Trabajadores de CVG Venalum denunciaron el incumplimiento de la empresa en el pago del aporte educativo desde hace 4 períodos escolares. En este sentido, exigen la restitución de los derechos de sus hijos, quienes hoy ven en riesgo su prosecución escolar en colegios privados.
El secretario de trabajo y reclamo del Sindicato Único de Trabajadores del Aluminio (Sutralum), en su mayoría dominado por dirigentes oficialistas, Fernando Serrano, declaró que la empresa ha violentado las cláusulas del contrato colectivo referentes a la educación.
“En los últimos dos años las empresas básicas han cumplido con el 50% del costo de la matrícula privada. Si el colegio cobra 80 dólares, te apoyan con 30 o 40 dólares y el trabajador debe completar lo demás. Hay una violación flagrante del contrato colectivo. Ellos tienen un proyecto de eliminar todo lo privado como eliminaron las empresas privadas. El colegio privado es para ellos una molestia porque son los que están funcionando, los colegios del gobierno están deteriorados por la falta de profesores, los maestros han emigrado del país. Los colegios privados tienen un sueldo que les permite medio vivir”, destacó Serrano.
La Central Bolivariana Socialista de Trabajadores (CBST), presidida por el secretario general de Sutralum, Pedro Perales, expresó en declaraciones anteriores que la educación era uno de los ejes centrales del pliego conciliatorio que introdujeron durante el mes de febrero en el Ministerio del Trabajo, en el que abogan por la restitución de los beneficios laborales de los trabajadores de Guayana.
Censo escolar
Recientemente Venalum publicó en sus redes sociales un comunicado informando sobre el inicio del censo escolar período 2023-2024. Según lo informado, el censo forma parte de las políticas educativas emanadas por el Ejecutivo nacional para “garantizar a los hijos e hijas de los trabajadores en edad escolar a una educación digna y de calidad”.
El llamado del documento es a participar para encontrar cupos en diferentes colegios privados asociados a las empresas básicas o de su propiedad: EE Jardín Levante, EBN Creación Puerto Ordaz, UEC Diego de Ordaz I, UEC Mari Lezama Esquivel y UEC Palúa.
El llamado alertó a varios trabajadores, quienes creen que se busca sugerir que todos deben ingresar a sus hijos a planteles públicos. Lo cual consideran ya es casi una realidad puesto que la empresa no está cancelando las mensualidades de forma eficiente.
Morosidad y monto único
Sobre esto, la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas (Andiep) comentó para Correo del Caroní en 2022 que los convenios con las empresas básicas habían ido mermando por la mora en los pagos por parte de las estatales.
“El aporte educativo se viene recibiendo solo así, en el 50%. Los trabajadores deben saber que se busca eliminar todos los beneficios contractuales y contratos colectivos. Tal como se eliminaron los planes vacacionales, comedores, HCM… La cláusula educativa aboga por educación de calidad, pero en la práctica está eliminado”, manifestó Serrano.
Durante el 2022, durante el mes de septiembre, trabajadores de todas las empresas básicas denunciaron que estatales como Ferrominera Orinoco, la Siderúrgica del Orinoco, entre otras, reclamaban que las compañías estaban haciendo el aporte por trabajador y no por hijo.
Esto significa que, a pesar de que el empleado tuviese 2 o 3 hijos, todos recibirían el mismo monto. Según lo expresado por el dirigente opositor, el monto era solo de 55 dólares por trabajador sin importar la cantidad de hijos ni el costo de la mensualidad.
