes les está llegando salario? Si es así, no tienen de qué preocuparse”
José Luis Rosales, líder sindical de Alunasa
La estatal venezolana comunicó a sus empleados que en los próximos días procederá a cancelar la liquidación, pero han pasado dos días desde el cierre de la empresa y ningún trabajador ha sido compensado. Los extrabajadores de Alunasa emprenderán acciones legales contra la compañía si esta no cumple con lo que adeuda. En realidad hay pocas expectativas de que lo haga.
“Si ni siquiera pudieron cumplir la promesa de Pedro Maldonado (presidente de la Corporación Venezolana de Guayana) de que en dos semanas nos iban a pagar dos meses de salario, ¿cómo va uno a creer que ahorita, en un mes, nos van a pagar a 176 trabajadores todas las prestaciones sociales de ocho años laborados que es lo mínimo que nos pueden pagar?”, lamentó José Luis Rosales, líder sindical de Alunasa.
La representación sindical informó que tienen previstas acciones como embargos preventivos “pensando que debe haber bienes materiales que respalden el dinero que se adeuda”, explicó.
Convocan a reunión formal
Este jueves, 18 de noviembre, el viceministro del Trabajo, Ricardo Marino, convocó al presidente de Alunasa y a los trabajadores a una reunión para discutir el estatus de los despidos y el carácter ilegal de la medida, pero Turmero notificó a última hora que no podría asistir y pidió reprogramarla. La reunión se pospuso para el próximo martes 23 de noviembre.
“Habemos personas (sic) que no estamos dispuestas a tolerar ese tipo de atropellos y tomaremos las acciones legales que corresponden (…) Pero creemos en que conversando se entiende a la gente y ya que el viceministro del Trabajo nos convocó tan rápido, queremos ir a esa reunión y conversar a ver qué hay detrás de esto”, dijo el sindicalista.
La mayoría de los exempleados de la estatal venezolana están en serios aprietos económicos; algunos en riesgo de perder sus casas por deudas con las entidades bancarias.
El líder sindical reportó que mientras se soluciona el problema de los pagos han tenido que emprender campañas como Víveres de auxilio, que consiste en hablar con comercios locales y consumidores para que destinen uno o dos productos de su mercado a los trabajadores de Alunasa.
Un miembro del sindicato espera a las afueras del recinto comercial, acumula lo recolectado y lo reparte entre los empleados en condición más precaria.
Línea de tiempo de promesas incumplidas
Los trabajadores ven improbable el cumplimiento del compromiso de la estatal, pues la empresa debía dos meses y medio de salario y no pagó en los plazos prometidos, pese a la presión del MTSS.
El titular de Alunasa envió a los empleados a sus casas el 15 de septiembre con un permiso de salario, alegando no tener fondos para cancelar la nómina y prometiendo pagar en los próximos días.
Pero un día después, el 16 de septiembre, las autoridades de la compañía solicitaron al MTSS la suspensión de los contratos laborales por seis meses alegando ser víctimas de un “bloqueo económico” de Estados Unidos, aunque la debacle de la empresa comenzó mucho antes.
Tras investigar, MTSS negó la solicitud y determinó que la empresa no estaba produciendo no por falta de recursos, sino por mala administración, algo con lo que concuerdan los trabajadores.
En medio de la falta de solvencia de pagos, se instauró una mesa de trabajo con representantes de la estatal venezolana, líderes sindicales y asesores jurídicos. La representación sindical emitió tres propuestas para rescatar la empresa, pero las autoridades no las tomaron en cuenta alegando que “no tenían respuesta de Venezuela”.
El 8 de octubre, Pedro Maldonado, presidente de la CVG, informó a los trabajadores por la aplicación WhatsApp que pretendía “ir resolviendo” el tema salarial en el primer trimestre de 2022.
Acompañó el discurso con la pretensión de reactivar operaciones con el mínimo de trabajadores posible en planta, y una ambiciosa producción de mil toneladas de aluminio mensual cuando la empresa puede producir máximo 800 mensuales y, en realidad, 500 en promedio.
Finalmente, a través de un bufete privado de abogados, y luego de redoblar la presencia de efectivos de seguridad en la planta, se les comunicó a los trabajadores el cierre permanente de Alunasa esta semana.
El presidente de la CVG no solo vincula el cierre de la empresa al bloqueo económico, sino que también responsabiliza a la gestión del expresidente de Alunasa, Noel Martínez, tildándola de “nefasta”. “El antecesor de Pablo Turmero dejó la empresa seriamente comprometida desde el punto de vista financiero, con deudas superiores a los 22 millones de dólares”, dijo Maldonado a los empleados. Aseguró que del total han logrado saldar al menos $ 17 millones.
Caída de la producción de laminados
Este año, los trabajadores vieron la estocada final de la desinversión y corrupción en la compañía con una trayectoria de más de 20 años en Puntarenas: las líneas de producción se fueron apagando una por una hasta que, en julio de 2021, la producción se paró por completo.
Rosales informó que en todo este año recibieron apenas 1.200 toneladas de materia prima, un monto ínfimo considerando que, cuando la empresa producía en condiciones normales, recibía esa misma cantidad de toneladas mensualmente. Últimamente la compañía producía con material recirculante, es decir, refundido de material sobrante.
Si ni siquiera pudieron cumplir la promesa de Pedro Maldonado de que en dos semanas nos iban a pagar dos meses de salario, ¿cómo va uno a creer que ahorita, en un mes, nos van a pagar a 176 trabajadores todas las prestaciones sociales de ocho años laborados que es lo mínimo que nos pueden pagar?”
Alunasa pasó por tres crisis en los últimos años. En 2018 se paralizó temporalmente la producción, y el titular de la empresa suspendió ilegalmente y por tres meses los contratos de un promedio de 232 trabajadores. La deuda de esas nóminas tampoco ha sido saldada.
Ese mismo año, el entonces ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, removió al presidente de CVG Alunasa, Noel Martínez, y designó en su lugar a Pablo Turmero.
Durante la gestión de Martínez (julio de 2018), el Departamento de Tesoro del Gobierno de Estados Unidos señaló tras investigaciones que Diosdado Cabello, uno de los principales líderes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el exgobernador de Bolívar, Francisco Rangel Gómez, utilizaron CVG Alunasa y CVG Venalum para lavar dinero en Rusia y Costa Rica.
“Nosotros vimos eso con nuestros propios ojos, pero no podíamos decir nada porque nos despedían. Vimos cómo ese general despilfarró millones de dólares”, sostuvo Rosales.
Esperanza en una cooperativa
Sobre la mesa hay otra opción: La posibilidad de llegar a un acuerdo para que el Gobierno costarricense adquiera la empresa o parte de ella, y que con fondos de compra los trabajadores puedan formar una cooperativa para que la mano de obra calificada no se pierda.
“Esa vía era la que se tenía que utilizar en el 2007 cuando Hugo Chávez se reunió con nosotros y contempló esa posibilidad. Sin embargo, no se llevó a cabo, pero vuelve a nacer a raíz de las consecuencias actuales”, afirmó Franklin Álvarez, extrabajador de Alunasa y expresidente del sindicato.
Álvarez se refiere a que en 2007 la empresa atravesó una crisis política cuando la tensión entre los gobiernos de Costa Rica y Venezuela era tal que el expresidente Hugo Chávez amenazó con trasladar Alunasa a Panamá.
El MTSS coordinó una reunión de la representación sindical con el exmandatario y fue cuando Chávez prometió que: “Si no fuese mantener la buena relación política entre gobiernos, preferiría entregar la empresa a los trabajadores, para evitar perjudicarlos”, palabras que ratificó el 26 de febrero de 2007 en el programa número 268 de Aló Presidente.
“Yo estuve ahí, en esa reunión con Chávez. Nosotros esperamos que se honre la palabra de Chávez. Que si ellos no tienen la intención de sacar la empresa adelante, dejen que nosotros lo hagamos, sabemos cómo hacerlo”, señaló Rosales.
“La administración actual es poco activa, nosotros le decíamos que nos estábamos comiendo nuestros ahorros, que esta empresa iba para abajo y necesitábamos hacer algo, pero el presidente nos decía: ¿A ustedes les está llegando salario? Si es así, no tienen de qué preocuparse”, agregó.
